Hay frases que, por su fuerza y sencillez, terminan convirtiéndose en lemas. «La escuela pública no se vende, se defiende» es una de ellas. Y, sin duda, la escuela pública merece ser defendida. Es uno de los pilares de nuestra sociedad, una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y un instrumento imprescindible para formar ciudadanos con conocimientos, criterio propio y capacidad para desenvolverse en el mundo.
Pero convendría hacerse una pregunta: ¿quién debe ser el primero en defender la escuela pública?
La respuesta parece evidente: el Estado, las administraciones educativas y quienes tienen la responsabilidad de organizar, financiar y garantizar su funcionamiento. Porque defender la escuela pública no consiste únicamente en acudir a una manifestación, exhibir una pancarta o pronunciar un discurso. Defenderla significa dotarla de los recursos humanos y materiales necesarios para que pueda cumplir su cometido.
Y es precisamente ahí donde empiezan los problemas.
Las aulas soportan ratios de alumnos que dificultan una atención verdaderamente individualizada. En una misma clase conviven niños con distintos ritmos de aprendizaje, circunstancias personales y necesidades educativas. La diversidad es una realidad que debe atenderse con sensibilidad y profesionalidad, pero no basta con proclamar que la inclusión es un derecho. Para que la inclusión sea efectiva hacen falta más profesionales, más medios y tiempo suficiente para atender a cada alumno. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir un principio noble en una declaración de intenciones que ni los alumnos ni los docentes pueden ver plenamente satisfecha.
A esta situación se añade una burocracia que parece crecer sin descanso. Informes, formularios, plataformas, reuniones y tareas administrativas consumen una parte importante de la jornada de los profesores. ¿No sería más razonable liberarles de una carga burocrática innecesaria para que pudieran dedicar ese tiempo a preparar sus clases, evaluar el progreso de sus alumnos y atender las dificultades que surgen en el aula?
Un profesor debería dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a enseñar, no a cumplimentar documentos que, en demasiadas ocasiones, aportan poco a la calidad real de la enseñanza.
Y, por supuesto, está la cuestión de las condiciones laborales y salariales. La vocación es un elemento valioso en cualquier profesión, pero no puede convertirse en una excusa para exigir sacrificios permanentes. Muchos docentes llegan a las aulas con ilusión, convencidos de que su trabajo contribuirá a mejorar la sociedad. Sin embargo, cuando la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su profesión se prolongan en el tiempo, esa ilusión puede transformarse en frustración y desencanto.
No podemos permitirnos que quienes tienen la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones terminen preguntándose si merece la pena continuar.
La vocación no sustituye a los recursos, del mismo modo que el compromiso no sustituye a unas condiciones de trabajo dignas.
Pero hay otro asunto del que quizá hablamos menos de lo necesario: la autoridad del docente y la responsabilidad de las familias.
A la escuela se va, ante todo, a aprender. Se va a adquirir conocimientos, a desarrollar habilidades, a comprender el mundo y a formar el pensamiento crítico. La educación, entendida como la adquisición de hábitos de convivencia, respeto, responsabilidad y consideración hacia los demás, comienza en casa y continúa en la escuela. Ambas son necesarias y complementarias, pero no debemos confundir sus respectivas responsabilidades.
Los padres son los primeros responsables de educar a sus hijos. A ellos les corresponde enseñarles que no todo está permitido, que las normas existen por una razón, que el esfuerzo tiene valor y que convivir implica respetar a los demás. La escuela puede reforzar estos principios, pero difícilmente podrá compensar por sí sola su ausencia en el ámbito familiar.
Y entre esos principios hay uno fundamental: al maestro se le respeta.
Se le respeta cuando el niño entiende que el profesor está allí para enseñarle, no para satisfacer todos sus deseos. Se le respeta cuando los padres, ante un conflicto, escuchan las explicaciones del docente antes de desautorizarlo delante de sus hijos. Se le respeta cuando las discrepancias se plantean con educación y los problemas se resuelven mediante el diálogo, no mediante la descalificación o la intimidación.
Respetar al profesor no significa que sea infalible ni que no pueda equivocarse. Significa reconocer su función, su preparación y su responsabilidad. Significa comprender que cuestionar una actuación concreta no es lo mismo que menoscabar sistemáticamente su autoridad.
Porque un docente sin autoridad para mantener el orden, establecer límites y exigir un mínimo de esfuerzo difícilmente podrá garantizar un entorno adecuado para aprender. Y quienes más salen perjudicados cuando se deteriora la convivencia en el aula son, precisamente, los alumnos que acuden dispuestos a estudiar y que necesitan un ambiente tranquilo para hacerlo.
No se trata de añorar una escuela autoritaria ni de regresar a modelos educativos del pasado. Se trata de recuperar algo mucho más elemental: la autoridad legítima del profesor, el respeto mutuo y la convicción de que los derechos llevan aparejadas responsabilidades.
Por eso, cuando escuchamos que «la escuela pública no se vende, se defiende», deberíamos añadir que la primera obligación de defenderla corresponde a quienes tienen los instrumentos para hacerlo.
La Administración debe reducir las ratios cuando sea necesario, reforzar la atención a los alumnos con necesidades especiales, simplificar la burocracia, mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes y establecer mecanismos eficaces para proteger su autoridad frente a las conductas que dificultan su trabajo.
Las familias, por su parte, deben asumir su responsabilidad educativa y colaborar con los centros, en lugar de delegar en los profesores obligaciones que les corresponden en primer término.
Y la sociedad debe reconocer que la educación no es un gasto del que conviene prescindir cuando llegan las dificultades presupuestarias, sino una inversión decisiva en nuestro futuro colectivo.
No podemos exigir resultados excelentes si no proporcionamos los medios necesarios para conseguirlos. Tampoco podemos reclamar una educación inclusiva y personalizada mientras mantenemos unas condiciones que dificultan atender adecuadamente a cada alumno. Y mucho menos podemos pedir a los docentes que mantengan intacta su vocación mientras acumulamos sobre sus hombros responsabilidades, obstáculos y exigencias que no siempre van acompañados del apoyo necesario.
La escuela pública no necesita solamente que la defendamos de quienes puedan poner en peligro su financiación o su existencia. Necesita que la defendamos también de la falta de recursos, de la burocracia excesiva, del deterioro de la convivencia y de la pérdida de respeto hacia quienes tienen la difícil tarea de enseñar.
Porque una escuela pública fuerte no se construye únicamente con buenas intenciones ni con consignas. Se construye con presupuestos, profesionales, autoridad, responsabilidad familiar y respeto por el conocimiento.
La escuela pública no se vende, se defiende. De acuerdo. Pero defenderla de verdad significa que el Estado cumpla con su obligación, que las familias cumplan con la suya y que los docentes puedan volver a hacer aquello para lo que se prepararon: enseñar.
Y quizá entonces recuperemos algo que nunca debimos perder: la ilusión de los profesores por enseñar y la de los alumnos por aprender.
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