Hay decisiones políticas que a pesar de la urgencia que reclaman, necesitan ser pensadas, analizadas, y desarrolladas tras escuchar a todas las partes implicadas. Un decisión rápida no implica que sea eficaz y a la postre muestran unas contradicciones difícil de explicar. El caso del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y retenido frente a Cabo Verde, empieza a parecerse mucho a eso.
El Gobierno español, en una decisión quizá demasiado apresurada, justificó la llegada del barco a Canarias apelando al “espíritu humanitario” y a que las islas eran “el lugar más próximo con capacidades” para gestionar una emergencia sanitaria de este tipo.
Hasta ahí, el argumento parecía razonable: si existe riesgo epidemiológico y Cabo Verde no dispone de medios suficientes, Canarias cuenta con hospitales, protocolos, aislamiento y capacidad logística. Nadie discute que España tenga recursos sanitarios infinitamente superiores a los de un pequeño estado africano.
Pero las noticias conocidas en las últimas horas introducen una pregunta incómoda: si los pasajeros no van a ser tratados en Canarias, ni ingresados, ni siquiera mezclados con la población local, ¿para qué sirve realmente la escala?
El protocolo diseñado por las autoridades españolas y europeas establece que el barco ni siquiera atracará en puerto. Permanecerá fondeado frente a Tenerife, los pasajeros serán trasladados en grupos aislados mediante embarcaciones auxiliares y, desde allí, llevados directamente al aeropuerto para embarcar rumbo a sus respectivos países.
Es decir: Canarias no actuaría como centro sanitario operativo, sino como mero punto de tránsito aeroportuario.
Y ahí aparece la contradicción.
Porque si el objetivo final es simplemente trasladar pasajeros desde un barco a un avión, cuesta entender por qué Cabo Verde —donde el crucero ya estaba fondeado— no podía realizar exactamente esa misma operación bajo supervisión internacional.
De hecho, el propio Ministerio de Sanidad español sostuvo inicialmente que los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo podían evacuarse directamente en Cabo Verde, evitando la escala en Canarias salvo empeoramiento de la situación clínica.
Eso es lo verdaderamente llamativo de todo este episodio: la explicación oficial ha ido cambiando según avanzaban las horas.
Primero se habló de necesidad sanitaria urgente. Luego de asistencia humanitaria imprescindible. Y finalmente descubrimos que la mayoría de los pasajeros simplemente cruzarán Canarias encapsulados camino del aeropuerto.
No parece una crítica a la ayuda humanitaria —que es obligada y lógica—, sino a la inconsistencia política y comunicativa con la que se ha gestionado el asunto.
Porque si Canarias dispone de recursos excepcionales para tratar una emergencia epidemiológica, lo coherente sería utilizarlos realmente. Y si esos recursos no van a emplearse más allá de un corredor logístico blindado, entonces quizá la cuestión nunca fue sanitaria, sino diplomática y política.
La realidad es que España ha terminado asumiendo un problema internacional que otros países preferían mantener lejos de sus puertos. Cabo Verde evitó el desembarco. Marruecos llegó a rechazar operaciones vinculadas a evacuaciones médicas. Y finalmente ha sido Canarias quien absorbe el coste político, mediático y social de una operación que, según el propio protocolo anunciado, intenta precisamente evitar cualquier contacto real con el territorio.
En otras palabras: se moviliza un enorme dispositivo sanitario para una operación diseñada para que casi nadie utilice la sanidad canaria.
Y eso deja una sensación difícil de ignorar: quizá Canarias no ha sido elegida por ser el mejor lugar para tratar a los afectados, sino simplemente porque era el único lugar dispuesto a asumir el problema.
