Cuando el hambre llama a la puerta

Hay una frase que rara vez aparece en los programas electorales, pero que cualquier gobernante debería tener grabada en la mesa de su despacho:

"Nunca pongas a un padre en la situación de tener que elegir entre cumplir la ley o alimentar a sus hijos."

VOX defiende la llamada prioridad nacional, una propuesta según la cual los españoles deberían tener preferencia en el acceso a determinadas ayudas sociales frente a los inmigrantes. Es una idea que encuentra apoyo en una parte importante de la sociedad, especialmente entre quienes consideran injusto que personas recién llegadas reciban prestaciones mientras muchos españoles atraviesan dificultades.

Ese debate es legítimo.

Como también lo es preguntarse si nuestro sistema de ayudas necesita una profunda revisión para evitar fraudes, abusos o el conocido "efecto llamada".

Pero hay otra pregunta que apenas se formula.

¿Qué ocurre el día después?

Porque las políticas no se miden únicamente por sus intenciones, sino también por sus consecuencias.

Imaginemos que esa prioridad nacional se aplica de forma inmediata. Miles de familias extranjeras perderían de un día para otro buena parte de los ingresos con los que sobreviven. No hablamos de quienes viven cómodamente de las ayudas, sino también de familias con niños pequeños, personas enfermas o trabajadores cuyos salarios no alcanzan para llegar a fin de mes.

¿Qué harán esas familias?

Muchos responderán que regresen a sus países.

Ojalá fuera tan sencillo.

Volver cuesta dinero. Hace falta documentación, billetes, contactos y, en muchos casos, regresar significa volver a un país donde ya no queda nada.

Mientras tanto, seguirán aquí.

Y el hambre no entiende de ideologías.

Cuando un adulto pasa hambre puede soportarlo durante un tiempo. Cuando quien pasa hambre es un hijo, la situación cambia radicalmente.

Cualquier padre intenta proteger a sus hijos.

Primero pedirá ayuda.

Después acudirá a organizaciones benéficas.

Más tarde buscará cualquier trabajo, aunque sea ilegal.

Y cuando ya no quede ninguna salida...

Nadie puede asegurar hasta dónde es capaz de llegar una persona desesperada.

La historia demuestra que la pobreza extrema aumenta la delincuencia, los robos y la economía sumergida. No porque los pobres sean delincuentes, sino porque la desesperación destruye los límites que normalmente respetamos.

No es una cuestión moral.

Es una cuestión humana.

Y eso termina afectándonos a todos.

Más inseguridad en los barrios.

Mayor presión sobre las ONG.

Hospitales atendiendo personas sin recursos.

Servicios sociales desbordados.

Más economía ilegal.

Más explotación laboral.

Y, probablemente, un aumento de la tensión entre españoles e inmigrantes.

Paradójicamente, una medida pensada para mejorar la convivencia podría deteriorarla si no viene acompañada de un plan de transición.

Porque una cosa es cambiar las reglas.

Y otra muy distinta dejar a miles de personas sin ninguna alternativa.

Si el objetivo final es que quienes no tengan derecho a permanecer en España regresen a sus países, ese proceso necesita tiempo, recursos y acuerdos internacionales.

Mientras tanto, esas personas seguirán viviendo aquí.

La pregunta es sencilla.

¿Queremos que sobrevivan dentro de la legalidad o empujarlas hacia la marginalidad?

No se trata de mantener ayudas indefinidamente.

Ni de premiar la inmigración irregular.

Se trata de evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.

Las sociedades fuertes no son las que toman decisiones más duras.

Son las que saben aplicarlas con inteligencia.

Porque gobernar no consiste únicamente en satisfacer a quienes piensan como uno.

Consiste, sobre todo, en prever las consecuencias de cada decisión antes de que las paguemos todos.

Hay un país donde el tiempo corre más despacio

Hay un país extraño donde los relojes funcionan de otra manera.

Allí nadie tiene prisa porque un niño tarde diez minutos en recoger una piedra "especial". Nadie protesta si hay que detenerse veinte veces para ver hormigas, perseguir mariposas o descubrir que la luna también sale de día.

Es un país donde las historias nunca terminan exactamente igual, donde los monstruos siempre acaban haciéndose amigos y donde una caja de cartón puede convertirse en un castillo, un barco pirata o una nave espacial.

Ese país existe.

Se llama... la casa de los abuelos.

Cuando somos padres, vivimos pendientes del reloj. Hay que llegar al colegio, preparar la cena, hacer deberes, trabajar, dormir... Todo tiene una hora.

Los abuelos, en cambio, hemos aprendido una lección que sólo enseña la vida: que las mejores cosas casi nunca tienen horario.

Quizá sea porque ya sabemos lo deprisa que pasa el tiempo.

Un día sostienes en brazos a tu hijo y, sin darte cuenta, eres tú quien sostiene a su hijo.

Y descubres que el corazón tiene una capacidad extraordinaria: puede volver a enamorarse exactamente igual que la primera vez.

Solo que ahora ese amor tiene otro nombre.

Se llama nieto.

Los nietos tienen un extraño poder.

Nos obligan a volver a agacharnos para mirar un caracol.

Nos hacen recordar canciones que creíamos olvidadas.

Nos convencen de que un helado siempre sabe mejor si gotea un poco por la barbilla.

Y, sobre todo, nos regalan algo que creíamos perdido: la capacidad de asombrarnos.

Ellos creen que nosotros les enseñamos cosas.

La verdad es exactamente la contraria.

Son ellos quienes nos enseñan a vivir otra vez.

No todos los niños tienen la suerte de crecer cerca de sus abuelos.

Y no todos los abuelos pueden disfrutar de sus nietos tanto como quisieran.

Por eso, cada abrazo, cada tarde compartida, cada cuento antes de dormir y cada paseo sin rumbo son pequeños tesoros que conviene guardar muy dentro.

El próximo 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, celebramos el Día de los Abuelos.

No debería ser una fecha para regalar una corbata o un ramo de flores.

Debería ser una excusa para regalar tiempo.

Porque eso es lo único que, cuando llega cierta edad, sabemos que tiene un valor incalculable.

Una comida en familia.

Una videollamada.

Una fotografía.

Un dibujo hecho con cuatro garabatos.

O simplemente un beso inesperado.

Los abuelos no aspiramos a ser héroes.

Nos basta con que, dentro de muchos años, cuando nuestros nietos recuerden su infancia, aparezcamos en algún rincón de sus mejores recuerdos.

Si eso ocurre, habremos hecho bien nuestro trabajo.

Hace ya algún tiempo comencé un pequeño blog personal llamado "Ya somos abuelos", donde voy dejando reflexiones, anécdotas y sentimientos sobre esta maravillosa aventura de ser abuelo.

No pretende dar lecciones a nadie.

Solo compartir esas pequeñas cosas que casi todos los abuelos terminamos viviendo y que, curiosamente, casi todos entendemos sin necesidad de explicarlas.

A todos los abuelos, y también a quienes aún conservan el recuerdo de los suyos: feliz Día de los Abuelos. Disfrutad de ese abrazo, de esa llamada o de esa sonrisa. Son los pequeños momentos los que terminan llenando una vida entera.

Si os apetece leer más historias, reflexiones y vivencias sobre esta maravillosa aventura, os espero en Ya somos abuelos

Cuando España concede una nacionalidad, Europa también adquiere un ciudadano

Hay una realidad de la que apenas se habla. El debate sobre la inmigración suele centrarse en España: cuántos llegan, cuántos trabajan, cuántos cotizan o cuánto cuesta atenderlos. Sin embargo, existe una consecuencia mucho más amplia que rara vez aparece en la discusión pública.

Cuando España concede la nacionalidad a un extranjero, no solo está creando un ciudadano español. Está incorporando un nuevo ciudadano de la Unión Europea.

Y eso cambia completamente la dimensión del debate.

Quien obtiene un pasaporte español adquiere, además de los derechos propios de nuestro ordenamiento, la libertad de circular, residir y trabajar en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, con las limitaciones y condiciones previstas por el Derecho europeo. En otras palabras, la decisión que adopta el Gobierno español no afecta únicamente a España, sino al conjunto del espacio europeo.

Un asunto nacional... con consecuencias europeas

Cada Estado conserva la competencia para conceder o retirar su nacionalidad. Así lo reconocen los Tratados de la Unión Europea.

Sin embargo, esa decisión nacional produce automáticamente efectos europeos, porque la ciudadanía de la Unión deriva de la nacionalidad de un Estado miembro.

Es decir, Bruselas no decide quién obtiene la ciudadanía europea. Lo hacen los veintisiete Estados, cada uno con sus propios criterios, procedimientos y ritmos.

Y aquí aparece una paradoja.

Mientras la Unión Europea dedica enormes recursos a controlar sus fronteras exteriores, armonizar políticas migratorias y reforzar agencias como Frontex, la puerta de entrada definitiva a la ciudadanía europea sigue dependiendo de decisiones exclusivamente nacionales.

Los argumentos a favor

Quienes defienden una política amplia de nacionalizaciones sostienen que la integración debe culminar precisamente con la obtención de la nacionalidad.

Un inmigrante que lleva años trabajando, pagando impuestos, aprendiendo el idioma y formando una familia difícilmente puede permanecer indefinidamente como un residente temporal.

Además, España afronta un grave problema demográfico.

La baja natalidad y el envejecimiento de la población generan importantes tensiones sobre el mercado laboral y el sistema de pensiones. En determinados sectores económicos ya resulta difícil encontrar trabajadores.

Desde esta perspectiva, facilitar la integración jurídica de quienes ya viven y contribuyen al país puede entenderse como una inversión de futuro.

Los argumentos críticos

Pero también existen interrogantes legítimos.

La integración no depende únicamente del tiempo de residencia.

Exige conocimiento del idioma, aceptación del marco constitucional, participación en la sociedad y respeto por los valores democráticos.

Cuando la concesión de nacionalidades aumenta de forma muy rápida, algunos ciudadanos se preguntan si los mecanismos de comprobación son suficientes y si existe una verdadera política de integración detrás de las cifras.

A ello se suma otra cuestión poco debatida.

Cada nuevo nacional español adquiere automáticamente el derecho a trasladarse a cualquier otro país europeo.

Por ello, algunos gobiernos europeos observan con interés —aunque rara vez lo expresen públicamente— las políticas de nacionalización de sus socios, porque sus efectos no terminan en la frontera española.

¿Debería existir una mayor coordinación europea?

Probablemente ésta sea la gran cuestión de los próximos años.

No parece realista que la Unión Europea asuma la competencia para conceder nacionalidades, ya que ello afectaría a uno de los elementos más sensibles de la soberanía nacional.

Pero tampoco resulta extraño preguntarse si deberían existir unos criterios mínimos comunes sobre integración, residencia efectiva o procedimientos de acceso cuando la decisión de un Estado genera consecuencias para todos los demás.

No se trata de cuestionar la soberanía española.

Se trata de reconocer que, desde que existe la ciudadanía europea, las decisiones nacionales han dejado de ser exclusivamente nacionales.

Una pregunta incómoda

La inmigración seguirá siendo necesaria para muchas economías europeas.

También seguirá siendo objeto de un intenso debate político.

Pero quizá estamos formulando mal la pregunta.

No basta con preguntarse si una política de nacionalizaciones beneficia o perjudica a España.

La cuestión es otra.

¿Puede seguir siendo una decisión exclusivamente nacional cuando sus efectos alcanzan a toda la Unión Europea?

Porque cuando España concede una nacionalidad, no solo nace un nuevo español.

También nace un nuevo ciudadano europeo.

“Dignidad" no es solo una palabra del diccionario

Hay palabras que se repiten tanto que corren el riesgo de vaciarse de contenido. Una de ellas es "dignidad". La escuchamos en discursos políticos, en declaraciones institucionales y en campañas de sensibilización. Todos parecen estar de acuerdo en defender la dignidad humana. Sin embargo, la verdadera prueba no está en las palabras, sino en los hechos.

España recibe cada año a miles de inmigrantes que llegan con algo más que una maleta llena de ilusiones. Muchos traen años de estudio, experiencia profesional y una formación que les ha costado esfuerzo, sacrificio y dinero. Son médicos, ingenieros, arquitectos, profesores, enfermeros o técnicos especializados. Algunos incluso proceden de países con los que existen acuerdos de reconocimiento o convalidación de títulos.

Pero cuando aterrizan en nuestro país descubren una realidad menos amable que los discursos oficiales.

La burocracia, los interminables procesos administrativos, las dificultades para homologar estudios y, en ocasiones, una preocupante indiferencia institucional, les obligan a aceptar empleos muy por debajo de su cualificación. Trabajos honrados, por supuesto, pero que nada tienen que ver con aquello para lo que se prepararon durante años.

Y surge entonces una pregunta incómoda:

¿No es también una forma de denigración humana desperdiciar deliberadamente el talento de una persona?

Porque la dignidad no consiste únicamente en tener acceso a un salario o a una ayuda social. La dignidad también implica poder desarrollar las capacidades propias, aportar a la sociedad aquello para lo que uno está preparado y ser valorado por lo que sabe hacer.

Cuando un ingeniero acaba limpiando oficinas porque no consigue que se reconozca su formación, el problema no es el trabajo de limpieza, que merece todo el respeto. El problema es que la sociedad pierde un ingeniero.

Cuando un médico sirve cafés porque la homologación de su título lleva años bloqueada en algún despacho, el problema no es servir cafés. El problema es que la sociedad pierde un médico.

Y cuando esto ocurre de manera sistemática, ya no estamos ante casos individuales. Estamos ante un fracaso colectivo.

Resulta paradójico escuchar constantes llamamientos a la integración mientras se levantan barreras que impiden a muchas personas integrarse precisamente a través de aquello que mejor pueden aportar. Integrar no debería significar únicamente permitir que alguien sobreviva. Integrar debería significar permitir que participe plenamente en la vida económica y social del país.

La verdadera acogida no consiste en abrir una puerta para después cerrar todas las demás.

Además, existe una contradicción económica evidente. España lamenta la falta de profesionales en determinados sectores mientras mantiene atrapados en la burocracia a miles de personas cualificadas que podrían cubrir parte de esas necesidades. Es difícil encontrar una forma más absurda de desperdiciar recursos humanos.

Defender la dignidad humana exige algo más que declaraciones bienintencionadas. Exige agilizar homologaciones, simplificar procedimientos, reconocer méritos y facilitar que cada persona pueda demostrar su capacidad.

Porque las personas no emigran únicamente buscando un salario.

Emigran buscando una oportunidad.

Y cuando una sociedad obliga a alguien a dejar aparcado su conocimiento, su experiencia y su vocación, quizá no le esté negando el pan, pero sí le está negando una parte esencial de su dignidad.

La pregunta sigue ahí, esperando respuesta:

¿Puede una sociedad presumir de defender la dignidad humana mientras obliga a miles de personas preparadas a esconder su talento para poder ganarse la vida?

La caridad y la calculadora

Hay discursos que apelan al corazón. Y hay discursos que, además de apelar al corazón, obligan a sacar la calculadora.

El mensaje de León XIV sobre la inmigración pertenece claramente al segundo grupo.

La tradición cristiana —que sigue impregnando profundamente a España, aunque cada vez se practique menos— considera un deber moral acoger al necesitado, proteger al débil y ofrecer refugio a quien llega en son de paz. Esa idea forma parte de nuestra cultura mucho antes de que existieran los partidos políticos actuales o las tertulias televisivas.

Probablemente, si la cuestión fuera únicamente moral, la mayoría de los españoles abriría la puerta.

El problema es que las sociedades no se gobiernan sólo con principios. También se gobiernan con presupuestos.

Acoger tiene un coste. Escolarizar tiene un coste. Atender sanitariamente tiene un coste. Construir viviendas tiene un coste. Reforzar servicios sociales tiene un coste. Y esos costes no desaparecen porque los motivos sean nobles.

La solidaridad, por desgracia, no se financia con buenas intenciones. Se financia con impuestos.

Aquí es donde el debate suele romperse. Unos sostienen que cualquier límite a la inmigración constituye una falta de humanidad. Otros consideran que cualquier gasto destinado a la acogida supone un perjuicio para los españoles.

Ambas posiciones simplifican una realidad mucho más compleja.

Porque una sociedad puede ser solidaria y, al mismo tiempo, reconocer que sus recursos son limitados. De hecho, ignorar los límites económicos no suele fortalecer la solidaridad; suele terminar debilitándola.

Ninguna familia puede comprometer gastos indefinidamente sin tener en cuenta sus ingresos. Ninguna empresa puede ampliar plantilla sin calcular antes si podrá pagar los salarios. Y ningún Estado puede incrementar constantemente sus compromisos sociales sin preguntarse de dónde saldrá el dinero.

La cuestión no es si debemos ayudar. La cuestión es cuánto podemos ayudar sin poner en riesgo aquello que pretendemos proteger.

Porque el Estado del bienestar tampoco se sostiene por arte de magia. Las pensiones, la sanidad pública, la educación o la dependencia requieren recursos crecientes en una sociedad cada vez más envejecida.

España ya afronta enormes desafíos financieros derivados de su propia evolución demográfica. Cada vez hay menos trabajadores por pensionista. Cada vez nacen menos niños. Cada vez aumenta la presión sobre los servicios públicos.

En ese contexto, la inmigración puede formar parte de la solución. Pero sólo si consigue integrarse laboralmente, generar actividad económica y contribuir al sostenimiento del sistema.

Lo contrario sería ignorar una evidencia elemental: los números también existen. Y los números no entienden de eslóganes.

Quizá el verdadero debate que España necesita no sea si debemos acoger o no. La mayoría de los españoles probablemente respondería que sí.

La pregunta relevante es otra: ¿cuántas personas podemos integrar adecuadamente? ¿Disponemos de viviendas suficientes? ¿Tenemos capacidad educativa y sanitaria para absorber nuevos incrementos de población? ¿Existe empleo para quienes llegan? ¿Estamos facilitando una integración real o simplemente desplazando los problemas hacia el futuro?

Son preguntas incómodas. Pero las preguntas incómodas suelen ser las más necesarias.

Porque una política migratoria responsable no consiste en cerrar todas las puertas. Tampoco en abrirlas sin límite. Consiste en encontrar un equilibrio entre la obligación moral de ayudar y la obligación política de garantizar que la ayuda sea sostenible.

La tradición cristiana habla mucho de la caridad. Pero también habla de la prudencia. Y quizá el error de nuestro tiempo sea haber convertido ambas virtudes en enemigas cuando, en realidad, siempre deberían caminar juntas.

El Papa que, pese a los aplausos, ha incomodado a todos

Hay discursos que son aplaudidos porque cada uno escucha lo que quiere oír. Y hay discursos que generan incomodidad porque obligan a escuchar también lo que no queremos oír.

La intervención de León XIV en el Congreso pertenece claramente al segundo grupo.

En una España donde parece obligatorio elegir bando para cualquier cuestión, el Papa ha tenido la osadía de repartir críticas en todas las direcciones. A la derecha le recordó la obligación moral de acoger e integrar a los inmigrantes. A la izquierda le reiteró la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. A empresarios y gobernantes les habló de salarios dignos y de la primacía de la persona sobre la mera rentabilidad económica. Y a todos los partidos les reprochó la creciente costumbre de convertir al adversario en enemigo.

Naturalmente, cada cual se ha quedado con la parte que menos le gusta.

Los defensores de fronteras más estrictas han escuchado únicamente el mensaje sobre inmigración. Los partidarios del aborto libre han puesto el foco en las referencias a la defensa de la vida. Los más intervencionistas han aplaudido las alusiones al salario digno, mientras que los más liberales han torcido el gesto.

Quizá precisamente por eso el discurso merece una reflexión más pausada.

Si dejamos de lado la dimensión religiosa, el mensaje económico del Papa se puede resumir en una idea sencilla: la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.

La frase puede parecer una obviedad. Sin embargo, en la práctica vivimos instalados en una contradicción permanente.

Exigimos crecimiento económico, pero nos escandalizamos cuando la vivienda se vuelve inaccesible.

Queremos salarios más altos, pero protestamos cuando suben los costes empresariales.

Necesitamos inmigración para sostener las pensiones y cubrir vacantes laborales, pero rechazamos las consecuencias sociales y urbanísticas que una integración mal gestionada puede provocar.

La realidad es que no existen soluciones gratuitas.

España envejece. Cada año nacen menos niños y cada año aumenta el peso de los pensionistas sobre la población activa. Desde un punto de vista puramente económico, la inmigración no es una cuestión ideológica sino una necesidad demográfica. Otra cosa es discutir cuántos inmigrantes pueden incorporarse, a qué ritmo y bajo qué condiciones de integración. Eso es política. Negar el problema demográfico es simplemente negar la realidad.

El Papa también recordó algo que muchos economistas clásicos sabían perfectamente.

Un trabajador no es una variable estadística.

La economía necesita empresas rentables, inversión y productividad. Pero también necesita estabilidad social, familias capaces de formar un proyecto de vida y trabajadores que puedan vivir de su salario.

No es casualidad que incluso algunos de los grandes defensores del capitalismo entendieran que una sociedad excesivamente desigual termina generando tensiones que acaban perjudicando al propio sistema.

La discusión no debería ser si un salario digno es deseable. Lo es.

La discusión debería ser cómo conseguirlo sin destruir empleo, sin expulsar empresas y sin generar más problemas de los que pretendemos resolver.

Quizá la parte más interesante del discurso no fue la económica ni la moral.

Fue la política.

Cuando León XIV denunció la "descalificación permanente del adversario" estaba describiendo exactamente la enfermedad que padece hoy la democracia española.

Vivimos en un clima donde discrepar ya no basta. Hay que demonizar.

Quien pide más control migratorio es inmediatamente acusado de xenófobo.

Quien defiende la acogida es señalado como irresponsable.

Quien reclama ayudas sociales es tachado de populista.

Quien habla de equilibrio presupuestario es acusado de insensible.

Y así sucesivamente.

Mientras tanto, los problemas reales siguen esperando soluciones.

Quizá lo más interesante del discurso sea precisamente que no encaja en ninguna etiqueta política.

No es de izquierdas.

No es de derechas.

No es liberal.

No es socialista.

Es, sencillamente, una llamada a recordar que detrás de cada estadística hay personas y que detrás de cada decisión política hay consecuencias humanas.

Se puede estar de acuerdo o no con sus planteamientos. Yo mismo discrepo de algunos de ellos.

Pero en un tiempo en el que casi todos los discursos parecen redactados por asesores de partido, resulta llamativo escuchar a alguien capaz de incomodar simultáneamente a todos.

Y quizá eso explique por qué, al terminar, nadie salió completamente satisfecho.

Lo cual, viendo el panorama político actual, podría ser la mejor señal de que algo importante se ha dicho.

Tal vez el problema no sea que el Papa haya criticado a la derecha, a la izquierda o a los empresarios.

Tal vez el problema sea que hemos llegado a un punto en el que cualquier discurso que no encaje perfectamente en una trinchera ideológica nos resulta sospechoso.

Nos hemos acostumbrado tanto a los mensajes diseñados para contentar a los nuestros que ya no sabemos qué hacer cuando alguien defiende simultáneamente la acogida al inmigrante, la protección de la vida, el salario digno y la responsabilidad política.

Entonces buscamos la etiqueta.

¿Es progresista? ¿Es conservador? ¿Es de izquierdas? ¿Es de derechas?

Y si no encontramos una respuesta rápida, dejamos de escuchar.

Quizá por eso el discurso ha generado tanto ruido.

Porque durante unos minutos alguien recordó algo que parece olvidado en la política española: que los problemas reales son mucho más complejos que los eslóganes con los que intentamos resolverlos.

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Canarias, escala sanitaria… ¿o simple sala de tránsito?

Hay decisiones políticas que a pesar de la urgencia que reclaman, necesitan ser pensadas, analizadas, y desarrolladas tras escuchar a todas las partes implicadas. Un decisión rápida no implica que sea eficaz y a la postre muestran unas contradicciones difícil de explicar. El caso del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y retenido frente a Cabo Verde, empieza a parecerse mucho a eso.

El Gobierno español, en una decisión quizá demasiado apresurada, justificó la llegada del barco a Canarias apelando al “espíritu humanitario” y a que las islas eran “el lugar más próximo con capacidades” para gestionar una emergencia sanitaria de este tipo.

Hasta ahí, el argumento parecía razonable: si existe riesgo epidemiológico y Cabo Verde no dispone de medios suficientes, Canarias cuenta con hospitales, protocolos, aislamiento y capacidad logística. Nadie discute que España tenga recursos sanitarios infinitamente superiores a los de un pequeño estado africano.

Pero las noticias conocidas en las últimas horas introducen una pregunta incómoda: si los pasajeros no van a ser tratados en Canarias, ni ingresados, ni siquiera mezclados con la población local, ¿para qué sirve realmente la escala?

El protocolo diseñado por las autoridades españolas y europeas establece que el barco ni siquiera atracará en puerto. Permanecerá fondeado frente a Tenerife, los pasajeros serán trasladados en grupos aislados mediante embarcaciones auxiliares y, desde allí, llevados directamente al aeropuerto para embarcar rumbo a sus respectivos países.

Es decir: Canarias no actuaría como centro sanitario operativo, sino como mero punto de tránsito aeroportuario.

Y ahí aparece la contradicción.

Porque si el objetivo final es simplemente trasladar pasajeros desde un barco a un avión, cuesta entender por qué Cabo Verde —donde el crucero ya estaba fondeado— no podía realizar exactamente esa misma operación bajo supervisión internacional.

De hecho, el propio Ministerio de Sanidad español sostuvo inicialmente que los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo podían evacuarse directamente en Cabo Verde, evitando la escala en Canarias salvo empeoramiento de la situación clínica.

Eso es lo verdaderamente llamativo de todo este episodio: la explicación oficial ha ido cambiando según avanzaban las horas.

Primero se habló de necesidad sanitaria urgente. Luego de asistencia humanitaria imprescindible. Y finalmente descubrimos que la mayoría de los pasajeros simplemente cruzarán Canarias encapsulados camino del aeropuerto.

No parece una crítica a la ayuda humanitaria —que es obligada y lógica—, sino a la inconsistencia política y comunicativa con la que se ha gestionado el asunto.

Porque si Canarias dispone de recursos excepcionales para tratar una emergencia epidemiológica, lo coherente sería utilizarlos realmente. Y si esos recursos no van a emplearse más allá de un corredor logístico blindado, entonces quizá la cuestión nunca fue sanitaria, sino diplomática y política.

La realidad es que España ha terminado asumiendo un problema internacional que otros países preferían mantener lejos de sus puertos. Cabo Verde evitó el desembarco. Marruecos llegó a rechazar operaciones vinculadas a evacuaciones médicas. Y finalmente ha sido Canarias quien absorbe el coste político, mediático y social de una operación que, según el propio protocolo anunciado, intenta precisamente evitar cualquier contacto real con el territorio.

En otras palabras: se moviliza un enorme dispositivo sanitario para una operación diseñada para que casi nadie utilice la sanidad canaria.

Y eso deja una sensación difícil de ignorar: quizá Canarias no ha sido elegida por ser el mejor lugar para tratar a los afectados, sino simplemente porque era el único lugar dispuesto a asumir el problema.

Por otra parte, los cinco días de navegación desde Cabo Verde a nuestras islas, supone cinco días más de riesgo de contagio para los pasajeros y tripulantes; y cinco días de retraso en la repatriación de los infectados a sus países de origen, donde beberán ser tratados y/o aislados para impedir la expansión del virus.

En fin, a mi corto entender, una chapuza más de nuestro Gobierno.

¿Quién se aprovecha de quién? Empresarios, trabajadores y el eterno debate tramposo

En las redes sociales hay discusiones que no buscan respuestas, sino trincheras. Una de las más recurrentes es esa de: ¿quién aporta más a la sociedad, el empresario o el trabajador? Y, como era de esperar, cada cual defiende su bando con la pasión de quien cree tener toda la razón… y ninguna duda.

Pero quizá el problema no está en la respuesta. Quizá está en la pregunta.

Porque plantearlo en términos de “quién aporta más” o “quién se beneficia más” es, en el fondo, una simplificación que no aguanta dos minutos de reflexión seria. Es como discutir qué es más importante en un coche: el motor o las ruedas. Pruebe usted a circular sin uno de los dos y verá lo lejos que llega.

El empresario pone el capital, asume el riesgo, toma decisiones y, en muchos casos, se juega su patrimonio y su tranquilidad. No es poca cosa. Sin esa figura, no hay empresa que nazca.

El trabajador, por su parte, pone su tiempo, su esfuerzo y, sobre todo, su capacidad de hacer que las cosas funcionen. Porque una idea sin ejecución es humo, y una empresa sin trabajadores es poco más que un papel con buenas intenciones.

Hasta aquí, el discurso es bastante obvio. Pero el debate no se queda ahí. Lo interesante viene cuando se pasa de la creación de valor… al reparto de ese valor.

Y ahí es donde empiezan las fricciones.

Porque una cosa es que ambos sean necesarios —que lo son— y otra muy distinta es cómo se reparte lo que generan juntos. Y en ese reparto, no siempre gana el que más aporta, sino el que tiene más capacidad de negociación.

Dicho de forma más clara: no es solo economía, es poder.

En una pequeña empresa que sobrevive como puede, el empresario muchas veces cobra menos que sus empleados y vive con la incertidumbre permanente de no saber si llegará a fin de mes. En ese contexto, hablar de “explotador” suena, como mínimo, exagerado.

Pero en grandes corporaciones, donde los beneficios se cuentan en millones mientras los salarios apenas avanzan, la percepción cambia. Y con razón. Porque cuando el capital se concentra, también lo hace la capacidad de quedarse con una porción mayor del pastel.

Entonces, ¿quién se beneficia más?

La respuesta incómoda es: depende.

Depende del sector, del tamaño de la empresa, del mercado laboral, de la regulación, de si hay o no negociación colectiva… En definitiva, depende del equilibrio de fuerzas.

Lo que sí parece claro es que no estamos ante una relación de “uno gana, otro pierde” de forma automática. Empresarios y trabajadores no son enemigos naturales. Son, más bien, socios obligados en una relación donde cooperan para crear riqueza… y compiten para repartírsela.

Y esa tensión no es un fallo del sistema. Es el sistema.

Por eso, cuando alguien intenta simplificar el debate en buenos y malos, en explotadores y explotados, o en héroes del riesgo frente a víctimas del capital, conviene desconfiar. La realidad suele ser menos épica y bastante más compleja.

Quizá la conclusión más honesta sea esta: sin empresarios no hay empresas, pero sin trabajadores no hay negocio. Y entre ambos, lo que hay no es una guerra, sino un equilibrio inestable que se renegocia constantemente.

La pescadilla, efectivamente, se muerde la cola.

Y mientras tanto, en redes, seguimos discutiendo quién es el pez.

Vilabici: gastar por gastar… o pensar un poco

Hay proyectos municipales que parecen condenados a vivir eternamente en fase de “ahora sí”. En Villarreal tenemos uno de manual: el famoso servicio de bicicletas públicas, llámese Vilabici, Bicivila o como toque este año.

Años de anuncios, partidas presupuestarias, promesas de relanzamiento… y un resultado que, siendo generosos, podríamos calificar de discreto. Siendo realistas: inexistente.

Y, sin embargo, ahí sigue. Como esos electrodomésticos que no funcionan pero seguimos enchufando por si acaso.

Ahora, con los nuevos presupuestos, vuelve la idea de “darle un impulso”. Traducido al castellano: más dinero público para un modelo que no ha demostrado funcionar.

La pregunta es inevitable: ¿de verdad el problema es que no se ha gastado suficiente?

Quizá el error no está en la ejecución, sino en el planteamiento.

En lugar de insistir en un sistema de bicicletas públicas que requiere:

• compra de flota,

• instalación de bases,

• mantenimiento continuo,

• gestión externalizada,

¿por qué no darle la vuelta al modelo?

Propongo algo mucho más sencillo: destinar ese mismo presupuesto a financiar la compra de bicicletas a los vecinos, con una condición clara: que se adquieran en comercios y talleres de Villarreal.

¿Qué se conseguiría?

Primero, lo evidente:

el dinero se quedaría en el pueblo. No se iría a grandes empresas concesionarias, sino que alimentaría directamente al pequeño comercio local.

Segundo:

se incentivaría la actividad económica real. Más ventas, más reparaciones, más talleres. Incluso la posibilidad de que nuevos negocios abran.

Tercero:

se acabaría el agujero del mantenimiento público. La bicicleta, una vez adquirida, pasa a ser responsabilidad del usuario.

Y cuarto, no menos importante:

la gente cuida lo que es suyo. No es lo mismo una bici “de todos” que, en la práctica, no es de nadie, que una pagada con tu dinero.

Una financiación con sentido común

Evidentemente, no se trata de regalar bicicletas.

El comprador debería asumir una parte del coste. Lo suficiente como para garantizar que quien la adquiere realmente la quiere y la va a usar.

Para quienes no puedan afrontar ni siquiera ese importe, el Ayuntamiento podría facilitar un sistema de microcréditos a bajo interés, con devolución en cuotas asumibles.

Es decir: ayuda, sí. Pero con responsabilidad.

Menos foto y más eficacia

Frente a esto, el modelo actual insiste en lo de siempre: infraestructura, contratos, gestión externa… y resultados dudosos.

Porque el problema no es montar estaciones de bicicletas. El problema es conseguir que la gente use la bicicleta.

Y para eso, quizá sea más efectivo poner una bici en cada casa que una base vacía en cada esquina.

La gran pregunta

¿Queremos un servicio que salga bien en la foto… o una política que funcione de verdad?

Porque, a estas alturas, seguir invirtiendo en lo mismo esperando resultados distintos no es insistencia.

Es otra cosa.

Regularizar por decreto: legal, sí… pero no inocuo

En política hay decisiones que se discuten por su contenido, y otras —las más interesantes— que deberían discutirse por la forma en que se adoptan.

La reciente regularización masiva de inmigrantes pertenece a esta segunda categoría. No tanto por el qué, sino por el cómo.

Digo esto, porque el Gobierno ha aprobado una medida mediante un Real Decreto, es decir, una norma reglamentaria destinada a desarrollar una ley previa, en este caso la Ley Orgánica de Extranjería.

Esto encaja formalmente dentro del marco de la Constitución Española, no estamos, pues, ante un acto arbitrario ni fuera del sistema, pero tampoco ante una cuestión menor.

Pero, ¿hasta dónde llega un reglamento?

Aquí es donde empieza el verdadero debate, y conviene formularlo con precisión jurídica:

Un Real Decreto puede desarrollar una ley, lo que no puede es sustituirla.

Es decir:

• Puede concretar procedimientos.

• Puede ajustar requisitos.

• Puede ordenar la aplicación práctica.

Pero no debería:

• Alterar el contenido esencial de la ley.

• Ni crear, de facto, un nuevo marco jurídico de amplio alcance.

Cuando una norma reglamentaria se acerca a ese terreno, entra en lo que los juristas llaman “exceso reglamentario”.

Y eso ya no es una cuestión de opinión, sino de legalidad.

Hay además un punto que, sin hacer ruido, resulta especialmente relevante: la capacidad real de control en procesos de regularización de gran escala.

En teoría, el sistema exige:

• acreditación de residencia,

• ausencia de antecedentes penales,

• y cumplimiento de determinados requisitos administrativos.

Pero cuando el volumen de expedientes es muy elevado, surge una duda legítima: ¿Puede la Administración verificar con el mismo rigor cada caso?

No se trata de afirmar que no se haga, sino de plantear una cuestión práctica:

• la fiabilidad de documentos procedentes de terceros países,

• la coordinación entre administraciones,

• y la propia capacidad material de revisión.

En este contexto, el riesgo no es tanto jurídico como operativo: que el control exista sobre el papel, pero resulte difícil de garantizar con la misma intensidad en la práctica.

Y eso afecta directamente a la credibilidad del sistema.

La regularización de un volumen significativo de población extranjera no es un detalle técnico.

Tiene efectos en:

• el mercado laboral,

• las cotizaciones,

• los servicios públicos,

• y la propia política migratoria.

Por eso surge una duda razonable, no ideológica, sino institucional: ¿Una decisión de este alcance debería canalizarse solo por vía reglamentaria?

Plantearlo no es cuestionar la medida en sí, sino el nivel de control democrático al que se somete.

¿De verdad corre tanta prisa la regularización? ¿No puede hacerse de manera continuada y segura, en lugar de acelerada y sin garantías? 

Al no tratarse de una ley ni de un Real Decreto-ley, no ha pasado por el Congreso.

Eso no lo invalida, pero sí desplaza el control a otro lugar: los tribunales.

Será el Tribunal Supremo quien, en su caso, determine si el Gobierno se ha mantenido dentro de los límites del desarrollo reglamentario o si los ha sobrepasado.

Y conviene subrayarlo: esto no lo decidirá el debate político, sino el criterio jurídico.

Más allá del resultado judicial, hay una consecuencia menos visible, pero más duradera: el precedente.

Si una medida de gran alcance puede adoptarse mediante reglamento, el mensaje implícito es claro: no todo lo relevante necesita pasar por el Parlamento.

No es una ruptura del sistema, pero sí una forma de desplazar su centro de gravedad.

Y eso, en democracia, nunca es neutro.

Cada lector tendrá su posición sobre la regularización.

Es legítimo, pero hay una cuestión previa que merece más atención de la que suele recibir: ¿Dónde deben tomarse las decisiones importantes?

Porque una democracia no se define solo por lo que decide, sino por cómo decide, y entre el boletín oficial y el debate parlamentario hay algo más que un trámite: hay un modelo de país.

La Guerra Civil explicada sin gritar (y sin repartir carnés de buenos y malos)

En España, hablar de la Guerra Civil Española es una actividad de riesgo. No por lo que pasó —que también—, sino por lo que pasa hoy: en cuanto abres la boca, alguien decide en qué bando estás.

Es curioso, porque han pasado casi noventa años, pero hay quien opina con una seguridad que ni los protagonistas de entonces.

Si uno se toma la molestia de leer a historiadores como Pierre Vilar, descubre algo incómodo: que aquello no fue una película de buenos y malos, sino un país lleno de problemas que nadie supo arreglar.

Había desigualdad, tensiones sociales, miedo, orgullo… y bastante torpeza colectiva.

Luego vino la Segunda República Española, que intentó cambiar las cosas. Pero pasó lo que suele pasar en España: para unos era demasiado, para otros demasiado poco. O sea, el consenso duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.

El historiador Santos Juliá lo explicaba de forma más fina: el problema fue que dejamos de ver al otro como adversario y empezamos a verlo como enemigo. Y cuando eso ocurre, discutir ya no sirve; solo queda imponerse.

Y ahí entra Paul Preston, que añade un detalle nada menor: hubo quienes, en vez de aguantar el tirón, decidieron romper la baraja. El golpe militar de 1936, con figuras como Francisco Franco, no cayó del cielo, pero tampoco era la única salida.

Fue, digamos, la peor.

Así que no, la Guerra Civil no fue inevitable. Pero tampoco fue un accidente sin explicación. Fue más bien el resultado de hacer muchas cosas mal… durante demasiado tiempo.

Lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que hoy, desde el sofá y con wifi, haya quien simplifique todo aquello en un eslogan de trinchera, como si la historia cupiera en un tuit y medio.

Quizá el verdadero problema no sea lo que pasó en 1936, sino lo poco que hemos aprendido desde entonces.

Porque si algo enseña la historia —cuando se quiere escuchar— es que los países no se rompen de un día para otro. Se van rompiendo poco a poco… mientras cada uno está convencido de que tiene toda la razón.

Y en eso, conviene reconocerlo, seguimos siendo bastante españoles.

La trinchera del pasado

Hay algo inquietante en el ambiente que respiramos últimamente. No es nuevo, pero sí cada vez más intenso: una especie de competición por ver quién rescata la imagen más hiriente, el texto más incendiario, el episodio más oscuro de nuestra historia reciente. Como si remover constantemente las cenizas fuese a darnos calor, y no precisamente lo contrario.

La Guerra Civil fue una tragedia colectiva. Lo fue para unos y para otros. Y, sin embargo, da la impresión de que algunos se empeñan en utilizarla como arma arrojadiza en el presente, como si los españoles de hoy tuviéramos cuentas pendientes que saldar por hechos que no vivimos, decisiones que no tomamos y odios que no sembramos.

Se lanzan fotos, recortes, consignas… pero no se construye nada. Al contrario: se alimenta una crispación artificial que acaba calando en la sociedad real, en vecinos, en familias, en personas que hasta ayer convivían sin necesidad de mirarse con recelo.

Y es aquí donde conviene recordar algo que parece haberse olvidado: lo más valioso que hemos sido capaces de hacer como país en el último siglo no fue ganar una guerra, sino cerrar sus heridas. La Transición no fue perfecta —nada humano lo es—, pero sí fue un ejercicio admirable de renuncia, de generosidad y, sobre todo, de sentido común. Supimos, entre todos, priorizar la convivencia sobre la revancha.

Por eso resulta tan desconcertante ver cómo, desde distintos ámbitos, se dinamita ese espíritu. Como si la paz lograda fuese un estorbo y no un logro. Como si la reconciliación fuese sospechosa y la confrontación, en cambio, rentable.

Reparar lo reparable, sí. Reconocer errores, también. Pero convertir el pasado en un campo de batalla permanente es, sencillamente, irresponsable. Porque las consecuencias no las pagan quienes lanzan los mensajes, sino quienes los reciben y acaban enfrentados sin saber muy bien por qué.

Tal vez ha llegado el momento de exigir un poco más de altura. Menos ruido, menos consigna y más voluntad de convivencia. Porque si algo nos enseñó nuestra historia es precisamente lo que ocurre cuando dejamos de vernos como ciudadanos y empezamos a tratarnos como enemigos.

Y sinceramente, ya deberíamos haber aprendido la lección.

Sanidad gratuita universal: cuando la razón y la conciencia no se ponen de acuerdo

Hay debates que no se resuelven con datos, ni con estadísticas, ni siquiera con ideología. Hay debates que se instalan incómodamente en ese terreno donde chocan la cabeza y el corazón. Este es uno de ellos.

Porque, si uno se detiene a pensar fríamente, la razón parece bastante clara: los servicios públicos no nacen de la nada. Se sostienen con el esfuerzo, los impuestos y, en definitiva, el trabajo de generaciones que han contribuido a construir un sistema que hoy damos por hecho. Desde esta óptica, no parece justo que cualquier persona, independientemente de su situación legal o de si ha contribuido o no, tenga acceso automático a los mismos derechos que quienes han sostenido el sistema durante años.

La lógica económica —y también la política, si se quiere— introduce además otro elemento incómodo: el efecto llamada. Si un país ofrece acceso universal sin condiciones a servicios costosos como la sanidad, ¿no puede convertirse eso en un incentivo adicional para quienes buscan mejorar su situación, aunque sea al margen de los cauces legales? No se trata de demonizar a nadie, sino de reconocer que las decisiones públicas generan consecuencias, muchas veces no deseadas.

Desde esta perspectiva, surge una idea que no es nueva: la solidaridad, para ser verdaderamente moral, debería ser voluntaria. La caridad impuesta deja de ser caridad y se convierte en obligación. Y cuando el Estado decide por todos cuánto, cómo y a quién debemos ayudar, cabe preguntarse si no se está desdibujando la responsabilidad individual y el sentido mismo de la generosidad.

Hasta aquí, la razón.

Pero entonces aparece la conciencia.

Y la conciencia, al menos en mi caso, no entiende de balances ni de incentivos. La conciencia no acepta que una persona enferma, vulnerable o en situación límite quede desatendida por no cumplir un requisito administrativo o por no haber cotizado lo suficiente. La conciencia no distingue entre contribuyentes y no contribuyentes cuando hay sufrimiento de por medio.

Porque, al final, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que mide cada derecho en función de lo aportado o una que, en determinados ámbitos, coloca la dignidad humana por encima de cualquier cálculo?

Aquí es donde el conflicto se vuelve real. Porque no estamos hablando de una disyuntiva sencilla entre el bien y el mal, sino de dos principios legítimos que chocan frontalmente: la justicia distributiva y la compasión humana.

Y no es fácil reconciliarlos.

Uno puede entender —y compartir— que un sistema tiene límites, que no todo es sostenible y que las decisiones deben tener en cuenta recursos finitos. Pero también cuesta aceptar que esos límites se traduzcan en dejar fuera a quien más lo necesita en un momento crítico.

Al final, este dilema no lo resuelve el ciudadano de a pie. No puede hacerlo. Porque, en la práctica, no decidimos individualmente a quién se atiende en un hospital o quién tiene derecho a una prestación. Esa responsabilidad recae en el Gobierno, que es quien diseña las reglas del juego.

Y ahí surge la gran pregunta: ¿debe el Gobierno actuar guiado exclusivamente por criterios técnicos —sostenibilidad, eficiencia, control del gasto— o debe incorporar también criterios humanos, aunque estos tensionen el sistema?

Probablemente no haya una respuesta única. Probablemente haya tantas respuestas como ciudadanos. Algunos priorizarán la equidad del sistema; otros, la humanidad del mismo.

Lo que sí parece evidente es que este es un debate necesario. Incómodo, sí. Complejo, también. Pero imprescindible si queremos mirar de frente a las consecuencias de nuestras decisiones colectivas.

Porque, en el fondo, no estamos discutiendo solo sobre sanidad. Estamos discutiendo sobre qué entendemos por justicia, por solidaridad y, en última instancia, por sociedad.

Y en ese terreno, como casi siempre, no hay verdades absolutas. Solo preguntas que merece la pena hacerse.

La vida no se defiende con eslóganes

A raíz del caso de Noelia —convertido ya en bandera para unos y en motivo de alarma para otros— vuelve a instalarse en la sociedad un debate incómodo, profundo y, a menudo, mal enfocado: el de la eutanasia. Como casi siempre, se nos empuja a elegir entre dos trincheras simplistas: el derecho a morir frente al deber de preservar la vida. Y en medio, como tantas veces, se pierde lo esencial.

Porque esto no va de consignas. Va de personas.

Quienes defendemos una posición clara a favor de la vida no lo hacemos desde la frialdad ni desde un moralismo abstracto. No hablamos de imponer sufrimiento ni de prolongar el dolor a cualquier precio. Al contrario: hablamos de algo mucho más exigente. Hablamos de responsabilidad colectiva.

Una sociedad digna no es la que ofrece la muerte como solución al sufrimiento, sino la que se compromete de verdad a combatir ese sufrimiento en todas sus formas.

Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo de verdad.

Porque aliviar el dolor físico requiere recursos. Muchos. Cuidados paliativos accesibles, bien financiados y con profesionales suficientes. No discursos: inversión.

Pero aún más difícil es abordar el dolor emocional y el psicológico. La soledad, el abandono, la sensación de ser una carga, la pérdida de sentido. Ese territorio no se arregla con leyes rápidas ni con titulares. Exige tiempo, cercanía, comunidad. Exige que alguien esté ahí.

Y todavía hay otro plano del que casi nadie habla: el económico. ¿Cuántas decisiones desesperadas están condicionadas por la precariedad, por la falta de apoyo, por el miedo a arruinar a la familia? Defender la vida también significa garantizar que nadie se vea empujado a elegir la muerte porque vivir se ha vuelto inviable.

Por eso resulta inquietante que, como sociedad, avancemos más deprisa en regular cómo morir que en asegurar cómo vivir con dignidad hasta el final.

No se trata de negar la autonomía personal ni de ignorar casos extremos. Se trata de preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible antes de llegar ahí. Si realmente hemos puesto sobre la mesa todas las alternativas humanas, médicas, sociales y económicas que una persona necesita para no sentirse sola frente al abismo.

Porque cuando alguien pide morir, muchas veces lo que está pidiendo —aunque no siempre lo exprese así— es dejar de sufrir.

Y ahí es donde nos la jugamos como sociedad.

Defender la vida no es un eslogan bonito. Es una tarea incómoda, costosa y continua. Implica estar, acompañar, cuidar, sostener. Implica mirar a los ojos a quien sufre y no apartar la vista.

Lo fácil es legislar sobre el final. Lo difícil es comprometerse con el camino.

Si de verdad queremos ser una sociedad que ampare la vida, no basta con palabras grandilocuentes ni con debates ideológicos. Hace falta acción. Hace falta presencia. Hace falta humanidad.

Y eso, hoy por hoy, sigue siendo lo más urgente.

Fútbol sin prisa: una oportunidad perdida en Villarreal

Ayer por la mañana, con ese sol amable que invita más a salir que a quedarse en casa, pasé por delante del Centre Esportiu Municipal. Instalaciones impecables, amplias, bien cuidadas… y completamente vacías. Ni un balón rodando. Ni una voz. Ni un solo indicio de vida.

Y no pude evitar hacer una comparación que, cuanto más la pienso, más sentido tiene.

Los ciclistas jubilados —entre los que me incluyo— no necesitamos que nadie nos empuje demasiado para salir. Nos organizamos, quedamos, rodamos en grupo, hablamos, reímos y, casi sin darnos cuenta, hacemos ejercicio, socializamos y le plantamos cara al paso del tiempo. Hay disciplina, sí, pero también hay rutina compartida. Y eso es clave.

Sin embargo, los aficionados al fútbol, que son muchos más, desaparecen del mapa deportivo en cuanto cuelgan las botas “oficialmente”. ¿Por qué?

No será por falta de instalaciones. Ahí están, como vi ayer: disponibles, infrautilizadas, esperando.

Tampoco será por falta de afición. En Villarreal, el fútbol no es solo un deporte, es casi una identidad.

La respuesta, probablemente, está en cómo entendemos el fútbol. Lo asociamos a la competición, al esfuerzo intenso, al choque, a la exigencia física. Y claro, llegado cierto momento, muchos piensan: “esto ya no es para mí”.

Pero esa visión es limitada. Y, en cierto modo, injusta.

Porque el fútbol también puede ser otra cosa.

Puede ser pasear el balón, hacer rondos, chutar suavemente a portería, esquivar conos, moverse sin prisas. Puede ser, en definitiva, una actividad adaptada, sin impacto, sin riesgo innecesario, pero con todos los beneficios: ejercicio moderado, coordinación, estímulo mental… y, sobre todo, compañía.

¿De verdad no merece la pena intentarlo?

Aquí es donde entra en juego el Ayuntamiento. No se trata de grandes inversiones ni de proyectos faraónicos. Basta con algo mucho más sencillo —y, precisamente por eso, más eficaz—: abrir las instalaciones municipales en horarios específicos para mayores, promover encuentros informales, quizá con algún monitor que oriente ejercicios básicos, y lanzar el mensaje de que el fútbol también es para la tercera edad.

Sin presión. Sin marcadores. Sin lesiones.

Solo balón, movimiento y conversación.

En una sociedad donde tanto se habla —y con razón— de combatir la soledad no deseada, esta podría ser una medida tan humilde como transformadora. Porque no todo pasa por grandes programas sociales: a veces basta con facilitar que la gente se encuentre.

Que salga de casa.

Que tenga un motivo.

Ayer, en ese campo vacío, no vi solo una instalación sin uso. Vi una oportunidad.

Una oportunidad para que muchos vecinos recuperen una parte de su vida que creían perdida.

Una oportunidad para que Villarreal vuelva a llenarse de balones… aunque rueden más despacio.

Y una oportunidad para que el Ayuntamiento demuestre que entiende algo fundamental: que envejecer no es parar, sino adaptarse.

El resto, como siempre, depende de que alguien decida dar el primer pase.

El triángulo que algunos prefieren no mirar

En economía hay una idea muy sencilla que, curiosamente, casi nunca aparece cuando se habla de salarios, jornadas laborales o precios. Y sin embargo explica muchas cosas.

Es lo que algunos llaman el triángulo de la producción: tres factores que siempre están relacionados entre sí y que determinan el coste de cualquier producto o servicio.

Los tres lados del triángulo son muy fáciles de entender:

• La calidad

• La cantidad

• El tiempo necesario para producir

La regla es igual de sencilla: no se pueden optimizar los tres a la vez.

Si queremos más calidad, normalmente aumenta el tiempo o el coste.

Si queremos producir mucho y rápido, la calidad suele resentirse.

Y si pretendemos que algo sea excelente, rápido y barato al mismo tiempo… probablemente estamos pidiendo un milagro.

Los artesanos lo saben desde hace siglos y lo resumen con una frase muy conocida:

“Bueno, bonito y barato: elija dos.”

Pongamos un ejemplo sencillo.

Si encargamos una mesa a un carpintero podemos pedir tres cosas: madera maciza, acabados perfectos y entrega en una semana. El carpintero seguramente dirá que sí… pero el precio nos hará sudar.

Si queremos la misma calidad pero más barata, nos tocará esperar varios meses.

Y si la queremos barata y rápida, lo más probable es que sea de tablero industrial y tornillos ocultos.

No es ideología. Es pura lógica económica.

Por eso resulta curioso escuchar ciertos debates actuales donde parece que todo es tan simple como trabajar menos horas y cobrar más.

Ojalá fuera así de fácil.

El problema es que en cualquier empresa el principal coste suele ser el trabajo. Si suben los salarios y al mismo tiempo se reduce el número de horas trabajadas, solo hay tres maneras de compensarlo:

• subir los precios,

• reducir la calidad,

• o producir menos.

Existe una cuarta posibilidad, claro: aumentar la productividad. Es decir, producir más valor en menos tiempo gracias a tecnología, mejor organización o más capital.

Pero esa parte del debate suele ser la menos comentada, quizá porque es la más difícil.

Al final la economía se parece mucho a una mesa de tres patas: salarios, tiempo de trabajo y productividad.

Si alargamos una pata y acortamos otra sin reforzar la tercera, la mesa termina tambaleándose.

Además, basta mirar a nuestro alrededor para ver cómo funciona este triángulo en la vida real.

Pensemos en algo tan cercano como la hostelería. Durante años hemos estado orgullosos de poder sentarnos en una terraza, pedir un café o un menú del día y pagar bastante menos que en otros países europeos.

Pero ese “milagro” tenía una explicación muy sencilla: muchas horas de trabajo, salarios ajustados y una productividad limitada.

Ahora queremos que los sueldos suban (algo razonable), que las jornadas se reduzcan (algo comprensible) y que los precios sigan siendo los mismos (algo bastante más complicado).

Porque si el camarero trabaja menos horas, cobra más y el bar mantiene los mismos precios, la cuenta simplemente no sale.

El resultado ya lo estamos viendo poco a poco: menús más caros, menos personal o establecimientos que directamente no encuentran trabajadores suficientes.

No es una conspiración empresarial. Es el mismo triángulo de siempre.

Los países que han conseguido trabajar menos horas y mantener salarios altos —como en el norte de Europa— no lo han hecho por decreto ni por entusiasmo parlamentario, sino porque producen mucho más valor por hora trabajada.

Es decir, porque han reforzado la tercera pata de la mesa: la productividad.

En economía, como en la carpintería, las mesas con tres patas funcionan muy bien…

siempre que las tres tengan la misma altura.

Cuando una se alarga por decreto y otra se acorta por deseo político, lo normal es que la mesa termine cojeando.

Y cuando la mesa económica cojea, ya sabemos quién acaba recogiendo los platos rotos.