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martes, 6 de octubre de 2026

¿Quién pagará mañana el Estado del bienestar?

Una reflexión ante las elecciones del 29 de noviembre

Se acercan las elecciones y, como suele ocurrir en estas fechas, comenzaremos a escuchar muchas promesas.

Subir las pensiones.
Mejorar la sanidad.
Reducir impuestos.
Aumentar las ayudas.
Construir viviendas.
Mejorar la educación.
Crear empleo.
Proteger a los más vulnerables.

Todas ellas son propuestas que, individualmente, pueden resultar atractivas. El problema aparece cuando intentamos ponerlas juntas sobre una misma mesa y hacemos una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate:

¿Cuánto cuesta todo esto y cómo pensamos pagarlo?

Porque España no parte de una situación en la que las cuentas públicas estén saneadas y dispongamos de un enorme margen para elegir.

La deuda pública española se situó al finalizar 2025 en torno a 1,7 billones de euros, aproximadamente el 100,7 % del PIB, según los datos del Banco de España.

Dicho de una manera más sencilla: debemos una cantidad aproximadamente equivalente a todo lo que produce España durante un año entero.

Esto no significa que España esté en quiebra ni que haya que salir corriendo a recortar pensiones, sanidad o educación.

Pero sí significa algo que deberíamos tener presente cuando escuchemos las promesas electorales: el dinero público no es infinito.


¿Significa esto que hay que recortar el Estado del bienestar?

No necesariamente.

Y aquí es donde creo que el debate suele equivocarse.

Cuando se habla de controlar el gasto público, inmediatamente aparece la acusación de que alguien quiere "recortar el Estado del bienestar".

Pero controlar el gasto no significa necesariamente eliminar servicios públicos.

También puede significar preguntarnos si todo el dinero que gastamos está consiguiendo el resultado que debería conseguir.

¿Hay gastos que podrían eliminarse sin perjudicar a los ciudadanos?

¿Hay organismos o estructuras que podrían funcionar con menos coste?

¿Existen subvenciones que ya no tienen sentido?

¿Se podrían gestionar determinados servicios de manera más eficiente?

¿Estamos obteniendo por cada euro público el resultado que deberíamos?

Y, sobre todo:

¿qué gastos serán imprescindibles dentro de diez, veinte o treinta años?

Porque ahí aparece un problema que no podemos solucionar mirando solamente al próximo presupuesto.


El problema que viene: cada vez habrá más personas mayores

España está envejeciendo.

Y esto tiene consecuencias enormes para las cuentas públicas.

Habrá que pagar pensiones durante más años.

Habrá más necesidades sanitarias.

Habrá más demanda de servicios de dependencia y cuidados.

Y, al mismo tiempo, tendremos que conseguir suficientes trabajadores y suficientes cotizaciones para financiar todo ello.

La AIReF ha advertido precisamente sobre esta presión demográfica y proyecta un aumento significativo del peso del gasto en pensiones en las próximas décadas.

Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas.

Es una cuestión matemática.

Y las matemáticas tienen la desagradable costumbre de no cambiar porque nos guste más o menos el resultado.


Entonces, ¿qué hacemos?

Aquí es donde me gustaría que comenzara el verdadero debate electoral.

Porque existen varias posibilidades.

Podemos intentar aumentar los ingresos.

Podemos intentar hacer crecer más la economía.

Podemos intentar aumentar el empleo y la productividad.

Podemos revisar gastos y eliminar aquellos que aporten poco.

Podemos reformar determinados servicios para hacerlos más eficientes.

Podemos modificar impuestos.

Podemos modificar prestaciones.

Podemos combinar varias de estas medidas.

Pero cada una tiene consecuencias.

Y eso es precisamente lo que deberíamos exigir a nuestros políticos:

No solamente que nos digan qué van a hacer, sino cuánto costará, cómo lo financiarán y qué consecuencias tendrá.


Porque también existe otra forma de recortar

Hay algo que a veces olvidamos.

Cuando hablamos de "recortar pensiones", normalmente pensamos en anunciar una reducción de las pensiones.

Pero existe otra manera mucho menos visible de reducir el poder adquisitivo:

hacer que las prestaciones crezcan durante años menos que el coste de la vida.

Lo mismo ocurre con los salarios, las ayudas o cualquier ingreso fijo.

Por eso, cuando un partido prometa mantener o aumentar una determinada prestación, sería interesante conocer algo más que el porcentaje de subida.

Deberíamos preguntar:

¿cómo evolucionará respecto a la inflación?

Porque cobrar un 2 % más no significa necesariamente tener más capacidad de compra si los precios han aumentado un 4 %.


Y aquí llegamos a una cuestión incómoda

Supongamos que un nuevo Gobierno llega a La Moncloa y descubre que necesita reducir el déficit.

Tiene dos caminos muy sencillos de explicar.

Puede aumentar los ingresos.

O puede reducir los gastos.

O puede hacer ambas cosas.

Pero ninguna de las tres opciones es políticamente gratis.

Si sube impuestos, alguien pagará más.

Si reduce gastos, alguien perderá una prestación, una subvención, un servicio o una parte de la financiación.

Y si decide no hacer ninguna de las dos cosas y continúa aumentando la deuda, también habrá un coste: habrá que pagar esa deuda y sus intereses en el futuro.

La cuestión, por tanto, no es si existe una solución sin coste.

La cuestión es:

¿Quién asumirá el coste y cuándo?


Quizá deberíamos cambiar la manera de votar

No me refiero a cambiar la papeleta.

Me refiero a cambiar las preguntas que hacemos antes de introducirla en la urna.

Durante una campaña electoral es relativamente sencillo decir:

"Vamos a mejorar las pensiones".

Mucho más interesante sería preguntar:

¿Cuánto costará?

"Vamos a mejorar la sanidad".

¿Con qué presupuesto?

"Vamos a construir vivienda".

¿Cuántas viviendas, en cuánto tiempo y con qué financiación?

"Vamos a bajar impuestos".

¿Cuánto dejará de ingresar el Estado y qué gasto se reducirá para compensarlo?

"Vamos a aumentar las ayudas".

¿Cuánto costarán anualmente cuando estén plenamente implantadas?

Y hay una pregunta que considero especialmente importante:

¿Qué ocurrirá con esas medidas si sus previsiones económicas no se cumplen?

Porque hacer un programa suponiendo que la economía crecerá mucho, que aumentará el empleo y que los ingresos fiscales crecerán rápidamente es relativamente sencillo.

Lo difícil es explicar qué ocurrirá si no sucede.


Ideología o ideas

Durante las próximas semanas veremos probablemente algo que ocurre en prácticamente todas las elecciones.

Personas que votarán a un partido porque se sienten identificadas con él.

Personas que votarán contra otro partido.

Personas que defenderán sus siglas antes incluso de conocer las propuestas.

Y otras que intentarán comparar.

Todas esas actitudes forman parte de la democracia.

Pero quizá deberíamos intentar hacer un pequeño esfuerzo adicional.

No confundir nuestras ideas con las siglas que las representan.

Un partido puede defender una propuesta que nos guste y otra que nos parezca equivocada.

Otro partido puede defender una medida que inicialmente rechazamos y, sin embargo, presentar argumentos que nos hagan cambiar de opinión.

Y eso no debería ser una derrota.

Cambiar de opinión después de conocer mejor los datos no es falta de convicción. Es precisamente una de las consecuencias de pensar.


La pregunta que debería acompañar a estas elecciones

No sé todavía qué propuestas concretas presentará cada partido para las elecciones del 29 de noviembre, ni si todos tendrán sus programas definitivos publicados.

Pero sí sé qué me gustaría encontrar cuando los publiquen.

No solamente una lista de buenas intenciones.

Me gustaría encontrar números.

¿Cuánto costará cada medida?

¿Cuánto se espera recaudar?

¿Cuánto se pretende ahorrar?

¿Qué crecimiento económico se presupone?

¿Qué ocurrirá con la deuda?

¿Cómo evolucionará el gasto en pensiones?

¿Qué pasará si las previsiones no se cumplen?

Y, sobre todo:

¿Cómo piensa cada candidato mantener el Estado del bienestar dentro de veinte años?

Porque probablemente esta sea una de las preguntas más importantes de estas elecciones.

No se trata de elegir entre Estado del bienestar y austeridad.

Se trata de conseguir que el Estado del bienestar sea sostenible.

Y para conseguirlo quizá tengamos que aceptar una idea que no suele gustar demasiado en campaña electoral:

**Prometer es fácil. Pagarlo es lo difícil.**

Y quizá esta vez, antes de decidir nuestro voto, deberíamos dedicar menos tiempo a escuchar lo que queremos oír y un poco más a preguntar:

"¿Me puede explicar cómo piensa hacerlo?"

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