Programa de Fiestas San Pascual 2026

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Canarias, escala sanitaria… ¿o simple sala de tránsito?

Hay decisiones políticas que a pesar de la urgencia que reclaman, necesitan ser pensadas, analizadas, y desarrolladas tras escuchar a todas las partes implicadas. Un decisión rápida no implica que sea eficaz y a la postre muestran unas contradicciones difícil de explicar. El caso del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y retenido frente a Cabo Verde, empieza a parecerse mucho a eso.

El Gobierno español, en una decisión quizá demasiado apresurada, justificó la llegada del barco a Canarias apelando al “espíritu humanitario” y a que las islas eran “el lugar más próximo con capacidades” para gestionar una emergencia sanitaria de este tipo.

Hasta ahí, el argumento parecía razonable: si existe riesgo epidemiológico y Cabo Verde no dispone de medios suficientes, Canarias cuenta con hospitales, protocolos, aislamiento y capacidad logística. Nadie discute que España tenga recursos sanitarios infinitamente superiores a los de un pequeño estado africano.

Pero las noticias conocidas en las últimas horas introducen una pregunta incómoda: si los pasajeros no van a ser tratados en Canarias, ni ingresados, ni siquiera mezclados con la población local, ¿para qué sirve realmente la escala?

El protocolo diseñado por las autoridades españolas y europeas establece que el barco ni siquiera atracará en puerto. Permanecerá fondeado frente a Tenerife, los pasajeros serán trasladados en grupos aislados mediante embarcaciones auxiliares y, desde allí, llevados directamente al aeropuerto para embarcar rumbo a sus respectivos países.

Es decir: Canarias no actuaría como centro sanitario operativo, sino como mero punto de tránsito aeroportuario.

Y ahí aparece la contradicción.

Porque si el objetivo final es simplemente trasladar pasajeros desde un barco a un avión, cuesta entender por qué Cabo Verde —donde el crucero ya estaba fondeado— no podía realizar exactamente esa misma operación bajo supervisión internacional.

De hecho, el propio Ministerio de Sanidad español sostuvo inicialmente que los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo podían evacuarse directamente en Cabo Verde, evitando la escala en Canarias salvo empeoramiento de la situación clínica.

Eso es lo verdaderamente llamativo de todo este episodio: la explicación oficial ha ido cambiando según avanzaban las horas.

Primero se habló de necesidad sanitaria urgente. Luego de asistencia humanitaria imprescindible. Y finalmente descubrimos que la mayoría de los pasajeros simplemente cruzarán Canarias encapsulados camino del aeropuerto.

No parece una crítica a la ayuda humanitaria —que es obligada y lógica—, sino a la inconsistencia política y comunicativa con la que se ha gestionado el asunto.

Porque si Canarias dispone de recursos excepcionales para tratar una emergencia epidemiológica, lo coherente sería utilizarlos realmente. Y si esos recursos no van a emplearse más allá de un corredor logístico blindado, entonces quizá la cuestión nunca fue sanitaria, sino diplomática y política.

La realidad es que España ha terminado asumiendo un problema internacional que otros países preferían mantener lejos de sus puertos. Cabo Verde evitó el desembarco. Marruecos llegó a rechazar operaciones vinculadas a evacuaciones médicas. Y finalmente ha sido Canarias quien absorbe el coste político, mediático y social de una operación que, según el propio protocolo anunciado, intenta precisamente evitar cualquier contacto real con el territorio.

En otras palabras: se moviliza un enorme dispositivo sanitario para una operación diseñada para que casi nadie utilice la sanidad canaria.

Y eso deja una sensación difícil de ignorar: quizá Canarias no ha sido elegida por ser el mejor lugar para tratar a los afectados, sino simplemente porque era el único lugar dispuesto a asumir el problema.

Por otra parte, los cinco días de navegación desde Cabo Verde a nuestras islas, supone cinco días más de riesgo de contagio para los pasajeros y tripulantes; y cinco días de retraso en la repatriación de los infectados a sus países de origen, donde beberán ser tratados y/o aislados para impedir la expansión del virus.

En fin, a mi corto entender, una chapuza más de nuestro Gobierno.

¿Quién se aprovecha de quién? Empresarios, trabajadores y el eterno debate tramposo

En las redes sociales hay discusiones que no buscan respuestas, sino trincheras. Una de las más recurrentes es esa de: ¿quién aporta más a la sociedad, el empresario o el trabajador? Y, como era de esperar, cada cual defiende su bando con la pasión de quien cree tener toda la razón… y ninguna duda.

Pero quizá el problema no está en la respuesta. Quizá está en la pregunta.

Porque plantearlo en términos de “quién aporta más” o “quién se beneficia más” es, en el fondo, una simplificación que no aguanta dos minutos de reflexión seria. Es como discutir qué es más importante en un coche: el motor o las ruedas. Pruebe usted a circular sin uno de los dos y verá lo lejos que llega.

El empresario pone el capital, asume el riesgo, toma decisiones y, en muchos casos, se juega su patrimonio y su tranquilidad. No es poca cosa. Sin esa figura, no hay empresa que nazca.

El trabajador, por su parte, pone su tiempo, su esfuerzo y, sobre todo, su capacidad de hacer que las cosas funcionen. Porque una idea sin ejecución es humo, y una empresa sin trabajadores es poco más que un papel con buenas intenciones.

Hasta aquí, el discurso es bastante obvio. Pero el debate no se queda ahí. Lo interesante viene cuando se pasa de la creación de valor… al reparto de ese valor.

Y ahí es donde empiezan las fricciones.

Porque una cosa es que ambos sean necesarios —que lo son— y otra muy distinta es cómo se reparte lo que generan juntos. Y en ese reparto, no siempre gana el que más aporta, sino el que tiene más capacidad de negociación.

Dicho de forma más clara: no es solo economía, es poder.

En una pequeña empresa que sobrevive como puede, el empresario muchas veces cobra menos que sus empleados y vive con la incertidumbre permanente de no saber si llegará a fin de mes. En ese contexto, hablar de “explotador” suena, como mínimo, exagerado.

Pero en grandes corporaciones, donde los beneficios se cuentan en millones mientras los salarios apenas avanzan, la percepción cambia. Y con razón. Porque cuando el capital se concentra, también lo hace la capacidad de quedarse con una porción mayor del pastel.

Entonces, ¿quién se beneficia más?

La respuesta incómoda es: depende.

Depende del sector, del tamaño de la empresa, del mercado laboral, de la regulación, de si hay o no negociación colectiva… En definitiva, depende del equilibrio de fuerzas.

Lo que sí parece claro es que no estamos ante una relación de “uno gana, otro pierde” de forma automática. Empresarios y trabajadores no son enemigos naturales. Son, más bien, socios obligados en una relación donde cooperan para crear riqueza… y compiten para repartírsela.

Y esa tensión no es un fallo del sistema. Es el sistema.

Por eso, cuando alguien intenta simplificar el debate en buenos y malos, en explotadores y explotados, o en héroes del riesgo frente a víctimas del capital, conviene desconfiar. La realidad suele ser menos épica y bastante más compleja.

Quizá la conclusión más honesta sea esta: sin empresarios no hay empresas, pero sin trabajadores no hay negocio. Y entre ambos, lo que hay no es una guerra, sino un equilibrio inestable que se renegocia constantemente.

La pescadilla, efectivamente, se muerde la cola.

Y mientras tanto, en redes, seguimos discutiendo quién es el pez.

Vilabici: gastar por gastar… o pensar un poco

Hay proyectos municipales que parecen condenados a vivir eternamente en fase de “ahora sí”. En Villarreal tenemos uno de manual: el famoso servicio de bicicletas públicas, llámese Vilabici, Bicivila o como toque este año.

Años de anuncios, partidas presupuestarias, promesas de relanzamiento… y un resultado que, siendo generosos, podríamos calificar de discreto. Siendo realistas: inexistente.

Y, sin embargo, ahí sigue. Como esos electrodomésticos que no funcionan pero seguimos enchufando por si acaso.

Ahora, con los nuevos presupuestos, vuelve la idea de “darle un impulso”. Traducido al castellano: más dinero público para un modelo que no ha demostrado funcionar.

La pregunta es inevitable: ¿de verdad el problema es que no se ha gastado suficiente?

Quizá el error no está en la ejecución, sino en el planteamiento.

En lugar de insistir en un sistema de bicicletas públicas que requiere:

• compra de flota,

• instalación de bases,

• mantenimiento continuo,

• gestión externalizada,

¿por qué no darle la vuelta al modelo?

Propongo algo mucho más sencillo: destinar ese mismo presupuesto a financiar la compra de bicicletas a los vecinos, con una condición clara: que se adquieran en comercios y talleres de Villarreal.

¿Qué se conseguiría?

Primero, lo evidente:

el dinero se quedaría en el pueblo. No se iría a grandes empresas concesionarias, sino que alimentaría directamente al pequeño comercio local.

Segundo:

se incentivaría la actividad económica real. Más ventas, más reparaciones, más talleres. Incluso la posibilidad de que nuevos negocios abran.

Tercero:

se acabaría el agujero del mantenimiento público. La bicicleta, una vez adquirida, pasa a ser responsabilidad del usuario.

Y cuarto, no menos importante:

la gente cuida lo que es suyo. No es lo mismo una bici “de todos” que, en la práctica, no es de nadie, que una pagada con tu dinero.

Una financiación con sentido común

Evidentemente, no se trata de regalar bicicletas.

El comprador debería asumir una parte del coste. Lo suficiente como para garantizar que quien la adquiere realmente la quiere y la va a usar.

Para quienes no puedan afrontar ni siquiera ese importe, el Ayuntamiento podría facilitar un sistema de microcréditos a bajo interés, con devolución en cuotas asumibles.

Es decir: ayuda, sí. Pero con responsabilidad.

Menos foto y más eficacia

Frente a esto, el modelo actual insiste en lo de siempre: infraestructura, contratos, gestión externa… y resultados dudosos.

Porque el problema no es montar estaciones de bicicletas. El problema es conseguir que la gente use la bicicleta.

Y para eso, quizá sea más efectivo poner una bici en cada casa que una base vacía en cada esquina.

La gran pregunta

¿Queremos un servicio que salga bien en la foto… o una política que funcione de verdad?

Porque, a estas alturas, seguir invirtiendo en lo mismo esperando resultados distintos no es insistencia.

Es otra cosa.

Regularizar por decreto: legal, sí… pero no inocuo

En política hay decisiones que se discuten por su contenido, y otras —las más interesantes— que deberían discutirse por la forma en que se adoptan.

La reciente regularización masiva de inmigrantes pertenece a esta segunda categoría. No tanto por el qué, sino por el cómo.

Digo esto, porque el Gobierno ha aprobado una medida mediante un Real Decreto, es decir, una norma reglamentaria destinada a desarrollar una ley previa, en este caso la Ley Orgánica de Extranjería.

Esto encaja formalmente dentro del marco de la Constitución Española, no estamos, pues, ante un acto arbitrario ni fuera del sistema, pero tampoco ante una cuestión menor.

Pero, ¿hasta dónde llega un reglamento?

Aquí es donde empieza el verdadero debate, y conviene formularlo con precisión jurídica:

Un Real Decreto puede desarrollar una ley, lo que no puede es sustituirla.

Es decir:

• Puede concretar procedimientos.

• Puede ajustar requisitos.

• Puede ordenar la aplicación práctica.

Pero no debería:

• Alterar el contenido esencial de la ley.

• Ni crear, de facto, un nuevo marco jurídico de amplio alcance.

Cuando una norma reglamentaria se acerca a ese terreno, entra en lo que los juristas llaman “exceso reglamentario”.

Y eso ya no es una cuestión de opinión, sino de legalidad.

Hay además un punto que, sin hacer ruido, resulta especialmente relevante: la capacidad real de control en procesos de regularización de gran escala.

En teoría, el sistema exige:

• acreditación de residencia,

• ausencia de antecedentes penales,

• y cumplimiento de determinados requisitos administrativos.

Pero cuando el volumen de expedientes es muy elevado, surge una duda legítima: ¿Puede la Administración verificar con el mismo rigor cada caso?

No se trata de afirmar que no se haga, sino de plantear una cuestión práctica:

• la fiabilidad de documentos procedentes de terceros países,

• la coordinación entre administraciones,

• y la propia capacidad material de revisión.

En este contexto, el riesgo no es tanto jurídico como operativo: que el control exista sobre el papel, pero resulte difícil de garantizar con la misma intensidad en la práctica.

Y eso afecta directamente a la credibilidad del sistema.

La regularización de un volumen significativo de población extranjera no es un detalle técnico.

Tiene efectos en:

• el mercado laboral,

• las cotizaciones,

• los servicios públicos,

• y la propia política migratoria.

Por eso surge una duda razonable, no ideológica, sino institucional: ¿Una decisión de este alcance debería canalizarse solo por vía reglamentaria?

Plantearlo no es cuestionar la medida en sí, sino el nivel de control democrático al que se somete.

¿De verdad corre tanta prisa la regularización? ¿No puede hacerse de manera continuada y segura, en lugar de acelerada y sin garantías? 

Al no tratarse de una ley ni de un Real Decreto-ley, no ha pasado por el Congreso.

Eso no lo invalida, pero sí desplaza el control a otro lugar: los tribunales.

Será el Tribunal Supremo quien, en su caso, determine si el Gobierno se ha mantenido dentro de los límites del desarrollo reglamentario o si los ha sobrepasado.

Y conviene subrayarlo: esto no lo decidirá el debate político, sino el criterio jurídico.

Más allá del resultado judicial, hay una consecuencia menos visible, pero más duradera: el precedente.

Si una medida de gran alcance puede adoptarse mediante reglamento, el mensaje implícito es claro: no todo lo relevante necesita pasar por el Parlamento.

No es una ruptura del sistema, pero sí una forma de desplazar su centro de gravedad.

Y eso, en democracia, nunca es neutro.

Cada lector tendrá su posición sobre la regularización.

Es legítimo, pero hay una cuestión previa que merece más atención de la que suele recibir: ¿Dónde deben tomarse las decisiones importantes?

Porque una democracia no se define solo por lo que decide, sino por cómo decide, y entre el boletín oficial y el debate parlamentario hay algo más que un trámite: hay un modelo de país.

La Guerra Civil explicada sin gritar (y sin repartir carnés de buenos y malos)

En España, hablar de la Guerra Civil Española es una actividad de riesgo. No por lo que pasó —que también—, sino por lo que pasa hoy: en cuanto abres la boca, alguien decide en qué bando estás.

Es curioso, porque han pasado casi noventa años, pero hay quien opina con una seguridad que ni los protagonistas de entonces.

Si uno se toma la molestia de leer a historiadores como Pierre Vilar, descubre algo incómodo: que aquello no fue una película de buenos y malos, sino un país lleno de problemas que nadie supo arreglar.

Había desigualdad, tensiones sociales, miedo, orgullo… y bastante torpeza colectiva.

Luego vino la Segunda República Española, que intentó cambiar las cosas. Pero pasó lo que suele pasar en España: para unos era demasiado, para otros demasiado poco. O sea, el consenso duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.

El historiador Santos Juliá lo explicaba de forma más fina: el problema fue que dejamos de ver al otro como adversario y empezamos a verlo como enemigo. Y cuando eso ocurre, discutir ya no sirve; solo queda imponerse.

Y ahí entra Paul Preston, que añade un detalle nada menor: hubo quienes, en vez de aguantar el tirón, decidieron romper la baraja. El golpe militar de 1936, con figuras como Francisco Franco, no cayó del cielo, pero tampoco era la única salida.

Fue, digamos, la peor.

Así que no, la Guerra Civil no fue inevitable. Pero tampoco fue un accidente sin explicación. Fue más bien el resultado de hacer muchas cosas mal… durante demasiado tiempo.

Lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que hoy, desde el sofá y con wifi, haya quien simplifique todo aquello en un eslogan de trinchera, como si la historia cupiera en un tuit y medio.

Quizá el verdadero problema no sea lo que pasó en 1936, sino lo poco que hemos aprendido desde entonces.

Porque si algo enseña la historia —cuando se quiere escuchar— es que los países no se rompen de un día para otro. Se van rompiendo poco a poco… mientras cada uno está convencido de que tiene toda la razón.

Y en eso, conviene reconocerlo, seguimos siendo bastante españoles.

La trinchera del pasado

Hay algo inquietante en el ambiente que respiramos últimamente. No es nuevo, pero sí cada vez más intenso: una especie de competición por ver quién rescata la imagen más hiriente, el texto más incendiario, el episodio más oscuro de nuestra historia reciente. Como si remover constantemente las cenizas fuese a darnos calor, y no precisamente lo contrario.

La Guerra Civil fue una tragedia colectiva. Lo fue para unos y para otros. Y, sin embargo, da la impresión de que algunos se empeñan en utilizarla como arma arrojadiza en el presente, como si los españoles de hoy tuviéramos cuentas pendientes que saldar por hechos que no vivimos, decisiones que no tomamos y odios que no sembramos.

Se lanzan fotos, recortes, consignas… pero no se construye nada. Al contrario: se alimenta una crispación artificial que acaba calando en la sociedad real, en vecinos, en familias, en personas que hasta ayer convivían sin necesidad de mirarse con recelo.

Y es aquí donde conviene recordar algo que parece haberse olvidado: lo más valioso que hemos sido capaces de hacer como país en el último siglo no fue ganar una guerra, sino cerrar sus heridas. La Transición no fue perfecta —nada humano lo es—, pero sí fue un ejercicio admirable de renuncia, de generosidad y, sobre todo, de sentido común. Supimos, entre todos, priorizar la convivencia sobre la revancha.

Por eso resulta tan desconcertante ver cómo, desde distintos ámbitos, se dinamita ese espíritu. Como si la paz lograda fuese un estorbo y no un logro. Como si la reconciliación fuese sospechosa y la confrontación, en cambio, rentable.

Reparar lo reparable, sí. Reconocer errores, también. Pero convertir el pasado en un campo de batalla permanente es, sencillamente, irresponsable. Porque las consecuencias no las pagan quienes lanzan los mensajes, sino quienes los reciben y acaban enfrentados sin saber muy bien por qué.

Tal vez ha llegado el momento de exigir un poco más de altura. Menos ruido, menos consigna y más voluntad de convivencia. Porque si algo nos enseñó nuestra historia es precisamente lo que ocurre cuando dejamos de vernos como ciudadanos y empezamos a tratarnos como enemigos.

Y sinceramente, ya deberíamos haber aprendido la lección.

Sanidad gratuita universal: cuando la razón y la conciencia no se ponen de acuerdo

Hay debates que no se resuelven con datos, ni con estadísticas, ni siquiera con ideología. Hay debates que se instalan incómodamente en ese terreno donde chocan la cabeza y el corazón. Este es uno de ellos.

Porque, si uno se detiene a pensar fríamente, la razón parece bastante clara: los servicios públicos no nacen de la nada. Se sostienen con el esfuerzo, los impuestos y, en definitiva, el trabajo de generaciones que han contribuido a construir un sistema que hoy damos por hecho. Desde esta óptica, no parece justo que cualquier persona, independientemente de su situación legal o de si ha contribuido o no, tenga acceso automático a los mismos derechos que quienes han sostenido el sistema durante años.

La lógica económica —y también la política, si se quiere— introduce además otro elemento incómodo: el efecto llamada. Si un país ofrece acceso universal sin condiciones a servicios costosos como la sanidad, ¿no puede convertirse eso en un incentivo adicional para quienes buscan mejorar su situación, aunque sea al margen de los cauces legales? No se trata de demonizar a nadie, sino de reconocer que las decisiones públicas generan consecuencias, muchas veces no deseadas.

Desde esta perspectiva, surge una idea que no es nueva: la solidaridad, para ser verdaderamente moral, debería ser voluntaria. La caridad impuesta deja de ser caridad y se convierte en obligación. Y cuando el Estado decide por todos cuánto, cómo y a quién debemos ayudar, cabe preguntarse si no se está desdibujando la responsabilidad individual y el sentido mismo de la generosidad.

Hasta aquí, la razón.

Pero entonces aparece la conciencia.

Y la conciencia, al menos en mi caso, no entiende de balances ni de incentivos. La conciencia no acepta que una persona enferma, vulnerable o en situación límite quede desatendida por no cumplir un requisito administrativo o por no haber cotizado lo suficiente. La conciencia no distingue entre contribuyentes y no contribuyentes cuando hay sufrimiento de por medio.

Porque, al final, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que mide cada derecho en función de lo aportado o una que, en determinados ámbitos, coloca la dignidad humana por encima de cualquier cálculo?

Aquí es donde el conflicto se vuelve real. Porque no estamos hablando de una disyuntiva sencilla entre el bien y el mal, sino de dos principios legítimos que chocan frontalmente: la justicia distributiva y la compasión humana.

Y no es fácil reconciliarlos.

Uno puede entender —y compartir— que un sistema tiene límites, que no todo es sostenible y que las decisiones deben tener en cuenta recursos finitos. Pero también cuesta aceptar que esos límites se traduzcan en dejar fuera a quien más lo necesita en un momento crítico.

Al final, este dilema no lo resuelve el ciudadano de a pie. No puede hacerlo. Porque, en la práctica, no decidimos individualmente a quién se atiende en un hospital o quién tiene derecho a una prestación. Esa responsabilidad recae en el Gobierno, que es quien diseña las reglas del juego.

Y ahí surge la gran pregunta: ¿debe el Gobierno actuar guiado exclusivamente por criterios técnicos —sostenibilidad, eficiencia, control del gasto— o debe incorporar también criterios humanos, aunque estos tensionen el sistema?

Probablemente no haya una respuesta única. Probablemente haya tantas respuestas como ciudadanos. Algunos priorizarán la equidad del sistema; otros, la humanidad del mismo.

Lo que sí parece evidente es que este es un debate necesario. Incómodo, sí. Complejo, también. Pero imprescindible si queremos mirar de frente a las consecuencias de nuestras decisiones colectivas.

Porque, en el fondo, no estamos discutiendo solo sobre sanidad. Estamos discutiendo sobre qué entendemos por justicia, por solidaridad y, en última instancia, por sociedad.

Y en ese terreno, como casi siempre, no hay verdades absolutas. Solo preguntas que merece la pena hacerse.

La vida no se defiende con eslóganes

A raíz del caso de Noelia —convertido ya en bandera para unos y en motivo de alarma para otros— vuelve a instalarse en la sociedad un debate incómodo, profundo y, a menudo, mal enfocado: el de la eutanasia. Como casi siempre, se nos empuja a elegir entre dos trincheras simplistas: el derecho a morir frente al deber de preservar la vida. Y en medio, como tantas veces, se pierde lo esencial.

Porque esto no va de consignas. Va de personas.

Quienes defendemos una posición clara a favor de la vida no lo hacemos desde la frialdad ni desde un moralismo abstracto. No hablamos de imponer sufrimiento ni de prolongar el dolor a cualquier precio. Al contrario: hablamos de algo mucho más exigente. Hablamos de responsabilidad colectiva.

Una sociedad digna no es la que ofrece la muerte como solución al sufrimiento, sino la que se compromete de verdad a combatir ese sufrimiento en todas sus formas.

Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo de verdad.

Porque aliviar el dolor físico requiere recursos. Muchos. Cuidados paliativos accesibles, bien financiados y con profesionales suficientes. No discursos: inversión.

Pero aún más difícil es abordar el dolor emocional y el psicológico. La soledad, el abandono, la sensación de ser una carga, la pérdida de sentido. Ese territorio no se arregla con leyes rápidas ni con titulares. Exige tiempo, cercanía, comunidad. Exige que alguien esté ahí.

Y todavía hay otro plano del que casi nadie habla: el económico. ¿Cuántas decisiones desesperadas están condicionadas por la precariedad, por la falta de apoyo, por el miedo a arruinar a la familia? Defender la vida también significa garantizar que nadie se vea empujado a elegir la muerte porque vivir se ha vuelto inviable.

Por eso resulta inquietante que, como sociedad, avancemos más deprisa en regular cómo morir que en asegurar cómo vivir con dignidad hasta el final.

No se trata de negar la autonomía personal ni de ignorar casos extremos. Se trata de preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible antes de llegar ahí. Si realmente hemos puesto sobre la mesa todas las alternativas humanas, médicas, sociales y económicas que una persona necesita para no sentirse sola frente al abismo.

Porque cuando alguien pide morir, muchas veces lo que está pidiendo —aunque no siempre lo exprese así— es dejar de sufrir.

Y ahí es donde nos la jugamos como sociedad.

Defender la vida no es un eslogan bonito. Es una tarea incómoda, costosa y continua. Implica estar, acompañar, cuidar, sostener. Implica mirar a los ojos a quien sufre y no apartar la vista.

Lo fácil es legislar sobre el final. Lo difícil es comprometerse con el camino.

Si de verdad queremos ser una sociedad que ampare la vida, no basta con palabras grandilocuentes ni con debates ideológicos. Hace falta acción. Hace falta presencia. Hace falta humanidad.

Y eso, hoy por hoy, sigue siendo lo más urgente.

Fútbol sin prisa: una oportunidad perdida en Villarreal

Ayer por la mañana, con ese sol amable que invita más a salir que a quedarse en casa, pasé por delante del Centre Esportiu Municipal. Instalaciones impecables, amplias, bien cuidadas… y completamente vacías. Ni un balón rodando. Ni una voz. Ni un solo indicio de vida.

Y no pude evitar hacer una comparación que, cuanto más la pienso, más sentido tiene.

Los ciclistas jubilados —entre los que me incluyo— no necesitamos que nadie nos empuje demasiado para salir. Nos organizamos, quedamos, rodamos en grupo, hablamos, reímos y, casi sin darnos cuenta, hacemos ejercicio, socializamos y le plantamos cara al paso del tiempo. Hay disciplina, sí, pero también hay rutina compartida. Y eso es clave.

Sin embargo, los aficionados al fútbol, que son muchos más, desaparecen del mapa deportivo en cuanto cuelgan las botas “oficialmente”. ¿Por qué?

No será por falta de instalaciones. Ahí están, como vi ayer: disponibles, infrautilizadas, esperando.

Tampoco será por falta de afición. En Villarreal, el fútbol no es solo un deporte, es casi una identidad.

La respuesta, probablemente, está en cómo entendemos el fútbol. Lo asociamos a la competición, al esfuerzo intenso, al choque, a la exigencia física. Y claro, llegado cierto momento, muchos piensan: “esto ya no es para mí”.

Pero esa visión es limitada. Y, en cierto modo, injusta.

Porque el fútbol también puede ser otra cosa.

Puede ser pasear el balón, hacer rondos, chutar suavemente a portería, esquivar conos, moverse sin prisas. Puede ser, en definitiva, una actividad adaptada, sin impacto, sin riesgo innecesario, pero con todos los beneficios: ejercicio moderado, coordinación, estímulo mental… y, sobre todo, compañía.

¿De verdad no merece la pena intentarlo?

Aquí es donde entra en juego el Ayuntamiento. No se trata de grandes inversiones ni de proyectos faraónicos. Basta con algo mucho más sencillo —y, precisamente por eso, más eficaz—: abrir las instalaciones municipales en horarios específicos para mayores, promover encuentros informales, quizá con algún monitor que oriente ejercicios básicos, y lanzar el mensaje de que el fútbol también es para la tercera edad.

Sin presión. Sin marcadores. Sin lesiones.

Solo balón, movimiento y conversación.

En una sociedad donde tanto se habla —y con razón— de combatir la soledad no deseada, esta podría ser una medida tan humilde como transformadora. Porque no todo pasa por grandes programas sociales: a veces basta con facilitar que la gente se encuentre.

Que salga de casa.

Que tenga un motivo.

Ayer, en ese campo vacío, no vi solo una instalación sin uso. Vi una oportunidad.

Una oportunidad para que muchos vecinos recuperen una parte de su vida que creían perdida.

Una oportunidad para que Villarreal vuelva a llenarse de balones… aunque rueden más despacio.

Y una oportunidad para que el Ayuntamiento demuestre que entiende algo fundamental: que envejecer no es parar, sino adaptarse.

El resto, como siempre, depende de que alguien decida dar el primer pase.

El triángulo que algunos prefieren no mirar

En economía hay una idea muy sencilla que, curiosamente, casi nunca aparece cuando se habla de salarios, jornadas laborales o precios. Y sin embargo explica muchas cosas.

Es lo que algunos llaman el triángulo de la producción: tres factores que siempre están relacionados entre sí y que determinan el coste de cualquier producto o servicio.

Los tres lados del triángulo son muy fáciles de entender:

• La calidad

• La cantidad

• El tiempo necesario para producir

La regla es igual de sencilla: no se pueden optimizar los tres a la vez.

Si queremos más calidad, normalmente aumenta el tiempo o el coste.

Si queremos producir mucho y rápido, la calidad suele resentirse.

Y si pretendemos que algo sea excelente, rápido y barato al mismo tiempo… probablemente estamos pidiendo un milagro.

Los artesanos lo saben desde hace siglos y lo resumen con una frase muy conocida:

“Bueno, bonito y barato: elija dos.”

Pongamos un ejemplo sencillo.

Si encargamos una mesa a un carpintero podemos pedir tres cosas: madera maciza, acabados perfectos y entrega en una semana. El carpintero seguramente dirá que sí… pero el precio nos hará sudar.

Si queremos la misma calidad pero más barata, nos tocará esperar varios meses.

Y si la queremos barata y rápida, lo más probable es que sea de tablero industrial y tornillos ocultos.

No es ideología. Es pura lógica económica.

Por eso resulta curioso escuchar ciertos debates actuales donde parece que todo es tan simple como trabajar menos horas y cobrar más.

Ojalá fuera así de fácil.

El problema es que en cualquier empresa el principal coste suele ser el trabajo. Si suben los salarios y al mismo tiempo se reduce el número de horas trabajadas, solo hay tres maneras de compensarlo:

• subir los precios,

• reducir la calidad,

• o producir menos.

Existe una cuarta posibilidad, claro: aumentar la productividad. Es decir, producir más valor en menos tiempo gracias a tecnología, mejor organización o más capital.

Pero esa parte del debate suele ser la menos comentada, quizá porque es la más difícil.

Al final la economía se parece mucho a una mesa de tres patas: salarios, tiempo de trabajo y productividad.

Si alargamos una pata y acortamos otra sin reforzar la tercera, la mesa termina tambaleándose.

Además, basta mirar a nuestro alrededor para ver cómo funciona este triángulo en la vida real.

Pensemos en algo tan cercano como la hostelería. Durante años hemos estado orgullosos de poder sentarnos en una terraza, pedir un café o un menú del día y pagar bastante menos que en otros países europeos.

Pero ese “milagro” tenía una explicación muy sencilla: muchas horas de trabajo, salarios ajustados y una productividad limitada.

Ahora queremos que los sueldos suban (algo razonable), que las jornadas se reduzcan (algo comprensible) y que los precios sigan siendo los mismos (algo bastante más complicado).

Porque si el camarero trabaja menos horas, cobra más y el bar mantiene los mismos precios, la cuenta simplemente no sale.

El resultado ya lo estamos viendo poco a poco: menús más caros, menos personal o establecimientos que directamente no encuentran trabajadores suficientes.

No es una conspiración empresarial. Es el mismo triángulo de siempre.

Los países que han conseguido trabajar menos horas y mantener salarios altos —como en el norte de Europa— no lo han hecho por decreto ni por entusiasmo parlamentario, sino porque producen mucho más valor por hora trabajada.

Es decir, porque han reforzado la tercera pata de la mesa: la productividad.

En economía, como en la carpintería, las mesas con tres patas funcionan muy bien…

siempre que las tres tengan la misma altura.

Cuando una se alarga por decreto y otra se acorta por deseo político, lo normal es que la mesa termine cojeando.

Y cuando la mesa económica cojea, ya sabemos quién acaba recogiendo los platos rotos.

Diplomacia: el noble arte de empeorar las cosas

Durante siglos, la diplomacia fue considerada un oficio sofisticado. Un diplomático era alguien capaz de decir “no” sin ofender, de negociar sin levantar la voz y, sobre todo, de evitar que los conflictos pasaran de las palabras a los hechos. Era el arte de arreglar problemas antes de que se convirtieran en catástrofes.

Hoy, viendo el panorama internacional —y también algunas decisiones que se toman más cerca de casa— uno diría que esa definición se ha extraviado en algún cajón ministerial.

Basta escuchar ciertas declaraciones oficiales, seguir algunos intercambios entre gobiernos o contemplar cómo se gestionan determinadas crisis para sospechar que la diplomacia contemporánea ha sido redefinida con criterios bastante más… creativos. En ocasiones parece que el objetivo no es resolver los problemas, sino añadirles un par más.

Tal vez algo así:

DIPLOMACIA

    Discutir

    Incompetentemente,

    Provocar

    Líos,

    Olvidar

    Modales,

    Arruinar

    Cualquier

    Intento de

    Acuerdo.

No es que falten diplomáticos, o sí. Lo que parece escasear es la diplomacia. En su lugar proliferan las declaraciones altisonantes, los gestos teatrales, los desplantes protocolarios y las frases pensadas más para las redes sociales que para resolver conflictos.

Desde Bruselas, donde a veces se habla mucho de consenso mientras cada país tira discretamente de la cuerda hacia su propio lado, hasta Moncloa, donde no siempre se distingue entre política exterior y política interior, el espectáculo de la diplomacia moderna ofrece momentos dignos de estudio… o de comedia.

Antes los diplomáticos hablaban poco y negociaban mucho. Hoy algunos hablan mucho… y negocian poco.

La diplomacia clásica buscaba enfriar tensiones; la versión actual, a veces, parece diseñada para calentarlas. Se confunde firmeza con ruido, liderazgo con gesticulación y estrategia con improvisación.

Quizá sea simplemente el signo de los tiempos: en la era de la política espectáculo, hasta la diplomacia corre el riesgo de convertirse en un número más del programa.

El problema es que, mientras los espectadores aplauden o abuchean desde sus pantallas, los conflictos reales siguen ahí fuera. Y esos, por desgracia, no se resuelven con aplausos ni con declaraciones ingeniosas.

Se resuelven con diplomacia.

La de verdad.

La que cada vez se echa más en falta.

Feria y fiestas de San Pascual - mayo 1964 - Villarreal

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España va bien… y debe como nunca

Hay algo que desconcierta a cualquiera que intente entender la economía sin consignas.

Unos nos dicen que España va como un cohete. Otros nos recuerdan que la deuda no deja de crecer. Y uno, ciudadano de a pie que paga impuestos y sufre los servicios públicos, se pregunta: ¿nos están tomando el pelo… o estoy mirando mal los números?

La respuesta incómoda es que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

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El país que crece

Cuando desde el Gobierno o desde determinados organismos se afirma que “España va bien”, no es una frase lanzada al aire.

Se apoyan en datos reales:

• Crecimiento del PIB por encima de la media de la Unión Europea en los últimos años.

• Récord de afiliación a la Seguridad Social.

• Turismo en cifras históricas.

• Llegada masiva de fondos europeos.

En términos macroeconómicos, España produce más que antes y tiene más gente trabajando que nunca.

Eso es cierto.

Pero el ciudadano no vive el PIB. Vive el ambulatorio saturado, el tren que no llega y la carretera que parece un queso gruyer.

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El país que se endeuda

Mientras el PIB crece, la deuda pública sigue aumentando en términos absolutos.

Aquí está la trampa estadística que casi nadie explica con claridad:

• Si la economía crece, la ratio deuda/PIB puede estabilizarse o incluso bajar un poco.

• Pero si el Estado sigue gastando más de lo que ingresa, la deuda total sigue creciendo.

Y España lleva años en déficit estructural. Es decir, incluso en tiempos de crecimiento, seguimos gastando más de lo que recaudamos.

Traducido: estamos viviendo razonablemente bien… pero a crédito.

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¿Por qué no se reduce la deuda en época de bonanza?

La teoría económica es sencilla:

En los años buenos se ahorra.

En los malos se tira de colchón.

Es lo que hace cualquier familia prudente.

El problema es que los gobiernos no funcionan como una familia, sino como una maquinaria electoral a cuatro años vista.

Reducir deuda implica:

1. Recortar gasto (impopular).

2. Subir impuestos (más impopular).

3. O crecer de forma extraordinaria sin disparar el gasto (poco habitual).

Recortar pensiones, sueldos públicos o estructuras administrativas tiene un coste político inmediato.

No hacerlo tiene un coste financiero diferido.

Y el político vive en el corto plazo.

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¿Entonces por qué no mejora la sensación en la calle?

Porque el crecimiento no se traduce automáticamente en mejor gestión.

Gran parte del gasto público está comprometido en partidas rígidas: pensiones, salarios públicos, prestaciones e intereses de deuda. Eso deja menos margen para inversión real en infraestructuras o mejora de servicios.

Además, el modelo territorial multiplica estructuras, duplicidades y capas administrativas. Cada nivel tiene su presupuesto, su aparato y sus prioridades.

El resultado es paradójico:

• Más gasto público que nunca.

• Más presión fiscal que hace diez años.

• Y, sin embargo, servicios que no mejoran al ritmo que el ciudadano esperaría.

No es necesariamente falta de dinero. Es estructura y prioridades.

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El papel del Banco Central

Otro factor que suaviza el problema es que, mientras los mercados sigan financiando la deuda española sin grandes sobresaltos y el Banco Central Europeo mantenga la estabilidad financiera, no hay sensación de urgencia.

Mientras el crédito fluya, la tentación de posponer ajustes es enorme.

Pero la historia económica enseña algo muy simple: las crisis no avisan con calendario.

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Entonces… ¿España va bien o va mal?

España no está en quiebra.

No es un país en colapso.

No estamos en 2012.

Pero tampoco es una economía saneada y blindada frente al próximo golpe externo.

La realidad es más incómoda que el titular fácil:

• Va razonablemente bien en crecimiento.

• Va débil en sostenibilidad fiscal.

• Y no está aprovechando los años buenos para reforzar cimientos.

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Lo que falla no es tu percepción

Falla el debate público.

Unos venden euforia permanente.

Otros anuncian ruina inminente.

Entre ambos extremos, el ciudadano percibe algo más sencillo: paga más, recibe servicios que no mejoran al mismo ritmo y escucha discursos triunfalistas que no encajan con su experiencia diaria.

No es ignorancia. Es disonancia entre macroeconomía y vida real.

Y esa disonancia, tarde o temprano, pasa factura política.

Porque la economía puede crecer.

Pero la paciencia del contribuyente no lo hace indefinidamente.

Y ahora Irán: cuando la geopolítica llama a la puerta de nuestra deuda

Como si no tuviéramos suficiente con una deuda pública que ronda el 100% del PIB, aparece un viejo fantasma de la economía mundial: Oriente Medio.

La tensión en Irán y el riesgo de cierre del Estrecho de Ormuz no es un conflicto lejano que solo afecte a los telediarios. Por ese estrecho pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Si se bloquea —aunque sea parcialmente— el impacto es inmediato: el petróleo sube, el gas sube y la inflación vuelve a asomar.

Y aquí es donde España entra en escena.

Energía más cara = inflación importada

España no compra petróleo a Irán, pero sí compra petróleo al mundo. Y el mundo fija precios globales. Si el barril se dispara a 100 o 120 dólares, lo notamos en:

• Gasolina

• Transporte

• Electricidad

• Costes industriales

• Cesta de la compra

Es el impuesto invisible de la geopolítica.

¿Y qué tiene que ver esto con la deuda?

Mucho.

Si la energía sube:

1. Sube la inflación.

2. El Banco Central Europeo se ve forzado a no bajar tipos —o incluso a endurecerlos si la inflación repunta.

3. Mantener tipos altos implica que el Tesoro español se financia más caro.

Con más de un billón largo de deuda, cada punto adicional de interés no es una anécdota: son miles de millones extra en pago de intereses. Dinero que no va a sanidad, ni a pensiones, ni a inversión productiva. Va a cubrir el coste de habernos endeudado.

El riesgo silencioso: menos crecimiento

Hay otro efecto menos visible pero igual de peligroso.

Petróleo caro es menor renta disponible para familias y mayores costes para empresas. Eso enfría el consumo y la inversión. Si el crecimiento se ralentiza:

• Se recauda menos.

• El déficit puede aumentar.

• La ratio deuda/PIB empeora… aunque el Gobierno no gaste un euro más.

Es la trampa perfecta: inflación por energía + menor crecimiento. Una especie de mini estanflación importada.

¿Estamos preparados?

La pregunta no es si el Estrecho de Ormuz cerrará definitivamente. La pregunta es más incómoda:

¿Puede España permitirse un shock energético serio con el nivel de deuda que arrastra?

Cuando la economía va bien, la deuda parece manejable. Cuando llega una crisis externa, se convierte en una vulnerabilidad estructural.

Y la historia económica es clara: los países muy endeudados tienen menos margen de maniobra cuando el mundo se complica.

Seguridad, libertad y rostro descubierto

Vivimos tiempos recios. No hace falta encender mucho la televisión para comprobarlo. Y cuando los tiempos se revuelven, los ciudadanos —todos— buscamos pequeños anclajes de seguridad. Uno de ellos, quizá el más elemental, es poder mirarnos a la cara.

Porque el rostro no es solo una cuestión estética. Es identidad. Es confianza. Es reconocimiento. Es humanidad compartida.

Vaya por delante algo que considero innegociable: me opongo frontalmente a cualquier forma de denigración de la mujer. Y me inquieta que, en pleno siglo XXI, haya mujeres que transiten nuestras calles cubiertas con burka o niqab, prendas que, según parece, encuentran su justificación en interpretaciones religiosas del islam. Pero el debate no debería plantearse desde la caricatura ni desde el rechazo instintivo.

La cuestión, a mi juicio, no es religiosa. Es cívica. En una sociedad abierta, donde compartimos espacio público, normas y responsabilidades, ¿es razonable que no podamos identificar el rostro de quien tenemos delante? No hablo de perseguir creencias. Hablo de convivencia. En tiempos de incertidumbre, todos nos sentimos más tranquilos cuando el que se cruza con nosotros en la acera tiene cara, mirada y expresión.

Ahora bien, prohibir sin más tampoco parece la solución mágica. Antes de legislar a golpe de titular, convendría entender el porqué.

Habrá mujeres que usen estas prendas convencidas de su conveniencia. En esos casos, la respuesta no puede ser la imposición desde fuera. La educación —no el adoctrinamiento—, el contacto cultural, la experiencia de vivir en una sociedad donde hombres y mujeres gozan de iguales derechos, puede ir generando cambios más sólidos que cualquier decreto.

Pero hay otro escenario, mucho más delicado: el de aquellas que no lo llevan por convicción sino por imposición marital o familiar. Aquí la cuestión se vuelve dramática. Si el Gobierno prohíbe el uso del burka o el niqab, pero en su casa alguien las obliga a llevarlo, ¿qué ocurre? ¿Quién asume las consecuencias cuando la ley pública choca con la coerción privada? La mujer queda atrapada entre la norma del Estado y la presión del entorno. Entre la espada —nunca mejor dicho— y la pared.

Sancionar a la portadora puede resultar injusto si es, en realidad, la parte débil. Y limitarse a prohibir sin acompañar la medida de políticas de integración, protección y apoyo puede dejar a muchas más expuestas que antes.

Quizá el enfoque debería desplazarse: menos centrado en la prenda y más en la libertad real de quien la viste. Más protección efectiva frente a la coacción. Más educación en igualdad dirigida también —y sobre todo— a los hombres. Porque cambiar mentalidades no es fácil, pero es la única vía que produce transformaciones duraderas.

El debate, por tanto, no es “burka sí” o “burka no”. El debate es qué tipo de sociedad queremos ser: una que reacciona con prohibiciones inmediatas o una que, sin renunciar a la seguridad y a la convivencia, pone el foco en la dignidad y la autonomía de la persona.

Yo lo tengo claro: el espacio público debe ser un lugar de encuentro entre ciudadanos reconocibles y responsables. Pero también debe ser un espacio donde ninguna mujer —de ninguna religión— viva sometida.

Si algo necesitamos en estos tiempos revueltos es menos eslogan y más reflexión. Y, sobre todo, no olvidar que detrás de cada prenda hay una persona. Y esa persona merece algo más que un titular.

Si mañana se prohibiera el burka, ¿a quién estaríamos protegiendo realmente?

¿A la sociedad… o a nuestra sensación de control?

Y si no se prohibiera nunca, ¿estaríamos amparando la libertad… o tolerando una posible sumisión?

No es un debate sencillo. Y precisamente por eso merece algo más que consignas.

Les leo.

El frágil equilibrio del salario mínimo

Cada vez que se anuncia una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, el debate vuelve a encenderse con la misma intensidad de siempre. Para unos, es una conquista social irrenunciable; para otros, un golpe más a la viabilidad de muchas empresas. Como casi siempre en economía, la realidad no es tan simple como los eslóganes.

La economía no es un tablero de juego en el que se puedan mover las fichas sin consecuencias. Es, más bien, una balanza delicada, un sistema de equilibrios donde cada decisión repercute en muchas otras. Subir los salarios puede ser una medida justa y necesaria, pero también implica costes reales para quienes tienen que pagarlos.

Nadie discute que un trabajador debe poder vivir dignamente con el fruto de su esfuerzo. Es un principio básico de justicia social. No se puede sostener una economía sana si quienes trabajan a jornada completa no llegan a fin de mes. Pero tampoco se puede ignorar la otra cara de la moneda: la del empresario que tiene que hacer números cada mes para que la empresa siga en pie.

Porque, a veces, desde los despachos se habla de “las empresas” como si todas fueran gigantes con beneficios millonarios. Y esa es una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestro país. En España, la inmensa mayoría del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas: comercios familiares, talleres, bares, autónomos con uno o dos empleados. Negocios que no cotizan en bolsa ni reparten dividendos astronómicos, sino que viven al día, pendientes de cada factura y de cada subida de costes.

Para ellos, cada incremento obligatorio supone algo más que una cifra en un boletín oficial. Es una nueva preocupación. Es rehacer presupuestos, apretar márgenes, renunciar a inversiones o, en el peor de los casos, replantearse si merece la pena seguir abiertos.

Subir el salario mínimo no es solo subir el sueldo base. Es también incrementar cotizaciones, indemnizaciones, pagas extras y otros costes asociados. Es decir, el impacto real para la empresa suele ser bastante mayor que el porcentaje anunciado en la rueda de prensa.

Y aquí es donde aparece ese frágil equilibrio del que casi nadie habla. Si el salario es demasiado bajo, el trabajador no puede vivir con dignidad. Pero si los costes son demasiado altos, la empresa no puede sostener el empleo. Y sin empresa, no hay salario posible.

La economía real no se mueve por consignas ideológicas, sino por cuentas de resultados. Una empresa necesita beneficios, no por codicia, sino por supervivencia. Sin beneficios no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo. Pretender lo contrario es ignorar cómo funciona el mundo fuera de los discursos.

Eso no significa que los salarios no deban subir. Deben hacerlo cuando la productividad, el crecimiento económico y la situación general lo permitan. Pero convertir cada subida del SMI en una carrera política, en una competición de quién anuncia el número más alto, puede acabar teniendo efectos contrarios a los que se buscan.

Porque las grandes multinacionales tienen músculo financiero para absorber casi cualquier golpe. Pero las pequeñas empresas no. A ellas, cada nuevo coste —sea un impuesto, una cotización o un aumento salarial— les suena como un martillazo en los cimientos.

Y cuando los cimientos se resquebrajan, no cae un despacho ministerial. Cae un bar del barrio, una tienda de toda la vida o un pequeño taller. Y con ellos, los empleos que sostenían.

Por eso, antes de celebrar cada subida del salario mínimo como si fuera una victoria sin costes, convendría recordar esa balanza delicada. Porque la economía no es una consigna, es un equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias siempre las pagan los mismos: los trabajadores que pierden su empleo y los pequeños empresarios que cierran la persiana.

Entre el sueldo digno y la empresa viable no debería haber una guerra. Debería haber un punto de encuentro. Porque solo cuando ambos lados de la balanza se sostienen mutuamente, la economía puede avanzar sin romperse.

Pensiones, desahucios y la política del enfrentamiento

En los últimos días hemos asistido a una escena que, por desgracia, ya empieza a resultarnos demasiado familiar: un debate complejo, con aristas sociales y morales evidentes, reducido a un intercambio de reproches y descalificaciones. El rechazo parlamentario al llamado decreto ómnibus del Gobierno —en el que se incluían tanto la revalorización de las pensiones como la prórroga de la suspensión de los desahucios— ha servido de detonante para una nueva oleada de insultos y simplificaciones, especialmente dirigidas a quienes, desde posiciones de centro‑derecha o derecha, han justificado su voto negativo.

Conviene, sin embargo, hacer un esfuerzo consciente por rebajar el tono y separar los planos. No todo es blanco o negro, ni toda discrepancia es fruto de la insensibilidad o la mala fe. Defender la revalorización de las pensiones y, al mismo tiempo, oponerse a la ocupación ilegal de viviendas no es una contradicción moral, sino una posición política legítima, compartida por muchos ciudadanos que creen en la protección social sin renunciar al respeto al Estado de derecho.

Aquí es donde entra en juego una cuestión clave que apenas se está discutiendo con serenidad: la decisión del Gobierno de mezclar en un mismo paquete medidas que, aunque ambas tengan impacto social, responden a lógicas muy distintas. La revalorización de las pensiones es un asunto de consenso amplio, casi transversal. De hecho, si se hubiera tramitado por separado, difícilmente alguien habría votado en contra. La prórroga de la suspensión de los desahucios, en cambio, es un tema controvertido, con implicaciones jurídicas y económicas profundas, y sobre el que existen posturas muy enfrentadas.

Al unir ambas cuestiones en un único decreto, el Ejecutivo no solo condiciona el debate parlamentario, sino que fuerza un dilema tramposo: o aceptas todo el paquete, o quedas señalado como enemigo de los pensionistas. Esta forma de legislar no busca tanto el acuerdo como la confrontación. Y si el decreto no sale adelante, el resultado no es una reflexión autocrítica, sino la activación inmediata del relato del “ellos contra nosotros”, tan útil para agitar a las bases y tan dañino para la convivencia.

No se trata de negar los problemas reales de acceso a la vivienda ni la existencia de situaciones dramáticas que merecen atención y soluciones. Se trata de preguntarnos si el camino elegido es el adecuado. ¿De verdad es justo cargar sobre pequeños propietarios, muchos de ellos también vulnerables, el peso de políticas públicas mal diseñadas? ¿Es razonable perpetuar medidas excepcionales sin abordar el fondo del problema, como la falta de vivienda social o la lentitud de la justicia?

La política, cuando se ejerce con responsabilidad, debería aspirar a sumar y no a dividir. Separar las medidas, permitir debates honestos y buscar mayorías claras habría sido una muestra de madurez democrática. Optar por el decreto ómnibus, en cambio, parece responder más a una estrategia de tensión permanente: o se mantiene una determinada política, o se incendian las redes sociales y se profundiza la fractura social.

Desde Plaza Mayor Villarreal queremos invitar a la calma y a la reflexión. Discrepar no convierte a nadie en un monstruo, ni votar “no” a una triquiñuela parlamentaria implica desprecio por los más débiles. Quizá ha llegado el momento de exigir menos ruido, menos insulto y más política en el sentido noble del término: la búsqueda sincera de soluciones que no enfrenten a los españoles entre sí.

Porque, al final, cuando la confrontación se convierte en método, los únicos que pierden son los ciudadanos, y en este caso todos somes conscientes de que el Ejecutivo tiene herramientas y formas de aprobar la revalorización deseada, sin llevarnos a dicha confrontación.

Del Sáhara a Groenlandia: cuando la anexión depende del tamaño del amigo

Durante décadas nos explicaron que el Sáhara Occidental era un “problema complejo”. Tan complejo que Marruecos entró, se quedó y aquí no pasó nada. Complejo porque había resoluciones de la ONU que nadie pensaba cumplir, un referéndum que nunca llegaría y una Europa muy preocupada… por no incomodar a nadie. Con el tiempo, lo ilegal se volvió costumbre y la costumbre, normalidad. Hasta que Estados Unidos puso el sello final y dejó claro que el asunto estaba zanjado. Cuando habla el que manda, el derecho internacional se convierte en papel reciclable.

Ahora miramos a Groenlandia y fingimos sorpresa. Resulta que a EEUU le interesa una isla enorme, estratégica, llena de minerales y bien colocada frente a Rusia y China. Qué casualidad. Trump lo dijo sin rodeos y muchos se rieron, como si en Washington las cosas se dijeran por decir. Error de principiante. Allí no se bromea con mapas. Se habla claro para que el resto vaya asumiendo lo inevitable.

Aquí no hará falta una Marcha Verde ni fotos multitudinarias. EEUU juega en otra liga. Bases militares, acuerdos de “seguridad”, inversiones que crean dependencia y una presión constante, educada, sonriente. Nada ilegal, todo impecable. El resultado es el mismo que en el Sáhara, solo que sin polvo del desierto y con más hielo. Control sin ocupación, anexión sin palabra prohibida.

¿Y Europa? Europa hace lo que mejor sabe hacer: declaraciones solemnes, algún despliegue militar para tranquilizar conciencias y muchas fotos de familia. Todo muy digno. Todo muy simbólico. Porque nadie se engaña: Europa no entraría en un conflicto bélico con Estados Unidos ni aunque Groenlandia desapareciera del mapa. No puede, no quiere y no sabe cómo. El famoso músculo europeo sirve para ejercicios conjuntos, no para enfrentarse al que paga la factura de la seguridad desde hace décadas.

En el Sáhara, Europa no fue capaz de defender el derecho internacional frente a Marruecos. En Groenlandia, ni siquiera se plantea hacerlo frente a EEUU. La diferencia no es jurídica ni moral, es puramente aritmética. Uno puede desobedecer las normas; el otro las redefine. Y Europa, como siempre, se adapta al nuevo texto.

Luego nos hablan de “autonomía estratégica”, de “valores europeos” y de “orden internacional basado en reglas”. Todo muy bonito, siempre que las reglas las escriban otros y los conflictos los asuman otros. Porque cuando llega la hora de elegir entre principios y conveniencia, Europa ya ha elegido demasiadas veces.

Y así seguimos: indignados de boquilla, armados de cartón piedra y convencidos de que la soberanía es sagrada… mientras no haya que defenderla frente al que realmente manda.