Pagar y callar: crónica de un basurazo sin protesta

La manifestación contra el basurazo de hoy ha sido un fracaso. Y cuando los hechos hablan, conviene escuchar. Así que no me queda más remedio que felicitar al señor Alcalde —en nombre de todo el consistorio— por la escasa oposición recibida y por poder aplicar la nueva tasa de basuras según sus propios criterios, sin demasiadas molestias democráticas.

Porque, seamos justos: gobernar sin contestación es mucho más cómodo. No hay pancartas que esquivar, ni argumentos que rebatir, ni explicaciones que dar. La calle estaba tranquila, demasiado. Y esa tranquilidad, lejos de ser casual, retrata a una ciudadanía que ha decidido asumir el papel que mejor se le da cuando llegan los recibos: agachar la cabeza.

Dicho esto, también corresponde un agradecimiento sincero a los organizadores de las protestas. Ellos sí dieron la cara. Salieron por quienes, a todas luces, no parecen merecer tanto esfuerzo visto el pasotismo generalizado. Defender a los ausentes tiene mérito; poner voz a los silenciosos, aún más. Lástima que el silencio haya sido atronador.

El mensaje que queda es claro y diáfano: ahora toca pagar y callar. Pagar sin preguntar, callar sin rechistar. Pagar mientras se nos explica que es por nuestro bien, que es inevitable, que lo exige Europa, que lo dicta la sostenibilidad, que lo recomienda algún informe técnico imposible de encontrar. Y callar, porque protestar cansa y, total, ¿para qué?

Mientras tanto, el Ayuntamiento hace caja. La tasa sube, los recibos engordan y la pedagogía política se reduce a un encogimiento de hombros colectivo. No hay conflicto cuando no hay oposición; no hay debate cuando nadie lo reclama. La democracia, en versión recogida puerta a puerta.

Quizá algún día nos sorprenda ver largas colas de vecinos frente al Ayuntamiento, recibo en mano, esperando pagar disciplinadamente. Todos en fila, todos obedientes, todos con la boca tapada —no vaya a ser que se escape una queja— mientras por las ventanas del edificio rebosan billetes, como si el silencio también cotizara.

Hasta entonces, queda la certeza de que las decisiones impopulares no siempre necesitan valentía política: a veces basta con una ciudadanía resignada. Y en eso, hoy, hemos cumplido con nota

¿Y si la ITV la hicieran los talleres? Una idea sencilla que desmonta un negocio redondo

Hay temas que uno deja correr… hasta que vuelve a pasar por la ITV y recuerda por qué este país funciona como funciona. Coches con más de cierta edad —que cada vez parece que tienen menos edad, porque esto de ampliar obligaciones siempre es apetecible— deben pasar la famosa Inspección Técnica de Vehículos. Hasta aquí, nada que objetar: la seguridad vial es importante. El problema viene cuando la obligación se convierte en un ritual caro, lento y, sobre todo, muy rentable… para otros.

Porque no nos engañemos: en la Comunitat Valenciana, el negocio de la ITV es un bocado muy apetecible para la Generalitat. Pasar por caja es obligatorio y periódico, y uno tiene esa sensación tan española de “pago porque me toca, no porque me aporten un servicio del siglo XXI”.

Pero aquí va la idea que me ronda desde hace tiempo, y que cualquiera con un poco de sentido común entendería:

¿Por qué no pueden hacer esa revisión los talleres donde llevamos nuestros coches todo el año?

Talleres homologados: mismos controles, menos molestias

Los talleres ya conocen nuestros vehículos, los reparan, los ajustan y saben mejor que nadie si el coche está para carretera o para desguace. Convertirlos en “estaciones técnicas” homologadas para realizar la ITV no es ciencia ficción. Solo requiere voluntad política… que es precisamente lo que suele faltar cuando hay un negocio montado y funcionando a golpe de etiqueta adhesiva.

La propuesta es simple:

1. Los talleres se homologan para realizar las revisiones con los mismos criterios técnicos que las estaciones oficiales.

2. La GVA vende las etiquetas de aptitud —sí, que se queden el negocio si tanto les duele soltarlo— a los talleres.

3. El cliente paga la revisión y la etiqueta, sin colas eternas, sin desplazamientos absurdos, sin rituales burocráticos.

4. La Administración supervisa, y aquí sí, con mano firme, que los talleres cumplan a rajatabla las normas de inspección.

Resultado:

– El ciudadano gana tiempo y comodidad.

– El taller gana un servicio adicional.

– La GVA sigue ingresando, pero sin monopolizar el proceso.

– Y el parque móvil sigue estando controlado.

¿Por qué no se hace?

La pregunta del millón. ¿Problemas técnicos? Ninguno que no se pueda resolver. ¿Falta de profesionales? Los talleres están llenos de ellos. ¿Cuestiones de seguridad? Con mayor motivo deberían estar más implicados quienes realmente conocen los vehículos.

Así que solo queda la respuesta incómoda:

no se hace porque no interesa.

Porque cuando una administración convierte un trámite en una mina de oro, lo último que quiere es abrirla a la competencia o que el ciudadano deje de hacer cola.

Una ITV más moderna y más lógica

Si la Generalitat quiere “hacer negocio”, que lo haga vendiendo las etiquetas. Pero la revisión debería poder realizarse en cualquier taller homologado. No tiene sentido seguir atados a un modelo rígido y centralizado cuando la tecnología y la lógica apuntan en la otra dirección.

Quizá va siendo hora de que alguien en el Palau diga en voz alta lo que muchos pensamos en silencio:

la ITV es necesaria, el monopolio —no.

“Acatar pero no aceptar”: manual de instrucciones para parecer institucional sin serlo

Cuando el presidente del Gobierno dice que "acatar no le obliga a callar" -acata pero no acepta- una sentencia del Poder Judicial, no está haciendo filosofía: está marcando territorio. Es la forma fina de decirle al tribunal que “cumplo porque no tengo más remedio, pero estáis equivocados. Yo sé más de leyes y de impartir justicia que vosotros”.

El problema es que un presidente del Gobierno no está para hacer de opinador indignado, sino para garantizar que las instituciones funcionen. Y si quien debe proteger la separación de poderes la cuestiona con medias frases, el mensaje que envía es devastador:

“Las sentencias valen si me gustan; si no, son sospechosas.”

Esto no es solo mala educación institucional; es una erosión calculada. Una estrategia para mantener en tensión a su electorado, para victimizarse cada vez que un juez le recuerda que la ley también va con él.

Y claro, después nos preguntamos por qué cunde la sensación de que aquí cada poder va a lo suyo. Si el propio presidente abre la veda del “acato pero no acepto”, ¿qué impedirá mañana a cualquier ciudadano decir: “pago impuestos pero no los acepto”?

Ese es el verdadero problema: cuando desde arriba se frivoliza con las reglas, todo el edificio democrático acaba tambaleándose.

Cuando la Justicia se Mira el Color de la Camiseta

Hay una cosa que cada vez tengo más clara: uno no es de derechas o de izquierdas porque lo elija en un catálogo, como quien decide si quiere el móvil en rojo o en negro. No. Es la vida la que te va empujando. Con los años, lo que antes veías de un color chillón igual empieza a desteñir, o directamente cambia de tono. Y es normal. Lo raro sería permanecer idénticos a los veinte años, cuando creíamos que lo sabíamos todo y en realidad no sabíamos nada.

Eso sí: siempre habrá quien se aferre a su primera idea con uñas y dientes. Algunos porque se sienten cómodos ahí. Otros porque han convertido su ideología en un escudo contra la realidad. Y también los hay —más de los que confiesan— que se pliegan a lo que diga el líder de su parroquia política, aunque cambie de discurso cada quince días. Pero tampoco eso los convierte en buenos ni malos. Como en todas partes, en cada orilla del espectro político hay gente decente y gente que mejor perderla de vista.

Esto viene a cuento del culebrón más reciente: el caso del Fiscal General. Un episodio más en esta España donde los titulares vuelan más rápido que los datos, y donde cualquiera se siente autorizado a dictar sentencia desde el sofá. Y yo me pregunto: ¿quién, de verdad, sabe si es inocente o culpable? ¿Quién dispone de las pruebas, de los informes, de los matices que no salen en los telediarios? Si al final la mitad repite lo que dice su partido y la otra mitad lo que dice el contrario. Así es imposible formarse un criterio propio.

Por eso, aunque suene ingenuo, no nos queda otra que confiar en la justicia. O mejor dicho: en la justicia que deberíamos tener. Porque una democracia sin una justicia independiente es como un barco sin timón: puede aguantar un rato, pero acaba inevitablemente en las rocas. La justicia debería ser ese árbitro que pita faltas sin mirar el color de la camiseta. Pero últimamente… digamos que hay decisiones que huelen a vestuario.

Y ojo: esto no es nuevo ni exclusivo de este caso. La hemeroteca está llena de decisiones judiciales que algunos celebran cuando benefician a los suyos y rasgan vestiduras cuando perjudican al vecino. Hoy toca un fiscal general; ayer tocó un ministro; mañana será un alcalde o un presidente autonómico. El patrón se repite: primero opinamos, luego juzgamos, y por último preguntamos si había algo que mereciera ser analizado.

Aquí aparece la pregunta que nadie quiere afrontar pero todos repetimos: “¿Quién vigila al vigilante?”

Porque, si asumimos que los ciudadanos estamos expuestos a nuestras propias tendencias, ¿por qué deberíamos creer que los jueces están libres de ellas? ¿Qué pasa cuando un veredicto se contamina de simpatías políticas? ¿Qué mecanismos existen para evitar que la ideología personal de un magistrado pese más que los hechos? Y lo más delicado: ¿quién se atreve a reconocerlo sin que le caiga encima la acusación automática de atacar al sistema?

Europa lleva meses llamando la atención —con guantes de seda, eso sí— sobre la necesidad de reforzar la independencia judicial. Aquí seguimos discutiendo si la justicia está politizada… dependiendo de a quién le afecte la sentencia del día. Y así no se construye una justicia respetada; como mucho se consigue una justicia usada como arma arrojadiza.

Si la justicia quiere conservar la autoridad moral que se le supone, debe también mirarse al espejo. No basta con pedir confianza: hay que ganarla. Y eso implica mecanismos de control, transparencia real, responsabilidad cuando alguien se salta la línea, y valentía para admitir que los jueces también son humanos. Humanos con sesgos, con ideas políticas, con filias y fobias… igual que el resto.

La paradoja es evidente: la ciudadanía evoluciona, cambia, se corrige. La justicia, en cambio, debería permanecer fría, estable, ciega ante colores y banderas. Si la justicia empieza a distinguir entre rojos y azules, derechas e izquierdas, amigos y enemigos… entonces sí, estamos perdidos.

Porque una sociedad puede convivir con gobiernos mediocres, con políticos torpes e incluso con crisis económicas. Pero sin una justicia que no se venda, no se doble y no se deje llevar, no aguanta nada.

Y quizá ahí está la clave: que el ciudadano medio puede cambiar de ideas a lo largo de su vida, pero la justicia no debería cambiar nunca de principios.

¿Cuántas veces pagamos por reciclar un simple envase de plástico? Spoiler: más de las que te imaginas

Hay preguntas que solo pueden surgir cuando uno mira al cubo amarillo con mala cara. Una de ellas es: ¿cuántas veces pagamos realmente por reciclar un envase de plástico? Porque aquí, entre planes verdes, tasas municipales, impuestos especiales y depósitos con retorno, uno empieza a sospechar que el reciclaje ya no es un servicio… es una cadena de peajes.

Vamos por partes.

1. El fabricante paga. Y no poco.

Solo por poner un envase en el mercado, la empresa tiene que soltar la “tarifa ambiental” (RAP), que financia la recogida y selección. Para una botella de PET, estamos hablando de unos 0,36 €/kg.

¿Que usa plástico virgen? Pues toma otra: 0,45 €/kg de impuesto especial.

Resultado: antes de que el envase llegue al supermercado, ya ha pasado por caja dos veces.

2. El sistema de recogida también cobra.

Ecoembes declara que recoger y seleccionar los envases cuesta en torno a 0,43 €/kg.

Interesante: esa cifra es muy parecida a lo que pagan los productores por la tarifa RAP.

¿Casualidad? ¿Simetría contable? ¿O el reciclaje funciona con contabilidad circular, como la economía?

El caso es que el sistema siempre cobra: o directamente, o a través de la empresa que te vende la botella.

3. El consumidor… también paga. Aunque le digan que no.

Aquí viene el truco de trilero: “Esto lo paga el productor”.

Sí, claro. Como si las empresas fueran ONG.

Todo euro que suelta el productor acaba en el precio final. Punto.

Y aún falta la guinda: el SDDR, el sistema de depósito que viene en camino.

Tú compras tu botella y pagas, pongamos, 10 o 15 céntimos de fianza. Si la devuelves, perfecto: recuperas lo tuyo. Si no… el sistema se queda el dinero.

Otra vuelta de tuerca: ahora el consumidor adelanta el coste del envase, aunque se lo devuelvan (si se acuerda, si tiene tiempo, si no le pilla lejos…).

4. Y mientras tanto… el reciclador ingresa.

El residuo que tú entregas gratis se vende.

Las balas de PET postconsumo se pagan a unos 150–170 €/t.

No es una fortuna, pero suma.

Tú pagas para que recojan el envase, pagas para que lo gestionen, y al final otro cobra por venderlo.

Maravilloso.

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El resultado es evidente: pagamos tres veces por la misma película.

1. Primera vez: el productor paga tarifas e impuestos (que tú asumes vía precio).

2. Segunda: tú pagas tasas de basura municipales, que cubren parte del servicio de gestión.

3. Tercera: pagas el depósito si hay SDDR (aunque recuperable).

Eso sin contar el sobrecoste indirecto en cada eslabón.

Y todo para reciclar un envase cuyo valor real, en el mejor de los casos, es de 0,4 céntimos.

Pagamos en euros por reciclar algo que vale céntimos.

Eso sí que es economía circular: el dinero siempre vuelve… pero a los mismos. 

Vila-real, la tasa y la ley: ¿basurazo o simple chapuza municipal?

Hay días en los que uno piensa que el Ayuntamiento de Vila-real trabaja con una brújula sin norte. Y luego están esos otros días —cada vez más frecuentes— en los que sospechamos que directamente no llevan brújula. El asunto del basurazo pertenece a esta segunda categoría.

Desde hace semanas oímos a vecinos hartos de ver contenedores desbordados, bolsas pululando por las esquinas y una tasa que llega puntual, como si esto fuera Suiza, pero sin la precisión ni la limpieza. Así que me he dicho: “Vamos a ver si esto es cosa nuestra o si, por una vez, la normativa nos da algo de munición”. Y vaya que sí.

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La Ley 7/2022: esa que obliga… cuando conviene

La famosa Ley de Residuos de 2022 no es precisamente literatura ligera, pero sí deja algo muy claro: los ayuntamientos tienen la obligación de ponerse las pilas. Deben adaptar ordenanzas, mejorar sistemas, fomentar el reciclaje, y —esto es importante— hacerlo con transparencia.

Y aquí empieza la fiesta.

Mientras otros municipios publican orgullosos sus ordenanzas de residuos, explican cómo se gestiona cada fracción y hasta hacen campañas informativas, en Vila-real lo que tenemos es… silencio. Un silencio administrativo tan espeso como el olor de un contenedor de orgánico en agosto.

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¿Dónde está la ordenanza moderna de residuos de Vila-real?

He buscado. He rebuscado. He husmeado. Y no: no hay una ordenanza clara, completa y actualizada sobre gestión de residuos accesible para el ciudadano medio. Tenemos trozos sueltos:

• Una ordenanza de convivencia que te dice que saques la basura entre las 21:00 y las 23:00. Bien, perfecto, útil… en 1998.

• Una ordenanza para vertidos líquidos que ni va ni viene al problema actual.

• Y, eso sí, una flamante ordenanza fiscal para la nueva tasa de residuos, aprobada como quien pone la guinda antes de hacer el pastel.

Porque, seamos sinceros: la tasa ha llegado antes que la transparencia. Antes incluso que un reglamento municipal al nivel de la ley nacional. Y esto ya es digno de estudio sociológico.

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La tasa: rápida como un rayo. La gestión: ya si eso…

El Ayuntamiento, obediente como nunca, ha implantado la tasa que la ley exige. Ojo: no digo que esté mal. La ley manda tener una tasa diferenciada, y la tienen. Que la hayan aprobado más rápido que cualquier otra reforma relevante… eso ya es otra historia.

La tasa incluye bonificaciones muy verdes, muy europeas:

• 20% de descuento si participas en la Inspección Técnica de Reciclaje (ITR).

• 2% si pagas domiciliado (la eterna palmadita en la espalda).

• Hasta 30% para algunos comercios que reciclen más.

Todo muy bonito… pero aquí la pregunta del millón:

¿Dónde está la ordenanza completa que explique cómo se gestiona el sistema que estás pagando?

Porque pagar ya pagamos. Otra cosa es saber para qué.

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Transparencia: esa palabra que en Vila-real parece opcional

La Ley 7/2022 exige sistemas de información pública, claridad sobre costes, planes de mejora, datos de recogida, porcentajes de reciclaje.

¿Alguien ha visto eso por aquí?

Yo tampoco.

Así que, mientras el vecino observa cómo los contenedores rebosan y el ayuntamiento presume de sostenibilidad, uno empieza a sospechar que la tasa sí está adaptada a la ley… pero el sistema de gestión, quizás no tanto.

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Conclusión: un basurazo más institucional que ciudadano

La palabra “basurazo” no la ha inventado la gente porque sí. La percepción ciudadana no nace en el vacío. Cuando el Ayuntamiento aprueba una tasa sin acompañarla de:

• una ordenanza íntegra y visible,

• un plan operativo transparente,

• datos actualizados,

• y una mejora palpable del servicio…

el resultado es lo que tenemos: desconfianza, enfado y un olor cada vez más difícil de ignorar.

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Lo que los vecinos podemos exigir (y con razón)

1. Publicación inmediata de una ordenanza de residuos completa y adaptada a la Ley 7/2022.

2. Transparencia absoluta sobre cómo se calcula la tasa, en qué se va a gastar y qué mejoras veremos.

3. Datos públicos sobre reciclaje, recogida, rutas, impropios, y cumplimiento de objetivos.

4. Responsabilidad municipal: menos propaganda, más gestión.

Porque, al final, gestionar los residuos no es solo cobrar una tasa:

es demostrar que el dinero que sale de nuestros bolsillos vuelve en forma de un pueblo más limpio.

Y ahora mismo, querido Ayuntamiento, los números… no os salen.

Cerramos nucleares… porque sí

España mantiene el plan de cerrar sus centrales nucleares pese a su papel clave como energía limpia, barata y estable. Mientras Europa refuerza su parque nuclear, España se arriesga a más dependencia del gas y a un sistema eléctrico menos seguro. Un análisis crítico sobre una decisión ideológica más que técnica.

Al final, tras la abstención misericordiosa de Junts, el Gobierno seguirá adelante con su plan estelar: cerrar las centrales nucleares. No importa que Francia esté reabriendo reactores, que EEUU y Japón amplíen vida útil, o que medio mundo entienda que sin nuclear no hay transición energética seria. Aquí vamos al revés: si funciona, se cierra.

Y lo más curioso es que todo esto se hace en nombre de “lo verde”. Sí, lo mismo que luego nos llena el campo de placas chinas y molinos alemanes en cada loma, aunque después falte red eléctrica, almacenamiento o sentido común.

La nuclear, ese invento terrible que… emite menos CO₂ que un aerogenerador en sus primeros meses de vida

Porque conviene recordarlo:

• La nuclear no emite CO₂ en operación.

• Es estable, segura y barata porque ya está totalmente amortizada.

• Y los residuos, ese espantajo que siempre se agita, llevamos gestionándolos décadas sin dramas… salvo el político, porque ningún gobierno se atreve a decidir dónde poner el almacén centralizado. Les da miedo molestar a algún alcalde.

Pero da igual. En España preferimos la épica simbólica. Cerrar nucleares “queda bien” en los eslóganes, y eso basta.

¿Y qué ponemos cuando no haya viento? Muy fácil: gas. Mucho gas.

El cierre nuclear no baja emisiones: las sube. Cuando desaparecen los 24/7 de las centrales, entra el ciclo combinado. Y el gas no solo contamina: depende de que Argelia esté de buen humor y que los barcos de GNL no decidan doblar la esquina hacia Asia.

Todo muy “estratégico”, sí.

Europa industrializa; España desmantela

Mientras Europa habla de soberanía energética, de reindustrialización y de no regalar la factura eléctrica a terceros, España decide quitarse la única energía firme y limpia que tenemos.

• Francia construyendo nuevos reactores.

• Finlandia encantada con el suyo.

• Reino Unido lanzando proyectos pequeños modulares.

• Incluso Alemania, tras su aventura cara y contaminante, empieza a admitir que igual se pasaron de frenada.

Y aquí, a contracorriente como siempre, vamos a desmontar un sistema que funciona y que nos da estabilidad. Porque el Excel del ministerio dice que en 2035 todo será renovable y maravilloso. Claro.

La realidad es muy sencilla

Cerrar las nucleares antes de tener almacenamiento barato y abundante es una temeridad.

Y lo peor: una temeridad cara, que pagaremos todos en la factura.

Las renovables son el futuro, sin duda. Pero un futuro que aún no está preparado para sostener un país industrial sin un respaldo firme. Quien diga lo contrario o vende humo, o ni se ha leído los informes de la propia Red Eléctrica.

Conclusión

España está a punto de cometer un error estratégico monumental.

Cerrar las nucleares hoy es como tirar la escalera mientras aún estás subiendo.

Pero oye, que nadie diga que este país no es coherente: si algo funciona, se cierra.

Esa sí que es una tradición nacional.

La próxima tormenta fiscal (y el paraguas que no tenemos)

A nadie le gusta pagar impuestos, pero a este Gobierno le gustan tanto que los colecciona. Desde Moncloa aseguran que no habrá nuevas figuras fiscales “en el corto plazo”. Traducido del lenguaje político: denos unos meses.

La economía española camina con muletas. El gasto público crece más deprisa que el PIB, la deuda exterior se desboca, y los intereses que antes eran calderilla hoy se cuentan en miles de millones. Bruselas ha vuelto a ponerse seria con las reglas fiscales y exige reducir el déficit. ¿Cómo se hace eso sin tocar el gasto ni recortar las promesas electorales? Pues ya saben: más impuestos, pero con otro nombre.

Lo llamarán “reforma fiscal verde”, “ajuste progresivo” o “armonización solidaria”. Pero el efecto será el mismo: menos dinero en el bolsillo del ciudadano medio, que ya paga gasolina cara, luz inflada y un IRPF que se niega a bajar pese a la inflación.

No es descabellado imaginar una nueva hornada de tasas:

• Un impuesto “medioambiental” sobre el transporte y la energía.

• Una revisión “técnica” del IRPF que, curiosamente, recaude más.

• Y, cómo no, una “actualización” del IVA o de los impuestos especiales, esos que suben sin que nadie lo note… hasta que toca llenar el depósito o comprar una cerveza.

El relato oficial será el de siempre: “contribuir al esfuerzo común”, “hacer más justa la economía”, “reforzar el Estado del bienestar”. Lo que no dirán es que el agujero no se tapa con solidaridad, sino con aritmética: gasta más de lo que ingresas, y la cuenta llega antes o después.

La deuda ya roza el 110 % del PIB, y los intereses, que antes eran una anécdota, se comen ya más presupuesto que la educación. Pero no, no es momento de apretarse el cinturón en el gasto. Es más fácil pedirle al ciudadano que lo apriete por ellos.

En definitiva, si no hay “nuevos impuestos”, habrá “nuevas contribuciones solidarias”. El truco está en el nombre. Y mientras tanto, el contribuyente español seguirá pagando la fiesta… sin haber sido invitado.

Ni el inmigrante ni el millonario: el problema está en quien manda

Nos quieren convencer de que la culpa de que no haya pisos asequibles es del inmigrante que comparte habitación o del fondo buitre que compra edificios. Pero ni uno ni otro son los verdaderos responsables. El problema está en un sistema político que lleva años creando escasez, premiando la especulación y castigando al ciudadano de a pie.

Cada cierto tiempo vuelve el debate de la vivienda como si fuera un partido de fútbol: unos culpan a la inmigración ilegal; otros, a los fondos buitre y a los “malvados especuladores”. Y mientras discutimos en la grada, los precios siguen subiendo y los jóvenes siguen sin poder alquilar ni un trastero.

La realidad, por desgracia, no cabe en un tuit. Decir que “la culpa no es de la inmigración, sino del especulador” suena progresista y moralmente superior, pero es igual de simplista que lo contrario. El problema de la vivienda no tiene un villano único, sino un sistema entero que funciona mal.

Un cóctel de causas

Primero, la oferta. En España se construye muy poco y muy tarde. Los ayuntamientos bloquean suelo, las licencias se eternizan y cualquier promoción se topa con una montaña de normas, tasas y papeleo. Resultado: el que quiere edificar se lo piensa dos veces.

Segundo, la demanda. Crece más rápido que la oferta. Hay más población —en parte por inmigración, regular o irregular—, los hogares son más pequeños y se ha disparado el alquiler turístico. Todo suma.

Tercero, el dinero barato. Una década de tipos de interés al 0 % empujó a fondos, bancos y particulares a invertir en ladrillo. No lo hicieron por maldad, sino porque el sistema financiero lo empujó a eso. Si el Banco Central Europeo regala dinero, los capitales buscan refugio en lo tangible.

Y cuarto, la política. Llevamos años combinando mensajes contradictorios: se habla del “derecho a la vivienda” mientras se suben impuestos al promotor y se encarecen los materiales con nuevas exigencias. Se promete más alquiler asequible, pero se penaliza fiscalmente al pequeño propietario. Se fomenta la inmigración laboral sin prever vivienda pública ni transporte.

El especulador no es tonto

Claro que hay especuladores. Siempre los hay. Pero actúan porque el terreno está abonado para ello. Cuando el suelo escasea, las licencias tardan años y el Estado no construye vivienda social, es normal que el capital entre a comprar y encarecer. Si el sistema permitiera construir con agilidad y seguridad jurídica, los fondos tendrían mucho menos poder.

La inmigración tampoco es el diablo

Tampoco se puede negar que la inmigración irregular aumenta la presión sobre el alquiler barato. Pero no es “culpable”: el problema es que no hay suficientes pisos asequibles ni políticas de integración bien pensadas. Si la oferta de vivienda pública fuera razonable, el aumento de población no sería una amenaza.

El auténtico responsable

El verdadero culpable no es el inmigrante ni el especulador, sino quien gobierna.

Porque el mercado hace lo que puede dentro de las reglas del juego… y las reglas las pone la política.

Si se bloquea el suelo, se ahoga la construcción y se improvisan leyes populistas, el resultado es el que tenemos: escasez, precios disparados y discursos fáciles para tapar la incompetencia.

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En resumen: la vivienda no es cara porque venga gente de fuera ni porque cuatro ricos compren pisos. Es cara porque nuestros dirigentes han creado un sistema donde todo está pensado para que la vivienda sea un privilegio, no un derecho. Y mientras sigamos buscando culpables cómodos, ellos seguirán haciendo lo mismo: nada.

Reciclar… o fingir que reciclamos

En España hablamos mucho de reciclar, pero poco de lo que pasa después. ¿Qué ocurre cuando tiramos un envase al contenedor amarillo?

Por más campañas de concienciación y cubos de colores que nos rodeen, la verdad incómoda es que reciclar sigue siendo un lujo o una confusión. No todos tienen espacio en casa para separar basura, ni el tiempo, ni siquiera la información clara para hacerlo bien. Y aunque muchos ponen la mejor voluntad, la cadena se rompe justo donde debería empezar a funcionar: en el propio sistema.

Porque, ¿qué pasa realmente con los contenedores de reciclaje?

Sucede que una parte importante del material “reciclado” termina donde no debería: en el vertedero o en la incineradora. Si un contenedor amarillo (envases) o azul (papel) contiene demasiados residuos mal clasificados —plásticos mezclados, cartones sucios, restos de comida— el conjunto se contamina. Y cuando eso ocurre, las plantas de reciclaje no pueden aprovecharlo, así que lo descartan. Resultado: toneladas de material “reciclado” acaban siendo simple basura.

Y los contenedores genéricos, los de tapa gris o verde oscuro, son otra historia. Allí va todo lo que “no sabemos dónde poner”, el limbo de los residuos: cápsulas de café, juguetes rotos, bolígrafos, envases mixtos… En teoría, esos residuos deberían ir a plantas de tratamiento donde se separa lo recuperable. En la práctica, se recupera poco y se entierra mucho. España sigue siendo uno de los países europeos que más depende del vertedero, muy por encima de la media de la UE.

Mientras tanto, se nos insiste en la responsabilidad individual. Pero el verdadero problema es estructural: envases imposibles de separar, materiales no reciclables que se siguen fabricando, sistemas municipales dispares y campañas más estéticas que efectivas. Nos hacen creer que el reciclaje depende del ciudadano disciplinado, cuando en realidad el sistema está diseñado para fracasar silenciosamente.

Reciclar no debería ser un acto de fe, sino una política seria con tecnología, coherencia y responsabilidad compartida entre productores, administraciones y ciudadanos. Hasta que eso ocurra, seguiremos jugando al juego de los colores… creyendo que salvamos el planeta mientras llenamos más vertederos.

España, la campeona del crecimiento… según el FMI

Debe de ser que los economistas del Fondo Monetario Internacional viven en otro planeta, o al menos en otro supermercado. Según sus doctas previsiones, España será la economía que más crezca de la zona euro. Sí, han leído bien: la locomotora del sur, el milagro mediterráneo, el ejemplo de resiliencia. Mientras el ahorro de las familias se evapora, la cesta de la compra pesa más que nunca y la incertidumbre política amenaza con atascar los fondos europeos, el FMI nos aplaude como si fuésemos el alumno aplicado del curso.

A primera vista, la noticia suena a motivo de orgullo. Pero basta rascar un poco para descubrir que ese crecimiento tan prometedor tiene más de efecto óptico que de realidad sólida. Porque una cosa es que el PIB suba unas décimas y otra muy distinta que los ciudadanos sientan en el bolsillo algo parecido a la prosperidad.

El FMI, como casi todos los organismos multilaterales, se guía por el PIB, esa cifra mágica que mide la producción total de bienes y servicios. Pero el PIB no mide la calidad de vida, ni la desigualdad, ni el estado de la nevera. Lo que mide es la actividad económica, aunque sea a costa de endeudarnos hasta las cejas o de gastar lo que no tenemos. Así que mientras los hogares reducen su ahorro, los precios se estabilizan en niveles altos y el empleo se apoya en contratos temporales o en gasto público, el FMI nos dice que todo va bien.

Buena parte de ese supuesto impulso proviene de los fondos europeos Next Generation, esa lluvia de millones que Bruselas aprobó para la reconstrucción tras la pandemia. España fue, con diferencia, una de las más beneficiadas. Pero una cosa es prometer inversiones y otra muy distinta ejecutarlas. La realidad es que los proyectos avanzan con lentitud, los trámites se eternizan y las tensiones políticas amenazan con frenar el flujo de dinero. Aun así, el FMI sigue contando esos fondos como si ya estuvieran transformando el país. Es el optimismo de la hoja de cálculo: todo encaja… mientras no se mire por la ventana.

El otro gran motor del milagro español, según el Fondo, es el turismo. Y es verdad: el turismo ha vuelto con fuerza. Hoteles llenos, playas repletas, aeropuertos a rebosar. Pero conviene recordar que el turismo es, por definición, un sector volátil y estacional. Un verano excelente puede inflar las cifras del PIB, pero no garantiza un crecimiento sostenible ni empleos estables. Además, basar una economía avanzada en servir copas y alquilar apartamentos turísticos no es precisamente el modelo productivo que saca a un país del estancamiento.

Por si fuera poco, el FMI asume una estabilidad política que, a día de hoy, brilla por su ausencia. La previsión se construye como si nada fuera a cambiar, como si los presupuestos se fueran a aprobar sin sobresaltos y las reformas siguieran su curso. Pero cualquiera que haya seguido los titulares de los últimos meses sabe que esa suposición es, siendo amables, optimista. Los equilibrios parlamentarios son frágiles, la incertidumbre institucional pesa y los fondos europeos están sujetos a la credibilidad de quien los gestiona.

Dicho de otro modo: el FMI no dice que España esté bien; dice que está menos mal que Alemania o Francia. Y eso, seamos sinceros, tampoco es para sacar pecho. Alemania sufre su propia crisis industrial, Francia lidia con la deuda y el malestar social, Italia navega en la eterna cuerda floja financiera. En ese contexto, España parece un alumno correcto en una clase llena de suspensos. Pero una buena nota en un examen mediocre no convierte a nadie en genio.

Mientras tanto, los hogares siguen ajustando cuentas. El ahorro cae, la deuda crece y los salarios apenas recuperan poder adquisitivo. Las familias españolas viven con la sensación de que trabajan más para llegar igual, o incluso un poco peor. La macroeconomía sonríe, pero la microeconomía frunce el ceño.

Quizá esa sea la gran paradoja del momento: los informes internacionales pintan un país que crece, mientras la gente percibe que retrocede. Y no se trata de pesimismo cultural ni de autocompasión ibérica, sino de una desconexión evidente entre los números y la realidad. En el papel, España es un caso de éxito. En la calle, la sensación es de incertidumbre, de que el crecimiento beneficia a unos pocos y que el resto sigue haciendo equilibrios para llegar a fin de mes.

Así que cuando el FMI nos proclama campeones del crecimiento, conviene leer la letra pequeña: el campeón juega en una liga donde los demás equipos están lesionados. El aplauso internacional puede sonar bien en los telediarios, pero no llena la nevera. Y si algo ha aprendido el ciudadano medio en los últimos años es que los titulares macroeconómicos no pagan el recibo de la luz.

En resumen: España crece, sí, pero sobre un suelo frágil. Crece porque el turismo ha resucitado, porque Europa aún envía dinero y porque los demás van peor. Pero detrás de las cifras queda un país donde el ahorro se desvanece, la vivienda se encarece y la estabilidad política es una moneda al aire. Si eso es ser la economía más boyante de Europa, habrá que preguntarse cómo estarán las demás. 

Cuando subir los sueldos no nos hace más ricos

En los últimos años se ha extendido la idea de que subir salarios públicos, pensiones o ayudas sociales es una forma directa de mejorar el bienestar de la población. A primera vista parece lógico: si la gente tiene más dinero, puede consumir más y vivir mejor. Pero la economía, como suele ocurrir, tiene sus matices.

Cuando se inyecta mucho dinero en el sistema sin que aumente al mismo ritmo la producción o la productividad, lo que realmente ocurre es que hay más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios. El resultado es previsible: suben los precios.

Un ejemplo sencillo: si en un pueblo todos cobran de golpe un 20 % más, pero el panadero sigue haciendo los mismos 100 panes diarios, el precio del pan subirá. No porque sea mejor, sino porque hay más dinero disponible para comprarlo. Eso es inflación.

Si ese dinero extra proviene del gasto público —es decir, del Estado pagando más salarios, más pensiones o más ayudas—, el problema se agrava. El Estado no produce riqueza: la redistribuye. Para financiar esos aumentos, tiene que recaudar más impuestos o endeudarse, lo que a medio plazo recae de nuevo sobre los ciudadanos y las empresas.

Al final, los precios crecen más rápido que los ingresos reales, y el poder adquisitivo de las familias se erosiona. Paradójicamente, las subidas destinadas a proteger el nivel de vida acaban empobreciendo a la población.

La verdadera mejora del bienestar no viene de repartir más dinero, sino de producir más y mejor: aumentar la productividad, fomentar la inversión y premiar la eficiencia. Sin ese equilibrio, el aumento del gasto solo infla los precios… y desinfla nuestros bolsillos.

Mazón y la DANA: entre la responsabilidad y la fatalidad

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana tras la devastadora DANA de noviembre de 2024 ha sacudido el panorama político valenciano. Muchos han interpretado su salida como la prueba de una gestión fallida; otros, como un gesto de dignidad política poco frecuente. Pero más allá de las lecturas partidistas, conviene detenerse un momento y preguntarse: ¿hasta qué punto puede responsabilizarse a un gobierno —a una persona— de los efectos de un fenómeno meteorológico de semejante magnitud?

Porque lo ocurrido aquel noviembre no fue una simple tormenta. Fue una DANA —una depresión aislada en niveles altos— de intensidad histórica, que descargó en apenas horas una cantidad de lluvia superior a la media de varios meses. Inundaciones súbitas, desbordamientos imprevistos, daños estructurales y un operativo de emergencia desbordado por la velocidad de los acontecimientos. Nadie puede negar el drama ni el dolor. Pero tampoco debería ignorarse que nos enfrentamos a un fenómeno natural de consecuencias prácticamente incontrolables.

La Comunitat Valenciana conoce bien las DANAs; forma parte de su geografía emocional y física. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años —y lo ocurrido en 2024 lo confirma— es un salto cualitativo en su violencia y frecuencia. El cambio climático está alterando patrones meteorológicos de forma radical, y con ello desafiando los sistemas de prevención y respuesta de las administraciones. Por mucho que se planifique, por mucho que se invierta, hay umbrales de la naturaleza que el ser humano aún no puede contener.

En este contexto, culpar a Mazón de los estragos de la DANA resulta, cuando menos, simplista. La gestión de una emergencia de esa envergadura no depende únicamente de la voluntad política, sino también de factores técnicos, logísticos y, sobre todo, imprevisibles. Es cierto que siempre hay margen para mejorar la coordinación, la comunicación o la planificación; pero sería injusto confundir las limitaciones del sistema con la negligencia de una persona.

Podemos adjudicarle la culpa de una gestión tardía, si como parece, estaba informado en tiempo y forma adecuados, y es evidente que una alerta a tiempo hubiera salvado alguna vida, pero el desastre estaba servido y era imparable, independientemente de donde estuviera y con quién. 

La dimisión de Mazón, lejos de ser una admisión de culpa, puede interpretarse como un acto de responsabilidad política. Un gesto que asume el peso simbólico del cargo y reconoce el sufrimiento colectivo, aunque las causas del desastre sean en gran medida ajenas a la acción humana. En tiempos de políticos que se aferran al poder pese a todo, su renuncia parece, incluso, un ejercicio de coherencia institucional.

Quizá lo que necesitamos, más que buscar culpables inmediatos, es repensar cómo afrontamos los nuevos desastres climáticos que nos esperan. La DANA de 2024 no fue la primera, ni será la última. Y si algo nos ha enseñado, es que ningún presidente —ni Mazón ni ningún otro— podrá contener por sí solo la fuerza desatada de un clima cada vez más extremo.

Carta abierta al Ayuntamiento: lo que un vecino tiene que decir sobre el “basurazo”

Después de mi anterior escrito sobre el llamado “basurazo”, me he quedado con la sensación de que muchos vecinos de Vila-real pensamos lo mismo: que esta nueva tasa de residuos es injusta, mal planteada y, sobre todo, innecesariamente gravosa. Pero como parece que al Ayuntamiento no le basta con el malestar general, he querido ponerlo por escrito en una carta dirigida al propio consistorio. Una especie de “ya está bien”, por si a alguien le queda algo de sensibilidad en el despacho de la plaza Mayor.

Porque sí, sabemos que la ley obliga a implantar una tasa por la gestión de residuos. Pero también sabemos que las leyes dejan margen para aplicarlas con cabeza. Y aquí se ha hecho de la manera más fácil: se aprueba una ordenanza, se reparten los recibos y se espera que el ciudadano asuma otra carga más con resignación.

Sin explicaciones claras, sin debate público y sin detallar cómo se ha calculado lo que vamos a pagar.

En mi carta, que he registrado formalmente en el Ayuntamiento, expreso algo que me parece de puro sentido común:

Si el servicio de basuras ya estaba incluido en los presupuestos municipales —que se financian con el IBI que todos pagamos—, ahora que se cobra aparte, lo lógico sería descontar del IBI el mismo importe.

Lo contrario es una doble imposición en toda regla.

No puede ser que el Ayuntamiento diga que “no hay más remedio” que cobrarnos esta tasa, mientras mantiene sin tocar el resto de impuestos. Cumplir la ley no significa sangrar al contribuyente. Cumplir la ley también puede significar buscar fórmulas más justas, compensar al vecino, o al menos explicarle con transparencia qué se está haciendo con su dinero.

Lo que más molesta no es pagar, sino no saber por qué se paga tanto y para qué. Nadie nos ha enseñado la memoria económica que justifique el coste real del servicio. No sabemos cuánto cuesta recoger, transportar y tratar los residuos en Vila-real, ni cómo se ha calculado la cantidad que corresponde a cada vivienda. Todo se aprueba y se comunica como una obligación inevitable, y ya está.

Mientras tanto, los vecinos seguimos igual: pagando más por lo mismo, sin notar mejora alguna en la limpieza, en el reciclaje ni en la gestión.

Y encima, con la sensación de que si protestas, te dirán que “es por el medio ambiente”. Como si pagar más fuera la única forma de ser ecológico.

Ojalá el Ayuntamiento se tome en serio este malestar y reconsidere cómo aplica esta tasa. No se trata de hacer demagogia, sino de aplicar la justicia con un poco de empatía.

Porque gobernar no es exprimir al vecino: es escucharlo, explicarle las cosas y buscar soluciones equilibradas.

Yo ya he hecho mi parte presentando mi reclamación. Y animo a otros vecinos a hacer lo mismo. No se trata de montar una revolución, sino de recordarle al Ayuntamiento que los ciudadanos también tenemos voz.

Y que la paciencia, igual que el bolsillo, tiene un límite.

Instancia Ayuntamiento

Escrito de reclamación

El “basurazo” o cómo castigar otra vez al contribuyente

 Ya lo tenemos aquí. El famoso “basurazo” que el Ayuntamiento de Villarreal ha decidido implantar ya es una realidad. Una nueva tasa, otro recibo más, otra vuelta de tuerca al bolsillo del contribuyente, que parece ser la fuente inagotable de financiación para cualquier necesidad municipal. Se nos dice que es una imposición de Europa, que lo marca la ley, que “no queda más remedio”. Y uno ya está cansado de que siempre sea así: que nunca quede más remedio que pagar más.

Lo curioso es que cuando se trata de subir impuestos o inventar nuevas tasas, la eficacia municipal se dispara. No hay estudio, comisión o trámite que se resista. Pero cuando se trata de ajustar el gasto, de eliminar duplicidades, de reducir sueldos o de hacer que el dinero público rinda más, entonces el ritmo se vuelve desesperadamente lento. El ciudadano, mientras tanto, ve cómo cada año paga más y recibe lo mismo… o incluso menos.

El nuevo “impuesto de la basura”, con toda su envoltura de sostenibilidad y reciclaje, se presenta como un avance ecológico. Pero detrás de los discursos se esconde lo de siempre: más carga fiscal para el vecino. Que si el tratamiento de residuos cuesta mucho, que si hay que cumplir con Europa, que si “el que contamina paga”. Todo eso suena bien en teoría, pero en la práctica lo que tenemos es que pagan todos por igual, contaminen o no. Paga lo mismo el vecino que separa, recicla y usa el ecoparque, que quien tira todo mezclado. Y eso, además de injusto, es profundamente desmotivador.

La realidad es que esta tasa podría haberse planteado de otro modo, sin perjudicar más a las familias ni asfixiar a los pequeños negocios. Por ejemplo, deduciendo del IBI el importe equivalente al “basurazo”. Al fin y al cabo, el servicio de recogida de residuos ya estaba incluido dentro del presupuesto municipal, que en buena parte se financia precisamente con el IBI. Si ahora quieren cobrarnos aparte, lo lógico sería que redujeran la contribución en la misma cantidad. Pero claro, eso no interesa, porque el Ayuntamiento se acostumbró a ingresar y difícilmente renuncia a nada.

Y es que la sensación general es la de un abuso silencioso. No hay debate público, no se pregunta al vecino, no se explica con claridad cómo se calcula el coste ni cuánto se recaudará. Simplemente se aprueba, se anuncia que es “obligatorio” y se da por hecho que todos tragarán. Y mientras tanto, quienes gobiernan siguen repitiendo el mantra de la responsabilidad ambiental, como si eso justificara todo. Pero no: ser sostenible no puede ser sinónimo de pagar más.

El ciudadano de Villarreal ya soporta bastantes impuestos y tasas: el IBI, el agua, la luz, el impuesto de circulación, vados, IAE, ocupación de vía pública… y ahora también el “basurazo”. Todo suma. Y lo peor es que, cada vez más, la gente siente que el esfuerzo no se ve recompensado. Que las calles están igual o peor, que el reciclaje no mejora, que la limpieza no luce y que el dinero desaparece en una maraña de burocracia y promesas incumplidas.

Ojalá algún día el Ayuntamiento entienda que gobernar no es apretar al contribuyente, sino buscar soluciones inteligentes. Hay maneras más justas de cumplir la ley y mantener el equilibrio presupuestario sin exprimir al vecino. Pero para eso hace falta voluntad política, empatía y un poco de sentido común. De lo contrario, seguiremos igual: con un recibo más en el buzón y la sensación amarga de que el ciudadano siempre paga los platos rotos.

Bruselas desmiente al Gobierno

Volteo de campanas, al finalitzar la misa de la Fiesta Principal de la asociación de Hijas de María del Rosario

Siempre hemos pensado a la hora de mostrar nuestro pueblo el hacerlo por medio de imágenes, pero también hay sonidos que nos recuerdan a él, sobre todo si sé tiene un sentimiento tan fuerte como el que puedan tener las asociadas, tanto 'rosarieres' como 'puríssimeres'.

Hoy he pensado que estaría bien plasmar estos cinco minutos del vuelo de las campanas, al finalizar la misa de la Fiesta Principal de la asociación de Hijas de Maria del Rosario, sobre todo por aquellas que puedan escucharlo lejos de nuestro pueblo y que seguramente las emocionará.

Programa Fiestas Virgen de Gracia 2025 - Villarreal

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Ordenanza de convivencia ciudadana - Villarreal

Adjunto las Ordenanzas municipales de Villarreal, por si son de utilidad a las personas de nuestra ciudad que consideren que se vulneran sus derechos, especialmente durante las fiestas en lo referente al ruido y el descanso.
Puede consultar el capítulo V y  el IX

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Fira i festes de Sant Pasqual 2025

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España volverá a ser Al-Ándalus

La Globalización es una realidad de la que no podemos ni debemos abstraernos.

Las facilidades para mover mercancías, capitales y personas por casi todo en mundo, hace que podamos encontrar casi de todo en casi cualquier sitio.

Además, la permisividad de las leyes en este sentido abre las fronteras para que estos movimientos apenas encuentren dificultades para traspasarlas.

Esto nos ha llevado a una enfermiza dependencia de países que, por su mayor eficiencia, tecnología o condiciones laborales, son más competitivos y sus productos son, o mejores, o más económicos, o ambos a la vez, relegando nuestra economía al ostracismo.

La ‘pescadilla que se muerde la cola’. Poca competitividad, bajo nivel de ventas y exportaciones, menos inversión en los productos, menos ventas,…

En la actualidad España, como todos sabemos, se mantiene gracias al turismo y poco más. Nuestros productos, en la mayoría de los casos, son poco competitivos por lo ineficientes de la mayoría de los procesos de producción, que al mismo tiempo los convierte en caros y, para más inri, el Gobierno pretende reducir las horas de trabajo semanales, lo que va a repercutir en el incremento de los precios. Somos, pues, un país pobre.

Más bien diría que somos un país empobrecido. La deuda púbica, en límites nunca antes alcanzados, sigue en aumento debido a la gran cantidad de sueldos públicos que hay que pagar, sobre todo de políticos y empleados de administraciones muchas veces innecesarias. Y no contentos, la corrupción que les lleva a llenarse los bolsillos aún más con dinero de las arcas públicas.

También las ayudas sociales se llevan muchísimo dinero, pero estas son derechos adquiridos por los españoles que en su vida laboral han dejado una gran parte de su salario en cotizaciones para estos menesteres.

Si bien es cierto que algunos países nunca llegaron a abrirse totalmente, también lo es que en la actualidad existe una corriente que pretende volver a limitar estos movimientos para incentivar el consumo de productos autóctonos, estableciendo aranceles a la entrada de mercancías.

Del mismo modo, también se está poniendo cerco a los movimientos migratorios indiscriminados, mediante el cierre y control de fronteras y la emisión de visados para la entrada en los países, que además de autorizar la entrada, también establece la duración del permiso de estancia.

Caso aparte lo constituyen las peticiones de asilo para protegen a personas que, habiendo llegado a un territorio por el medio que sea, temen por su seguridad si regresan a su país, y solicitan amparo.

Estos casos deberían ser minoritarios, pero vista la bonanza de los países receptores o el vacío legal para su deportación, se está convirtiendo en el modo de acceso más habitual.

Es humanamente exigible ayudar a quién lo necesita, pero nadie está obligado a hacerlo por encima de sus posibilidades. Este tema resulta muy complicado tratarlo sin aparentar xenofobia, o racismo, si los extranjeros tienen distinto color de piel, pero no se trata de eso.

Sería precioso que las personas que llegaran a un país, lo hicieran por su propia voluntad, en un medio de trasporte seguro y estandarizado, buscaran su desarrollo personal mediante un trabajo adecuadamente remunerado y se integraran en la sociedad, y en caso de no poder lograrlo, no tuvieran ningún problema en cambiar de lugar o volver a su tierra originaria, dependiendo siempre de lo que por sí mismos pudieran conseguir honradamente, sin depender de una ayudas que en la mayoría de los casos, y siguiendo los mismo criterios que los nativos de lugar, no se han ganado.

Las guerras, las hambrunas, las epidemias, los desastres naturales, siempre han provocado desplazamientos masivos de población, que los países receptores han tenido que acoger con mayor o menor aceptación popular, y siempre con la intención de que, resuelto el problema que los originó, regresaran a sus lugares de origen, toda vez que en ocasiones, y una vez consolidada la nueva realidad de vida en el país de acogida, este se convierta en su segunda patria y se quedaran a vivir en ella.

En la actualidad, existen migraciones que, más que huir de situaciones de peligro, simplemente buscan mejorar las condiciones de vida a costa del país de acogida, así, los actuales flujos de población que llegan a nuestro patria, lo hacen por la puerta trasera, a escondidas, como los ladrones, sin pasar controles de fronteras ni aduanas, fieles a sus costumbres y tradiciones, a las que en ningún momento pretenden renunciar, incluso nos exigen, no solo respeto, sino adhesión. En su mayoría, no se esfuerzan en trabajar y buscan vivir de una caridad que consideran un derecho, que incluso reclaman con una violencia inusitada en nuestra sociedad, y que a pesar de ello, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen las manos atadas para reprimir.

Son situaciones que, por más que el Gobierno pretenda normalizar, resultan difíciles de aceptar por la ciudadanía desde el momento que observan como gran parte de sus impuestos se esfuman en mantener a estas personas, que vinieron porque quisieron, sin que nadie les llamara y a los que nadie les prometió nada y que nos empobrecen aún más.

Es la política migratoria actual la que ejerce esa fuerza de atracción, legalizando situaciones anómalas y asignándoles unas ayudas a cambio de nada.

Lo malo es lo que estoy narrando, pero lo peor es que, llegado el momento que observemos que esto resulta inasumible y queramos revertirlo,  habrá tantísimas personas dependientes de estas ayudas, que incendiarán las calles, las manifestaciones se volverán tan violentas que no habrá policía suficiente para sofocarlas, y dadas las características de estas personas, mucho más violentas que nosotros, no tendremos más remedio que claudicar y seguir manteniendo su nivel de bienestar.

No pasará mucho tiempo hasta que entren legalmente en nuestras instituciones y después en el Gobierno.

España volverá a ser Al-Ándalus.