Hay una frase que rara vez aparece en los programas electorales, pero que cualquier gobernante debería tener grabada en la mesa de su despacho:
"Nunca pongas a un padre en la situación de tener que elegir entre cumplir la ley o alimentar a sus hijos."
VOX defiende la llamada prioridad nacional, una propuesta según la cual los españoles deberían tener preferencia en el acceso a determinadas ayudas sociales frente a los inmigrantes. Es una idea que encuentra apoyo en una parte importante de la sociedad, especialmente entre quienes consideran injusto que personas recién llegadas reciban prestaciones mientras muchos españoles atraviesan dificultades.
Ese debate es legítimo.
Como también lo es preguntarse si nuestro sistema de ayudas necesita una profunda revisión para evitar fraudes, abusos o el conocido "efecto llamada".
Pero hay otra pregunta que apenas se formula.
¿Qué ocurre el día después?
Porque las políticas no se miden únicamente por sus intenciones, sino también por sus consecuencias.
Imaginemos que esa prioridad nacional se aplica de forma inmediata. Miles de familias extranjeras perderían de un día para otro buena parte de los ingresos con los que sobreviven. No hablamos de quienes viven cómodamente de las ayudas, sino también de familias con niños pequeños, personas enfermas o trabajadores cuyos salarios no alcanzan para llegar a fin de mes.
¿Qué harán esas familias?
Muchos responderán que regresen a sus países.
Ojalá fuera tan sencillo.
Volver cuesta dinero. Hace falta documentación, billetes, contactos y, en muchos casos, regresar significa volver a un país donde ya no queda nada.
Mientras tanto, seguirán aquí.
Y el hambre no entiende de ideologías.
Cuando un adulto pasa hambre puede soportarlo durante un tiempo. Cuando quien pasa hambre es un hijo, la situación cambia radicalmente.
Cualquier padre intenta proteger a sus hijos.
Primero pedirá ayuda.
Después acudirá a organizaciones benéficas.
Más tarde buscará cualquier trabajo, aunque sea ilegal.
Y cuando ya no quede ninguna salida...
Nadie puede asegurar hasta dónde es capaz de llegar una persona desesperada.
La historia demuestra que la pobreza extrema aumenta la delincuencia, los robos y la economía sumergida. No porque los pobres sean delincuentes, sino porque la desesperación destruye los límites que normalmente respetamos.
No es una cuestión moral.
Es una cuestión humana.
Y eso termina afectándonos a todos.
Más inseguridad en los barrios.
Mayor presión sobre las ONG.
Hospitales atendiendo personas sin recursos.
Servicios sociales desbordados.
Más economía ilegal.
Más explotación laboral.
Y, probablemente, un aumento de la tensión entre españoles e inmigrantes.
Paradójicamente, una medida pensada para mejorar la convivencia podría deteriorarla si no viene acompañada de un plan de transición.
Porque una cosa es cambiar las reglas.
Y otra muy distinta dejar a miles de personas sin ninguna alternativa.
Si el objetivo final es que quienes no tengan derecho a permanecer en España regresen a sus países, ese proceso necesita tiempo, recursos y acuerdos internacionales.
Mientras tanto, esas personas seguirán viviendo aquí.
La pregunta es sencilla.
¿Queremos que sobrevivan dentro de la legalidad o empujarlas hacia la marginalidad?
No se trata de mantener ayudas indefinidamente.
Ni de premiar la inmigración irregular.
Se trata de evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.
Las sociedades fuertes no son las que toman decisiones más duras.
Son las que saben aplicarlas con inteligencia.
Porque gobernar no consiste únicamente en satisfacer a quienes piensan como uno.
Consiste, sobre todo, en prever las consecuencias de cada decisión antes de que las paguemos todos.
