Hablar del absentismo laboral es adentrarse en un terreno delicado. Bastan unas pocas palabras para que aparezcan posiciones enfrentadas: quienes piensan que las bajas médicas se conceden con demasiada facilidad y quienes consideran que cualquier cuestionamiento supone poner en duda la honestidad de los trabajadores.
La realidad, como suele ocurrir, es bastante más compleja.
La inmensa mayoría de las bajas médicas responden a una necesidad real. Nadie elige lesionarse, padecer una enfermedad o atravesar un problema de salud que le impida desarrollar su trabajo con normalidad. La incapacidad temporal es un derecho que protege al trabajador cuando realmente no puede desempeñar su actividad, y constituye uno de los pilares de nuestro sistema de protección social.
Ahora bien, reconocer esta realidad no debería impedir admitir otra que también existe: el fraude. Como ocurre con cualquier prestación pública, siempre habrá quien intente aprovecharse del sistema fingiendo o exagerando una dolencia para obtener un beneficio al que no tendría derecho. Negarlo sería tan ingenuo como injusto para quienes utilizan las bajas con total honestidad.
Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario.
Hay trabajadores que, por sentido del deber o por temor a perjudicar a la empresa o a sus compañeros, acuden a su puesto de trabajo aun encontrándose en unas condiciones físicas que desaconsejarían hacerlo. Ese compromiso merece reconocimiento, pero tampoco convierte a nadie en un ejemplo a imitar. Si la enfermedad limita seriamente la capacidad para trabajar, o si además es contagiosa, presentarse en el trabajo puede acabar provocando más problemas que soluciones: menor rendimiento, riesgo de accidentes o la transmisión de la enfermedad a otros compañeros.
Ni fingir una enfermedad para quedarse en casa es un motivo de orgullo, ni acudir enfermo al trabajo debería considerarse un acto heroico.
La clave está en la responsabilidad.
Responsabilidad para solicitar una baja cuando realmente es necesaria, sin sentirse culpable por cuidar de la propia salud. Y responsabilidad también para no solicitarla cuando no existe una causa médica que la justifique.
Conviene además recordar una consecuencia que pocas veces se menciona. Cuando un trabajador falta injustificadamente, su trabajo no desaparece. En la mayoría de las ocasiones tendrá que asumirlo algún compañero, que verá incrementada su carga de trabajo para cubrir una ausencia que no le corresponde. El perjuicio no solo recae sobre la empresa o sobre la Seguridad Social; también afecta directamente a quienes comparten cada día el esfuerzo del trabajo.
Resulta especialmente llamativo que algunas personas lleguen incluso a presumir ante amigos o conocidos de haber "engañado al sistema". En realidad, no hay nada admirable en defraudar. El dinero de las prestaciones procede de las cotizaciones de todos y los costes derivados del absentismo injustificado terminan repercutiendo sobre empresas, trabajadores y sobre el conjunto de la sociedad.
La confianza es un bien muy valioso. Cada baja fraudulenta siembra sospechas sobre miles de trabajadores honestos que realmente necesitan recuperarse. Y esa desconfianza termina perjudicando precisamente a quienes actúan correctamente.
Por eso, el debate sobre el absentismo no debería enfrentarnos entre trabajadores y empresas, ni entre quienes enferman y quienes permanecen sanos. El verdadero debate es otro: cómo preservar un sistema que protege a quien lo necesita y, al mismo tiempo, evitar que unos pocos lo deterioren con comportamientos irresponsables.
Los derechos y los deberes siempre han caminado juntos. También en el ámbito laboral.
Porque tan perjudicial es abusar de una baja médica como sentirse obligado a trabajar cuando la salud aconseja exactamente lo contrario.
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