Cada vez que se anuncia una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, el debate vuelve a encenderse con la misma intensidad de siempre. Para unos, es una conquista social irrenunciable; para otros, un golpe más a la viabilidad de muchas empresas. Como casi siempre en economía, la realidad no es tan simple como los eslóganes.
La economía no es un tablero de juego en el que se puedan mover las fichas sin consecuencias. Es, más bien, una balanza delicada, un sistema de equilibrios donde cada decisión repercute en muchas otras. Subir los salarios puede ser una medida justa y necesaria, pero también implica costes reales para quienes tienen que pagarlos.
Nadie discute que un trabajador debe poder vivir dignamente con el fruto de su esfuerzo. Es un principio básico de justicia social. No se puede sostener una economía sana si quienes trabajan a jornada completa no llegan a fin de mes. Pero tampoco se puede ignorar la otra cara de la moneda: la del empresario que tiene que hacer números cada mes para que la empresa siga en pie.
Porque, a veces, desde los despachos se habla de “las empresas” como si todas fueran gigantes con beneficios millonarios. Y esa es una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestro país. En España, la inmensa mayoría del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas: comercios familiares, talleres, bares, autónomos con uno o dos empleados. Negocios que no cotizan en bolsa ni reparten dividendos astronómicos, sino que viven al día, pendientes de cada factura y de cada subida de costes.
Para ellos, cada incremento obligatorio supone algo más que una cifra en un boletín oficial. Es una nueva preocupación. Es rehacer presupuestos, apretar márgenes, renunciar a inversiones o, en el peor de los casos, replantearse si merece la pena seguir abiertos.
Subir el salario mínimo no es solo subir el sueldo base. Es también incrementar cotizaciones, indemnizaciones, pagas extras y otros costes asociados. Es decir, el impacto real para la empresa suele ser bastante mayor que el porcentaje anunciado en la rueda de prensa.
Y aquí es donde aparece ese frágil equilibrio del que casi nadie habla. Si el salario es demasiado bajo, el trabajador no puede vivir con dignidad. Pero si los costes son demasiado altos, la empresa no puede sostener el empleo. Y sin empresa, no hay salario posible.
La economía real no se mueve por consignas ideológicas, sino por cuentas de resultados. Una empresa necesita beneficios, no por codicia, sino por supervivencia. Sin beneficios no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo. Pretender lo contrario es ignorar cómo funciona el mundo fuera de los discursos.
Eso no significa que los salarios no deban subir. Deben hacerlo cuando la productividad, el crecimiento económico y la situación general lo permitan. Pero convertir cada subida del SMI en una carrera política, en una competición de quién anuncia el número más alto, puede acabar teniendo efectos contrarios a los que se buscan.
Porque las grandes multinacionales tienen músculo financiero para absorber casi cualquier golpe. Pero las pequeñas empresas no. A ellas, cada nuevo coste —sea un impuesto, una cotización o un aumento salarial— les suena como un martillazo en los cimientos.
Y cuando los cimientos se resquebrajan, no cae un despacho ministerial. Cae un bar del barrio, una tienda de toda la vida o un pequeño taller. Y con ellos, los empleos que sostenían.
Entre el sueldo digno y la empresa viable no debería haber una guerra. Debería haber un punto de encuentro. Porque solo cuando ambos lados de la balanza se sostienen mutuamente, la economía puede avanzar sin romperse.
