Hace apenas unos días escribía en estas mismas páginas que el verdadero debate sobre Ceuta no debería ser si estamos a favor o en contra de la inmigración.
La cuestión era otra: si un Estado puede renunciar al control efectivo de sus fronteras sin poner en riesgo la confianza de sus ciudadanos, pero bastaron unas horas para que el foco cambiara por completo.
Ya casi nadie habla de cómo evitar que vuelva a ocurrir. Ahora todo gira en torno a encontrar al culpable.
Para unos, el responsable es Mohamed VI. Sostienen que Marruecos utiliza periódicamente la presión migratoria como instrumento diplomático y recuerdan que ya ocurrió en otras crisis entre ambos países. Esa interpretación vuelve a aparecer estos días en numerosos análisis políticos y artículos de opinión.
Otros creen que todo tiene relación con la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia para normalizar las relaciones bilaterales, deterioradas desde el cambio español sobre el Sáhara. Ven en esa aproximación a Argel un gesto que Rabat habría interpretado como una provocación. Sin embargo, por el momento no existe ninguna prueba pública que permita establecer una relación causal entre ambos hechos, aunque la coincidencia temporal alimenta el debate político.
También hay quienes vuelven a recordar el caso Pegasus y el espionaje sufrido por el teléfono móvil del presidente del Gobierno. A partir de ahí surgen toda clase de teorías sobre una supuesta capacidad de presión de Marruecos sobre el Ejecutivo español.
Son hipótesis que circulan ampliamente por las redes sociales, pero siguen siendo solo eso: hipótesis.
En el otro extremo aparecen quienes responsabilizan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por entender que el dispositivo fronterizo resultó insuficiente o reaccionó tarde ante una llegada masiva que sorprendió incluso al propio Gobierno.
Y tampoco faltan quienes dirigen las críticas hacia el Rey.
Algunos sostienen que Felipe VI, como mando supremo de las Fuerzas Armadas según la Constitución, debería haber acudido personalmente a Ceuta o haber asumido un protagonismo militar extraordinario. Es una idea comprensible desde la emoción que producen las imágenes de la frontera, pero profundamente equivocada desde el punto de vista institucional. España no está en guerra con Marruecos.
La Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, así como el mando efectivo de la Administración militar. El Rey ejerce la Jefatura del Estado y la máxima representación de las Fuerzas Armadas dentro de un sistema parlamentario, pero no dirige las operaciones militares ni puede actuar al margen del Ejecutivo.
Confundir ambas funciones no fortalece nuestras instituciones, las debilita.
Mientras tanto, las redes sociales siguen haciendo lo que mejor saben hacer. Buscar un único culpable para problemas extraordinariamente complejos.
La realidad, sin embargo, rara vez funciona así.
Las crisis migratorias responden a muchos factores: pobreza, mafias, conflictos regionales, decisiones políticas, intereses geoestratégicos y, en ocasiones, también a la utilización de seres humanos como instrumento de presión entre Estados, reducir todo eso a un solo responsable puede resultar satisfactorio desde el punto de vista emocional, pero no ayuda a resolver nada.
Y quizá ahí esté el verdadero problema.
Porque mientras discutimos quién tiene la culpa, apenas hablamos de cómo impedir que dentro de seis meses estemos escribiendo exactamente el mismo artículo.
Tal vez las preguntas deberían ser otras.
¿Cómo puede reforzarse la cooperación con Marruecos sin depender exclusivamente de la buena voluntad de su Gobierno?
¿Qué papel debe desempeñar la Unión Europea, teniendo en cuenta que Ceuta no solo protege una frontera española, sino una frontera europea?
¿Son suficientes los medios humanos y materiales desplegados en la ciudad?
¿Debe modificarse la legislación para responder con mayor rapidez a episodios de entrada masiva?
¿Puede España liderar una política europea que combine firmeza contra las mafias, protección para quienes realmente necesitan asilo y una inmigración legal adaptada a las necesidades económicas del país?
Son preguntas mucho menos vistosas que señalar con el dedo, pero probablemente mucho más útiles.
Porque encontrar un culpable proporciona un titular, encontrar soluciones proporciona seguridad.
Y eso, al final, es lo que esperan los ciudadanos.
La política debe medirse por las soluciones que aporta, no por la habilidad para repartir culpas.
