En los últimos años se ha extendido la idea de que subir salarios públicos, pensiones o ayudas sociales es una forma directa de mejorar el bienestar de la población. A primera vista parece lógico: si la gente tiene más dinero, puede consumir más y vivir mejor. Pero la economía, como suele ocurrir, tiene sus matices.
Cuando se inyecta mucho dinero en el sistema sin que aumente al mismo ritmo la producción o la productividad, lo que realmente ocurre es que hay más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios. El resultado es previsible: suben los precios.
Un ejemplo sencillo: si en un pueblo todos cobran de golpe un 20 % más, pero el panadero sigue haciendo los mismos 100 panes diarios, el precio del pan subirá. No porque sea mejor, sino porque hay más dinero disponible para comprarlo. Eso es inflación.
Si ese dinero extra proviene del gasto público —es decir, del Estado pagando más salarios, más pensiones o más ayudas—, el problema se agrava. El Estado no produce riqueza: la redistribuye. Para financiar esos aumentos, tiene que recaudar más impuestos o endeudarse, lo que a medio plazo recae de nuevo sobre los ciudadanos y las empresas.
Al final, los precios crecen más rápido que los ingresos reales, y el poder adquisitivo de las familias se erosiona. Paradójicamente, las subidas destinadas a proteger el nivel de vida acaban empobreciendo a la población.
La verdadera mejora del bienestar no viene de repartir más dinero, sino de producir más y mejor: aumentar la productividad, fomentar la inversión y premiar la eficiencia. Sin ese equilibrio, el aumento del gasto solo infla los precios… y desinfla nuestros bolsillos.
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