Ceuta: cuando las palabras ya no bastan

Cada cierto tiempo, las imágenes vuelven a repetirse. Cientos o miles de personas intentando cruzar la frontera de Ceuta. Jóvenes, en su inmensa mayoría hombres, que llegan a nado, bordeando los espigones o intentando superar los controles fronterizos.

Y cada vez surge la misma discusión: ¿debemos hablar de "flujos migratorios" o de algo distinto?

Las palabras importan. "Migración" evoca un movimiento de personas que buscan una vida mejor. Es un fenómeno tan antiguo como la propia humanidad. España ha sido durante décadas un país de emigrantes y nadie puede negar que muchas personas abandonan su tierra empujadas por la pobreza, la falta de oportunidades o la inestabilidad.

Pero cuando la entrada se produce de forma masiva, organizada y supera la capacidad de control de un Estado, muchos ciudadanos dejan de identificarla con una simple migración. La perciben como una presión sobre la frontera nacional.

No se trata de demonizar a quienes llegan. Cada persona tiene una historia distinta y merece un trato digno y respetuoso. Sin embargo, tampoco parece razonable ignorar una realidad evidente: quienes protagonizan estos episodios suelen ser personas jóvenes y físicamente capaces, no familias enteras con niños pequeños ni ancianos que huyen de una guerra.

Eso cambia la percepción social del fenómeno.

Ceuta no es una ciudad cualquiera. Ceuta es España. Y, por tanto, también es frontera de la Unión Europea.

Si cualquier Estado tiene derecho a decidir quién entra en su territorio y en qué condiciones, ¿por qué resulta incómodo decirlo cuando hablamos de España?

Defender el control de las fronteras no equivale a rechazar la inmigración. Son dos cuestiones distintas.

España necesita inmigración. La evolución demográfica, el mercado laboral y el sistema de pensiones hacen difícil sostener lo contrario. Pero precisamente por eso resulta aún más importante que esa inmigración sea ordenada, legal y planificada.

Una sociedad integra mejor a quien llega cuando puede ofrecerle vivienda, formación, empleo y oportunidades reales. La improvisación solo genera frustración para todos: para quienes llegan y para quienes ya viven aquí.

El verdadero debate no debería ser si estamos a favor o en contra de la inmigración.

La pregunta debería ser otra:

¿Puede un Estado renunciar al control efectivo de sus fronteras sin poner en riesgo la convivencia y la confianza de sus propios ciudadanos?

En democracia, hacerse esa pregunta no debería convertir a nadie en xenófobo.

Tampoco responder que toda inmigración es necesariamente positiva debería ser la única postura moralmente aceptable.

Entre el rechazo absoluto y el llamado "buenismo" existe un amplio espacio para el sentido común.

Ese sentido común pasa por ayudar a quien realmente necesita protección internacional, perseguir las mafias que trafican con seres humanos, cooperar con los países de origen y, al mismo tiempo, garantizar que las entradas en España se produzcan por vías legales, con identificación, control y un proyecto de integración.

Porque la solidaridad también necesita organización.

Y porque un país puede ser acogedor sin dejar de ejercer su derecho —y su obligación— de proteger sus fronteras.