¿Quién se aprovecha de quién? Empresarios, trabajadores y el eterno debate tramposo

En las redes sociales hay discusiones que no buscan respuestas, sino trincheras. Una de las más recurrentes es esa de: ¿quién aporta más a la sociedad, el empresario o el trabajador? Y, como era de esperar, cada cual defiende su bando con la pasión de quien cree tener toda la razón… y ninguna duda.

Pero quizá el problema no está en la respuesta. Quizá está en la pregunta.

Porque plantearlo en términos de “quién aporta más” o “quién se beneficia más” es, en el fondo, una simplificación que no aguanta dos minutos de reflexión seria. Es como discutir qué es más importante en un coche: el motor o las ruedas. Pruebe usted a circular sin uno de los dos y verá lo lejos que llega.

El empresario pone el capital, asume el riesgo, toma decisiones y, en muchos casos, se juega su patrimonio y su tranquilidad. No es poca cosa. Sin esa figura, no hay empresa que nazca.

El trabajador, por su parte, pone su tiempo, su esfuerzo y, sobre todo, su capacidad de hacer que las cosas funcionen. Porque una idea sin ejecución es humo, y una empresa sin trabajadores es poco más que un papel con buenas intenciones.

Hasta aquí, el discurso es bastante obvio. Pero el debate no se queda ahí. Lo interesante viene cuando se pasa de la creación de valor… al reparto de ese valor.

Y ahí es donde empiezan las fricciones.

Porque una cosa es que ambos sean necesarios —que lo son— y otra muy distinta es cómo se reparte lo que generan juntos. Y en ese reparto, no siempre gana el que más aporta, sino el que tiene más capacidad de negociación.

Dicho de forma más clara: no es solo economía, es poder.

En una pequeña empresa que sobrevive como puede, el empresario muchas veces cobra menos que sus empleados y vive con la incertidumbre permanente de no saber si llegará a fin de mes. En ese contexto, hablar de “explotador” suena, como mínimo, exagerado.

Pero en grandes corporaciones, donde los beneficios se cuentan en millones mientras los salarios apenas avanzan, la percepción cambia. Y con razón. Porque cuando el capital se concentra, también lo hace la capacidad de quedarse con una porción mayor del pastel.

Entonces, ¿quién se beneficia más?

La respuesta incómoda es: depende.

Depende del sector, del tamaño de la empresa, del mercado laboral, de la regulación, de si hay o no negociación colectiva… En definitiva, depende del equilibrio de fuerzas.

Lo que sí parece claro es que no estamos ante una relación de “uno gana, otro pierde” de forma automática. Empresarios y trabajadores no son enemigos naturales. Son, más bien, socios obligados en una relación donde cooperan para crear riqueza… y compiten para repartírsela.

Y esa tensión no es un fallo del sistema. Es el sistema.

Por eso, cuando alguien intenta simplificar el debate en buenos y malos, en explotadores y explotados, o en héroes del riesgo frente a víctimas del capital, conviene desconfiar. La realidad suele ser menos épica y bastante más compleja.

Quizá la conclusión más honesta sea esta: sin empresarios no hay empresas, pero sin trabajadores no hay negocio. Y entre ambos, lo que hay no es una guerra, sino un equilibrio inestable que se renegocia constantemente.

La pescadilla, efectivamente, se muerde la cola.

Y mientras tanto, en redes, seguimos discutiendo quién es el pez.

Vilabici: gastar por gastar… o pensar un poco

Hay proyectos municipales que parecen condenados a vivir eternamente en fase de “ahora sí”. En Villarreal tenemos uno de manual: el famoso servicio de bicicletas públicas, llámese Vilabici, Bicivila o como toque este año.

Años de anuncios, partidas presupuestarias, promesas de relanzamiento… y un resultado que, siendo generosos, podríamos calificar de discreto. Siendo realistas: inexistente.

Y, sin embargo, ahí sigue. Como esos electrodomésticos que no funcionan pero seguimos enchufando por si acaso.

Ahora, con los nuevos presupuestos, vuelve la idea de “darle un impulso”. Traducido al castellano: más dinero público para un modelo que no ha demostrado funcionar.

La pregunta es inevitable: ¿de verdad el problema es que no se ha gastado suficiente?

Quizá el error no está en la ejecución, sino en el planteamiento.

En lugar de insistir en un sistema de bicicletas públicas que requiere:

• compra de flota,

• instalación de bases,

• mantenimiento continuo,

• gestión externalizada,

¿por qué no darle la vuelta al modelo?

Propongo algo mucho más sencillo: destinar ese mismo presupuesto a financiar la compra de bicicletas a los vecinos, con una condición clara: que se adquieran en comercios y talleres de Villarreal.

¿Qué se conseguiría?

Primero, lo evidente:

el dinero se quedaría en el pueblo. No se iría a grandes empresas concesionarias, sino que alimentaría directamente al pequeño comercio local.

Segundo:

se incentivaría la actividad económica real. Más ventas, más reparaciones, más talleres. Incluso la posibilidad de que nuevos negocios abran.

Tercero:

se acabaría el agujero del mantenimiento público. La bicicleta, una vez adquirida, pasa a ser responsabilidad del usuario.

Y cuarto, no menos importante:

la gente cuida lo que es suyo. No es lo mismo una bici “de todos” que, en la práctica, no es de nadie, que una pagada con tu dinero.

Una financiación con sentido común

Evidentemente, no se trata de regalar bicicletas.

El comprador debería asumir una parte del coste. Lo suficiente como para garantizar que quien la adquiere realmente la quiere y la va a usar.

Para quienes no puedan afrontar ni siquiera ese importe, el Ayuntamiento podría facilitar un sistema de microcréditos a bajo interés, con devolución en cuotas asumibles.

Es decir: ayuda, sí. Pero con responsabilidad.

Menos foto y más eficacia

Frente a esto, el modelo actual insiste en lo de siempre: infraestructura, contratos, gestión externa… y resultados dudosos.

Porque el problema no es montar estaciones de bicicletas. El problema es conseguir que la gente use la bicicleta.

Y para eso, quizá sea más efectivo poner una bici en cada casa que una base vacía en cada esquina.

La gran pregunta

¿Queremos un servicio que salga bien en la foto… o una política que funcione de verdad?

Porque, a estas alturas, seguir invirtiendo en lo mismo esperando resultados distintos no es insistencia.

Es otra cosa.

Regularizar por decreto: legal, sí… pero no inocuo

En política hay decisiones que se discuten por su contenido, y otras —las más interesantes— que deberían discutirse por la forma en que se adoptan.

La reciente regularización masiva de inmigrantes pertenece a esta segunda categoría. No tanto por el qué, sino por el cómo.

Digo esto, porque el Gobierno ha aprobado una medida mediante un Real Decreto, es decir, una norma reglamentaria destinada a desarrollar una ley previa, en este caso la Ley Orgánica de Extranjería.

Esto encaja formalmente dentro del marco de la Constitución Española, no estamos, pues, ante un acto arbitrario ni fuera del sistema, pero tampoco ante una cuestión menor.

Pero, ¿hasta dónde llega un reglamento?

Aquí es donde empieza el verdadero debate, y conviene formularlo con precisión jurídica:

Un Real Decreto puede desarrollar una ley, lo que no puede es sustituirla.

Es decir:

• Puede concretar procedimientos.

• Puede ajustar requisitos.

• Puede ordenar la aplicación práctica.

Pero no debería:

• Alterar el contenido esencial de la ley.

• Ni crear, de facto, un nuevo marco jurídico de amplio alcance.

Cuando una norma reglamentaria se acerca a ese terreno, entra en lo que los juristas llaman “exceso reglamentario”.

Y eso ya no es una cuestión de opinión, sino de legalidad.

Hay además un punto que, sin hacer ruido, resulta especialmente relevante: la capacidad real de control en procesos de regularización de gran escala.

En teoría, el sistema exige:

• acreditación de residencia,

• ausencia de antecedentes penales,

• y cumplimiento de determinados requisitos administrativos.

Pero cuando el volumen de expedientes es muy elevado, surge una duda legítima: ¿Puede la Administración verificar con el mismo rigor cada caso?

No se trata de afirmar que no se haga, sino de plantear una cuestión práctica:

• la fiabilidad de documentos procedentes de terceros países,

• la coordinación entre administraciones,

• y la propia capacidad material de revisión.

En este contexto, el riesgo no es tanto jurídico como operativo: que el control exista sobre el papel, pero resulte difícil de garantizar con la misma intensidad en la práctica.

Y eso afecta directamente a la credibilidad del sistema.

La regularización de un volumen significativo de población extranjera no es un detalle técnico.

Tiene efectos en:

• el mercado laboral,

• las cotizaciones,

• los servicios públicos,

• y la propia política migratoria.

Por eso surge una duda razonable, no ideológica, sino institucional: ¿Una decisión de este alcance debería canalizarse solo por vía reglamentaria?

Plantearlo no es cuestionar la medida en sí, sino el nivel de control democrático al que se somete.

¿De verdad corre tanta prisa la regularización? ¿No puede hacerse de manera continuada y segura, en lugar de acelerada y sin garantías? 

Al no tratarse de una ley ni de un Real Decreto-ley, no ha pasado por el Congreso.

Eso no lo invalida, pero sí desplaza el control a otro lugar: los tribunales.

Será el Tribunal Supremo quien, en su caso, determine si el Gobierno se ha mantenido dentro de los límites del desarrollo reglamentario o si los ha sobrepasado.

Y conviene subrayarlo: esto no lo decidirá el debate político, sino el criterio jurídico.

Más allá del resultado judicial, hay una consecuencia menos visible, pero más duradera: el precedente.

Si una medida de gran alcance puede adoptarse mediante reglamento, el mensaje implícito es claro: no todo lo relevante necesita pasar por el Parlamento.

No es una ruptura del sistema, pero sí una forma de desplazar su centro de gravedad.

Y eso, en democracia, nunca es neutro.

Cada lector tendrá su posición sobre la regularización.

Es legítimo, pero hay una cuestión previa que merece más atención de la que suele recibir: ¿Dónde deben tomarse las decisiones importantes?

Porque una democracia no se define solo por lo que decide, sino por cómo decide, y entre el boletín oficial y el debate parlamentario hay algo más que un trámite: hay un modelo de país.

La Guerra Civil explicada sin gritar (y sin repartir carnés de buenos y malos)

En España, hablar de la Guerra Civil Española es una actividad de riesgo. No por lo que pasó —que también—, sino por lo que pasa hoy: en cuanto abres la boca, alguien decide en qué bando estás.

Es curioso, porque han pasado casi noventa años, pero hay quien opina con una seguridad que ni los protagonistas de entonces.

Si uno se toma la molestia de leer a historiadores como Pierre Vilar, descubre algo incómodo: que aquello no fue una película de buenos y malos, sino un país lleno de problemas que nadie supo arreglar.

Había desigualdad, tensiones sociales, miedo, orgullo… y bastante torpeza colectiva.

Luego vino la Segunda República Española, que intentó cambiar las cosas. Pero pasó lo que suele pasar en España: para unos era demasiado, para otros demasiado poco. O sea, el consenso duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.

El historiador Santos Juliá lo explicaba de forma más fina: el problema fue que dejamos de ver al otro como adversario y empezamos a verlo como enemigo. Y cuando eso ocurre, discutir ya no sirve; solo queda imponerse.

Y ahí entra Paul Preston, que añade un detalle nada menor: hubo quienes, en vez de aguantar el tirón, decidieron romper la baraja. El golpe militar de 1936, con figuras como Francisco Franco, no cayó del cielo, pero tampoco era la única salida.

Fue, digamos, la peor.

Así que no, la Guerra Civil no fue inevitable. Pero tampoco fue un accidente sin explicación. Fue más bien el resultado de hacer muchas cosas mal… durante demasiado tiempo.

Lo llamativo no es eso. Lo llamativo es que hoy, desde el sofá y con wifi, haya quien simplifique todo aquello en un eslogan de trinchera, como si la historia cupiera en un tuit y medio.

Quizá el verdadero problema no sea lo que pasó en 1936, sino lo poco que hemos aprendido desde entonces.

Porque si algo enseña la historia —cuando se quiere escuchar— es que los países no se rompen de un día para otro. Se van rompiendo poco a poco… mientras cada uno está convencido de que tiene toda la razón.

Y en eso, conviene reconocerlo, seguimos siendo bastante españoles.

La trinchera del pasado

Hay algo inquietante en el ambiente que respiramos últimamente. No es nuevo, pero sí cada vez más intenso: una especie de competición por ver quién rescata la imagen más hiriente, el texto más incendiario, el episodio más oscuro de nuestra historia reciente. Como si remover constantemente las cenizas fuese a darnos calor, y no precisamente lo contrario.

La Guerra Civil fue una tragedia colectiva. Lo fue para unos y para otros. Y, sin embargo, da la impresión de que algunos se empeñan en utilizarla como arma arrojadiza en el presente, como si los españoles de hoy tuviéramos cuentas pendientes que saldar por hechos que no vivimos, decisiones que no tomamos y odios que no sembramos.

Se lanzan fotos, recortes, consignas… pero no se construye nada. Al contrario: se alimenta una crispación artificial que acaba calando en la sociedad real, en vecinos, en familias, en personas que hasta ayer convivían sin necesidad de mirarse con recelo.

Y es aquí donde conviene recordar algo que parece haberse olvidado: lo más valioso que hemos sido capaces de hacer como país en el último siglo no fue ganar una guerra, sino cerrar sus heridas. La Transición no fue perfecta —nada humano lo es—, pero sí fue un ejercicio admirable de renuncia, de generosidad y, sobre todo, de sentido común. Supimos, entre todos, priorizar la convivencia sobre la revancha.

Por eso resulta tan desconcertante ver cómo, desde distintos ámbitos, se dinamita ese espíritu. Como si la paz lograda fuese un estorbo y no un logro. Como si la reconciliación fuese sospechosa y la confrontación, en cambio, rentable.

Reparar lo reparable, sí. Reconocer errores, también. Pero convertir el pasado en un campo de batalla permanente es, sencillamente, irresponsable. Porque las consecuencias no las pagan quienes lanzan los mensajes, sino quienes los reciben y acaban enfrentados sin saber muy bien por qué.

Tal vez ha llegado el momento de exigir un poco más de altura. Menos ruido, menos consigna y más voluntad de convivencia. Porque si algo nos enseñó nuestra historia es precisamente lo que ocurre cuando dejamos de vernos como ciudadanos y empezamos a tratarnos como enemigos.

Y sinceramente, ya deberíamos haber aprendido la lección.

Sanidad gratuita universal: cuando la razón y la conciencia no se ponen de acuerdo

Hay debates que no se resuelven con datos, ni con estadísticas, ni siquiera con ideología. Hay debates que se instalan incómodamente en ese terreno donde chocan la cabeza y el corazón. Este es uno de ellos.

Porque, si uno se detiene a pensar fríamente, la razón parece bastante clara: los servicios públicos no nacen de la nada. Se sostienen con el esfuerzo, los impuestos y, en definitiva, el trabajo de generaciones que han contribuido a construir un sistema que hoy damos por hecho. Desde esta óptica, no parece justo que cualquier persona, independientemente de su situación legal o de si ha contribuido o no, tenga acceso automático a los mismos derechos que quienes han sostenido el sistema durante años.

La lógica económica —y también la política, si se quiere— introduce además otro elemento incómodo: el efecto llamada. Si un país ofrece acceso universal sin condiciones a servicios costosos como la sanidad, ¿no puede convertirse eso en un incentivo adicional para quienes buscan mejorar su situación, aunque sea al margen de los cauces legales? No se trata de demonizar a nadie, sino de reconocer que las decisiones públicas generan consecuencias, muchas veces no deseadas.

Desde esta perspectiva, surge una idea que no es nueva: la solidaridad, para ser verdaderamente moral, debería ser voluntaria. La caridad impuesta deja de ser caridad y se convierte en obligación. Y cuando el Estado decide por todos cuánto, cómo y a quién debemos ayudar, cabe preguntarse si no se está desdibujando la responsabilidad individual y el sentido mismo de la generosidad.

Hasta aquí, la razón.

Pero entonces aparece la conciencia.

Y la conciencia, al menos en mi caso, no entiende de balances ni de incentivos. La conciencia no acepta que una persona enferma, vulnerable o en situación límite quede desatendida por no cumplir un requisito administrativo o por no haber cotizado lo suficiente. La conciencia no distingue entre contribuyentes y no contribuyentes cuando hay sufrimiento de por medio.

Porque, al final, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que mide cada derecho en función de lo aportado o una que, en determinados ámbitos, coloca la dignidad humana por encima de cualquier cálculo?

Aquí es donde el conflicto se vuelve real. Porque no estamos hablando de una disyuntiva sencilla entre el bien y el mal, sino de dos principios legítimos que chocan frontalmente: la justicia distributiva y la compasión humana.

Y no es fácil reconciliarlos.

Uno puede entender —y compartir— que un sistema tiene límites, que no todo es sostenible y que las decisiones deben tener en cuenta recursos finitos. Pero también cuesta aceptar que esos límites se traduzcan en dejar fuera a quien más lo necesita en un momento crítico.

Al final, este dilema no lo resuelve el ciudadano de a pie. No puede hacerlo. Porque, en la práctica, no decidimos individualmente a quién se atiende en un hospital o quién tiene derecho a una prestación. Esa responsabilidad recae en el Gobierno, que es quien diseña las reglas del juego.

Y ahí surge la gran pregunta: ¿debe el Gobierno actuar guiado exclusivamente por criterios técnicos —sostenibilidad, eficiencia, control del gasto— o debe incorporar también criterios humanos, aunque estos tensionen el sistema?

Probablemente no haya una respuesta única. Probablemente haya tantas respuestas como ciudadanos. Algunos priorizarán la equidad del sistema; otros, la humanidad del mismo.

Lo que sí parece evidente es que este es un debate necesario. Incómodo, sí. Complejo, también. Pero imprescindible si queremos mirar de frente a las consecuencias de nuestras decisiones colectivas.

Porque, en el fondo, no estamos discutiendo solo sobre sanidad. Estamos discutiendo sobre qué entendemos por justicia, por solidaridad y, en última instancia, por sociedad.

Y en ese terreno, como casi siempre, no hay verdades absolutas. Solo preguntas que merece la pena hacerse.