Hay una realidad de la que apenas se habla. El debate sobre la inmigración suele centrarse en España: cuántos llegan, cuántos trabajan, cuántos cotizan o cuánto cuesta atenderlos. Sin embargo, existe una consecuencia mucho más amplia que rara vez aparece en la discusión pública.
Cuando España concede la nacionalidad a un extranjero, no solo está creando un ciudadano español. Está incorporando un nuevo ciudadano de la Unión Europea.
Y eso cambia completamente la dimensión del debate.
Quien obtiene un pasaporte español adquiere, además de los derechos propios de nuestro ordenamiento, la libertad de circular, residir y trabajar en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, con las limitaciones y condiciones previstas por el Derecho europeo. En otras palabras, la decisión que adopta el Gobierno español no afecta únicamente a España, sino al conjunto del espacio europeo.
Un asunto nacional... con consecuencias europeas
Cada Estado conserva la competencia para conceder o retirar su nacionalidad. Así lo reconocen los Tratados de la Unión Europea.
Sin embargo, esa decisión nacional produce automáticamente efectos europeos, porque la ciudadanía de la Unión deriva de la nacionalidad de un Estado miembro.
Es decir, Bruselas no decide quién obtiene la ciudadanía europea. Lo hacen los veintisiete Estados, cada uno con sus propios criterios, procedimientos y ritmos.
Y aquí aparece una paradoja.
Mientras la Unión Europea dedica enormes recursos a controlar sus fronteras exteriores, armonizar políticas migratorias y reforzar agencias como Frontex, la puerta de entrada definitiva a la ciudadanía europea sigue dependiendo de decisiones exclusivamente nacionales.
Los argumentos a favor
Quienes defienden una política amplia de nacionalizaciones sostienen que la integración debe culminar precisamente con la obtención de la nacionalidad.
Un inmigrante que lleva años trabajando, pagando impuestos, aprendiendo el idioma y formando una familia difícilmente puede permanecer indefinidamente como un residente temporal.
Además, España afronta un grave problema demográfico.
La baja natalidad y el envejecimiento de la población generan importantes tensiones sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones. En determinados sectores económicos ya resulta difícil encontrar trabajadores.
Desde esta perspectiva, facilitar la integración jurídica de quienes ya viven y contribuyen al país puede entenderse como una inversión de futuro.
Los argumentos críticos
Pero también existen interrogantes legítimos.
La integración no depende únicamente del tiempo de residencia.
Exige conocimiento del idioma, aceptación del marco constitucional, participación en la sociedad y respeto por los valores democráticos.
Cuando la concesión de nacionalidades aumenta de forma muy rápida, algunos ciudadanos se preguntan si los mecanismos de comprobación son suficientes y si existe una verdadera política de integración detrás de las cifras.
A ello se suma otra cuestión poco debatida.
Cada nuevo nacional español adquiere automáticamente el derecho a trasladarse a cualquier otro país europeo.
Por ello, algunos gobiernos europeos observan con interés —aunque rara vez lo expresen públicamente— las políticas de nacionalización de sus socios, porque sus efectos no terminan en la frontera española.
¿Debería existir una mayor coordinación europea?
Probablemente ésta sea la gran cuestión de los próximos años.
No parece realista que la Unión Europea asuma la competencia para conceder nacionalidades, ya que ello afectaría a uno de los elementos más sensibles de la soberanía nacional.
Pero tampoco resulta extraño preguntarse si deberían existir unos criterios mínimos comunes sobre integración, residencia efectiva o procedimientos de acceso cuando la decisión de un Estado genera consecuencias para todos los demás.
No se trata de cuestionar la soberanía española.
Se trata de reconocer que, desde que existe la ciudadanía europea, las decisiones nacionales han dejado de ser exclusivamente nacionales.
Una pregunta incómoda
La inmigración seguirá siendo necesaria para muchas economías europeas.
También seguirá siendo objeto de un intenso debate político.
Pero quizá estamos formulando mal la pregunta.
No basta con preguntarse si una política de nacionalizaciones beneficia o perjudica a España.
La cuestión es otra.
¿Puede seguir siendo una decisión exclusivamente nacional cuando sus efectos alcanzan a toda la Unión Europea?
Porque cuando España concede una nacionalidad, no solo nace un nuevo español.
También nace un nuevo ciudadano europeo.
