Hay historias que consiguen que una cuestión jurídica deje de parecernos solamente jurídica.
El caso de Maricarmen es una de ellas.
Una mujer de 87 años, que ha vivido durante décadas en la misma vivienda, termina siendo desahuciada. La imagen de una anciana saliendo de su casa en camilla resulta difícil de contemplar sin sentir tristeza. Y, probablemente, esa reacción es la más humana de todas.
Pero precisamente por eso conviene separar dos cuestiones que, en este caso, parecen haberse mezclado: la legalidad y la moralidad.
Porque una cosa es preguntarnos qué dice la ley y otra muy distinta qué consideramos que debería hacer una sociedad con una persona de esa edad y en esas circunstancias.
La ley tiene sus reglas
El contrato de la vivienda se remonta a 1956. Después de la muerte de sus padres, Maricarmen continuó ocupándola mediante las sucesivas subrogaciones previstas en aquel contrato y en la legislación aplicable.
El problema es que esas posibilidades de subrogación no son indefinidas. Según las informaciones publicadas sobre el caso, los tribunales terminaron considerando que el derecho de Maricarmen a continuar con aquel contrato se había extinguido. El Tribunal Supremo, además, inadmitió posteriormente el recurso.
Es decir, podemos discutir si la legislación es adecuada, si debería haberse previsto otra solución para personas en situaciones como ésta o si las administraciones deberían disponer de mejores mecanismos de protección, pero eso es diferente de afirmar que la propiedad no tenía derechos.
La vivienda tiene un propietario y, como cualquier propietario, tiene derechos reconocidos por la ley.
En este caso particular, se trata de un fondo de inversión, pero...
¿Qué ocurriría si esa vivienda perteneciera una persona particular, y además, tan vulnerable como Maricarmen?
Nos resulta más sencillo aceptar que se recupere una propiedad cuando imaginamos detrás a una familia, a una persona mayor que necesita venderla, a alguien que ha heredado un piso o incluso a otra persona desprotegida que necesita esa vivienda.
En este caso, el problema moral se complica porque el propietario es un fondo de inversión.
Pero la propiedad sigue siendo propiedad, y la ley aplicable es la misma.
Que algo sea legal no significa necesariamente que nos parezca moralmente satisfactorio.
De ahí el debate que nos remueve las conciencias.
¿Deberíamos dejar a una mujer de 87 años, vulnerable y con problemas de movilidad, sin la vivienda en la que ha pasado prácticamente toda su vida?
Personalmente, creo que es perfectamente comprensible que la respuesta emocional de mucha gente sea un no.
No porque la propiedad deje de tener derechos, sino porque también existe una obligación moral de intentar que una persona en esas circunstancias no termine en la calle.
Y eso nos lleva a una segunda cuestión que tampoco deberíamos esconder:
¿Existían alternativas?
Según el Ayuntamiento de Madrid, se habían ofrecido diferentes soluciones, entre ellas ayuda para buscar otra vivienda, una plaza de emergencia y una habitación en una residencia privada. Desde el entorno de Maricarmen se cuestionó que esas alternativas fueran adecuadas o asumibles para ella.
También se informó de que el Ministerio de Vivienda había intentado adquirir la vivienda mediante el mecanismo de compra pública de CASA 47, una oferta que la propiedad rechazó.
Por tanto, tampoco parece correcto reducir toda la historia a "una anciana abandonada a su suerte" frente a "un fondo buitre que simplemente quiere echarla".
La realidad parece bastante más complicada.
Y hay otra cuestión que apenas se plantea
Una vivienda no puede ser considerada necesaria únicamente porque la necesite quien actualmente la ocupa, ya que podría haber otras prioridades como que, porque podría necesitarla otra persona.
Quizá una viuda con una pensión todavía más pequeña.
Quizá una familia con hijos.
Quizá una persona con discapacidad.
Quizá alguien que lleva años esperando una vivienda asequible.
Y si aceptamos que una persona vulnerable tiene derecho a permanecer indefinidamente en una vivienda por el hecho de ser vulnerable, inmediatamente aparece otra pregunta:
¿Quién decide quién es más vulnerable?
¿Y durante cuánto tiempo?
Son preguntas incómodas, pero necesarias si queremos hablar seriamente de vivienda.
El paso del tiempo también cambia nuestra percepción
Hay algo especialmente llamativo en este caso.
Si el conflicto hubiera terminado hace veinte años, cuando Maricarmen era mucho más joven, probablemente apenas habría despertado atención.
Quizá habría sido simplemente otro procedimiento judicial relacionado con un contrato antiguo.
Pero hoy vemos a una mujer de 87 años, con movilidad reducida, abandonando la vivienda en la que ha vivido durante siete décadas.
Y eso cambia nuestra percepción.
No necesariamente cambia la ley, pero sí cambia nuestra mirada.
Lo que hace veinte años podía parecernos un problema estrictamente contractual hoy nos parece, además, un problema humano.
Y quizá esa sea precisamente la fuerza de este caso.
Ni todo es blanco ni todo es negro
Podemos sentir una enorme pena por Maricarmen sin afirmar que el propietario no tenga derechos.
Podemos defender el derecho a la propiedad sin pensar que una persona de 87 años debería quedarse sin hogar.
Podemos entender que un contrato ha terminado y, al mismo tiempo, pensar que las administraciones deberían haber encontrado una solución digna mucho antes de llegar al momento del desahucio.
Y podemos incluso aceptar que las alternativas ofrecidas quizá fueran legalmente suficientes, pero preguntarnos si eran realmente adecuadas desde el punto de vista humano.
No son posiciones necesariamente incompatibles.
El verdadero problema quizá esté en que hemos permitido que sea un juez, un propietario, una administración o la presión social quien tenga que resolver, al final del camino, un problema que debería haberse solucionado mucho antes.
La pregunta que queda
El caso de Maricarmen ya no tiene solamente una dimensión jurídica.
Nos obliga a preguntarnos qué queremos que ocurra cuando la legalidad y nuestra conciencia entran en conflicto.
¿Hasta dónde debe llegar la protección de una persona vulnerable?
¿Quién debe asumir el coste de esa protección?
¿El propietario?
¿La Administración?
¿La sociedad?
¿Debe garantizarse una vivienda alternativa aunque el ocupante haya perdido legalmente el derecho sobre la vivienda?
¿Y qué ocurre con las otras personas vulnerables que también necesitan una casa?
No tengo una respuesta sencilla.
Y quizá no deberíamos tenerla.
Porque precisamente de eso trata este debate.
De reconocer que detrás de un expediente judicial hay una persona. Pero también de reconocer que detrás de una propiedad hay unos derechos.
Maricarmen merece toda nuestra compasión por las circunstancias que está viviendo.
Y, al mismo tiempo, una sociedad madura debería ser capaz de hablar de este asunto sin convertir automáticamente al propietario en culpable y a quien ocupa la vivienda en propietario moral de ella.
Quizá la verdadera pregunta no sea quién gana esta batalla.
Quizá sea otra:
¿Cómo hemos llegado a una situación en la que una mujer de 87 años y el derecho de propiedad han acabado enfrentados en un portal de Madrid, cuando probablemente nuestra obligación como sociedad era encontrar una solución mucho antes?
Ahí es donde empieza, de verdad, el debate entre lo legal y lo moral.
