En anteriores artículos de Plaza Mayor Villarreal he reflexionado sobre el futuro de las pensiones, el crecimiento de la deuda pública y el coste que nuestras decisiones pueden trasladar a las generaciones futuras.
No quisiera repetir aquellos argumentos. Pero hay una cuestión que merece una reflexión propia: ¿estamos examinando con suficiente rigor a qué destinamos el dinero público y qué obtenemos a cambio?
No se trata de recortar por recortar. Se trata de distinguir entre el gasto necesario, el que produce resultados y aquel cuya utilidad no está suficientemente justificada.
Las subvenciones: ¿quién debe pagar?
En 2024 se publicaron en la Base de Datos Nacional de Subvenciones concesiones por un importe de 41.493 millones de euros. Es una cifra considerable, aunque conviene aclarar que corresponde a las concesiones publicadas y no equivale exactamente al gasto presupuestario ejecutado ni a una bolsa de dinero que pueda eliminarse íntegramente.
¿Significa esto que todas esas subvenciones son innecesarias? Por supuesto que no. Algunas pueden fomentar la investigación, apoyar actividades culturales, impulsar la economía o financiar servicios sociales que la Administración no presta directamente.
Pero también cabe hacerse una pregunta razonable: ¿debería el conjunto de los contribuyentes financiar cualquier actividad privada, asociación o entidad simplemente porque solicita una subvención?
Pensemos en una asociación cuyas actividades benefician principalmente a sus propios socios. Parece razonable que su primera fuente de financiación sean las cuotas de quienes participan en ella. Si necesita dinero público, debería explicar qué beneficio obtiene el conjunto de la sociedad.
Distinto es el caso de una organización que atiende a personas dependientes, familias sin recursos o ciudadanos que necesitan servicios que no pueden pagar. Si realiza una labor de interés general que está debidamente acreditada, la financiación pública puede estar plenamente justificada.
La diferencia no debería depender del nombre de la entidad, de su afinidad con el Gobierno de turno ni de la facilidad con que consigue una ayuda. Debería depender de su utilidad y de los resultados que obtiene.
Ayudas sociales: proteger al necesitado y combatir el fraude
Algo parecido ocurre con las ayudas sociales. Una sociedad responsable debe atender a quienes atraviesan dificultades reales, pero también comprobar que el dinero llega a quienes cumplen los requisitos.
No sería justo retirar una ayuda a quien realmente la necesita por el hecho de que existan personas que abusan del sistema. Tampoco sería justo que el contribuyente tuviera que asumir, sin controles eficaces, el coste de prestaciones obtenidas mediante engaño.
La solución pasa por verificar los requisitos, cruzar datos cuando la ley lo permita, reclamar las cantidades cobradas indebidamente cuando corresponda y sancionar el fraude demostrado. Y todo ello sin convertir un error administrativo en una acusación automática de engaño ni dejar desprotegidas a personas vulnerables.
No basta con conceder el dinero: hay que comprobar los resultados
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lleva años evaluando programas de gasto público. Sus revisiones muestran por qué es importante analizar si las políticas cumplen sus objetivos y si los recursos se utilizan eficazmente.
Deberíamos avanzar hacia un sistema en el que cada subvención relevante tuviera objetivos concretos, cuentas transparentes, controles proporcionados y una evaluación periódica. Si funciona y aporta un beneficio público acreditado, puede justificarse su continuidad. Si no cumple su finalidad, habría que corregirla o retirarla.
Tampoco debería existir un derecho adquirido a recibir una subvención indefinidamente por el mero hecho de haberla recibido durante años.
Cada euro ahorrado debe tener un destino responsable
Si conseguimos eliminar ayudas injustificadas, reducir duplicidades y corregir programas ineficaces, los recursos liberados podrían destinarse a necesidades prioritarias y a reducir el déficit público.
No resolveríamos por completo el problema de la deuda, pero contribuiríamos a evitar que una parte creciente de los recursos públicos tenga que dedicarse a financiar gastos pasados y sus intereses.
Sobre la deuda y el coste financiero ya he escrito en anteriores artículos, a los que remito a quienes quieran profundizar en esta cuestión.
La idea que me gustaría defender aquí es más concreta: proteger las pensiones, atender a quienes realmente necesitan ayuda y mantener los servicios públicos no está reñido con exigir rigor en el uso del dinero de todos.
No todo gasto es despilfarro, como tampoco toda subvención está justificada por el simple hecho de perseguir una finalidad que parece noble.
El dinero público no debería concederse por costumbre, afinidad o presión, sino por una razón justificada, con controles y resultados verificables.
Porque la solidaridad es imprescindible. Pero también lo son la responsabilidad, la transparencia y el respeto al esfuerzo de quienes, mediante sus impuestos, hacen posible esa solidaridad.
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