Cada vez que un gran incendio arrasa miles de hectáreas, resurge el mismo debate: "Lo que hace falta es limpiar los montes."
Es una afirmación tan repetida que casi nadie se detiene a pensar qué significa exactamente, porque limpiar un monte no es pasar una escoba.
¿Está prohibido limpiar los montes?
Probablemente ésta sea la primera pregunta que conviene responder.
En los últimos años se ha extendido la idea de que las leyes ambientales o la llamada Agenda 2030 impiden limpiar los bosques. Sin embargo, la legislación estatal y autonómica no dice eso. Al contrario: la normativa obliga a la prevención y atribuye responsabilidades tanto a las administraciones como, en determinados casos, a los propietarios privados. Lo que sí ocurre es que muchas actuaciones requieren autorización o deben ajustarse a planes de gestión para evitar daños ambientales o riesgos durante la época de incendios.
Entonces, si no está prohibido...¿Por qué da la impresión de que tantos montes están abandonados?
Un problema de propietarios
En España, una parte muy importante de la superficie forestal pertenece a propietarios particulares.
Y aquí aparece la primera dificultad.
Muchos propietarios poseen parcelas pequeñas, heredadas hace décadas, algunas incluso repartidas entre varios herederos que viven a cientos de kilómetros.
Limpiar una parcela puede costar bastante más de lo que esa parcela produce en toda una vida.
¿Quién va a invertir miles de euros en un terreno que no genera ningún ingreso?
Desde un punto de vista legal podría decirse que el propietario tiene obligaciones.
Desde un punto de vista económico, muchas veces simplemente no puede asumirlas.
Y ahí empieza el verdadero problema.
El monte dejó de ser una fuente de riqueza
Nuestros abuelos limpiaban el monte constantemente, no porque existiera una conciencia ecológica especial. Lo hacían porque el monte era útil. Se recogía leña, se hacía carbón, se aprovechaba la madera, se cortaba maleza para los animales, había pastores, había agricultores, había gente viviendo del monte. Hoy casi todo eso ha desaparecido.
Y cuando el monte deja de ser rentable, también deja de cuidarse.
Quizá ésta sea una de las grandes diferencias entre el paisaje de hace cincuenta años y el actual.
¿Y si el ganado volviera?
Cada vez más ingenieros forestales y gestores del territorio defienden recuperar el pastoreo extensivo, no como la única solución, pero sí como una herramienta muy eficaz.
Cabras y ovejas eliminan gran parte del matorral que sirve de combustible, las vacas mantienen abiertas muchas zonas, además generan actividad económica y ayudan a fijar población en el medio rural.
Es una solución que tiene algo de sentido común: utilizar un sistema que funcionó durante siglos antes de que existieran las desbrozadoras o los helicópteros. Existen incluso experiencias actuales de silvopastoreo con resultados positivos.
¿Debe limpiar cada propietario?
En teoría, parece razonable, pero en la práctica, resulta mucho más complicado.
Si un propietario limpia su parcela pero las diez colindantes permanecen abandonadas, el efecto es muy limitado. Los incendios no entienden de lindes ni de catastros.
Quizá por eso tenga más sentido hablar de planes conjuntos, incentivos y cooperación que de obligaciones aisladas.
Limpiar no significa arrasar
Aquí aparece otro malentendido.
Gestionar un monte no consiste en dejarlo pelado.
Los bosques cumplen funciones esenciales: protegen el suelo, conservan biodiversidad, regulan el agua y almacenan carbono. La gestión forestal consistiría pues, en encontrar un equilibrio entre conservar y reducir el exceso de combustible.
No todo árbol sobra, pero tampoco todo debe quedar intocable.
Tal vez la pregunta sea otra
Quizá llevamos años haciéndonos la pregunta equivocada.
En lugar de preguntarnos:
"¿Quién debe limpiar el monte?"
Tal vez deberíamos preguntarnos:
"¿Cómo conseguimos que el monte vuelva a tener valor?"
Porque cuando algo tiene valor económico, social o cultural, suele cuidarse. Cuando deja de tenerlo, termina abandonándose, y un monte abandonado es un monte que acumula combustible año tras año.
Una reflexión final
Cada verano discutimos sobre los incendios. Cada verano buscamos culpables. Cada verano prometemos aprender.
Y cada otoño el debate desaparece hasta el año siguiente.
Tal vez haya llegado el momento de entender que los incendios no son únicamente un problema de bomberos ni de helicópteros, son, sobre todo, un problema de gestión del territorio, y esa gestión no empieza cuando aparece la primera llama. Empieza mucho antes, cuando decidimos si queremos que nuestros montes sean simplemente un paisaje bonito o también un espacio vivo, cuidado y capaz de sostener actividad económica.
¿queremos montes limpios, pero quién va a pagarlo?
Si exigimos que cada propietario asuma el coste, muchos no podrán. Si pedimos que lo haga la Administración, hablamos de miles de millones de euros. Si esperamos que lo haga el mercado, el monte debe volver a producir riqueza. Ahí es donde, probablemente, está el verdadero debate: no en si hay que limpiar el monte —eso genera bastante consenso—, sino en cómo hacerlo de forma sostenible, quién lo financia y cómo convertir esa obligación en una oportunidad para revitalizar el medio rural. Esa conversación es mucho más difícil que intercambiar culpables, pero también mucho más útil.
¿Y si organizáramos la prevención de otra manera?
Quizá haya llegado el momento de plantear fórmulas nuevas. Si aceptamos que la prevención es mucho más eficaz y económica que combatir un gran incendio, ¿por qué no organizarla de forma permanente?
Una posibilidad sería que los ayuntamientos, en colaboración con las comunidades autónomas, crearan un servicio estable de gestión forestal. Para financiarlo podría establecerse una pequeña tasa, asumible por los propietarios de parcelas forestales privadas, complementada con la partida presupuestaria que cada administración ya destina a la prevención de incendios y por la gestión de la biomasa que de ellos se pudiera extraer.
Con esos recursos podrían contratarse brigadas permanentes que trabajaran durante todo el año limpiando montes, manteniendo cortafuegos, acondicionando caminos forestales y retirando biomasa. Al tratarse de personal fijo y de una planificación continuada, el coste por hectárea sería muy inferior al que supone actuar de forma puntual cuando ya existe una emergencia.
Naturalmente, un sistema así debería ser justo. Quien ya mantiene su parcela en buenas condiciones no debería pagar lo mismo que quien la tiene completamente abandonada. Podrían establecerse bonificaciones o exenciones para quienes acreditaran una gestión adecuada de sus terrenos, convirtiendo la tasa no solo en un medio de financiación, sino también en un incentivo para la conservación.
Quizá incluso sería más eficaz que estas brigadas tuvieran un ámbito de actuación comarcal, porque el fuego no entiende de términos municipales. Compartir personal, maquinaria y planificación permitiría actuar allí donde el riesgo fuera mayor, sin las limitaciones que imponen los límites administrativos.
Es solo una propuesta, entre muchas posibles. Seguramente necesitaría estudios técnicos, cambios normativos y un amplio consenso político y social. Pero al menos tiene una virtud: intenta cambiar la pregunta.
En lugar de preguntarnos cada verano quién tiene la culpa de que los montes ardan, podríamos empezar a preguntarnos cómo organizamos, entre todos, el cuidado de un patrimonio que también es de todos.
Porque quizá el verdadero reto no sea apagar mejor los incendios, sino conseguir que cada vez haya menos incendios que apagar.
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