Hoy me he levantado con la conciencia un poco más escrupulosa de lo habitual. Quizá haya sido la lluvia, que invita a quedarse en casa, a mirar por la ventana y a pensar en quienes no tienen un lugar donde refugiarse. Y, casi sin querer, he acabado pensando en las familias que, por circunstancias de la vida, se encuentran sin un techo digno bajo el que vivir.
Es un asunto complicado, especialmente cuando hablamos de la okupación de viviendas. Se acercan las elecciones y vuelve a ocupar espacio en el debate político la posibilidad de endurecer las medidas legales para conseguir que una vivienda okupada pueda recuperarse en un plazo de 48 horas.
Desde el punto de vista del propietario, la cuestión parece bastante clara. ¿Por qué alguien debería soportar durante meses o años un procedimiento judicial para recuperar una vivienda que le pertenece? ¿Por qué una familia que ha trabajado para comprar su casa, o una persona que ha invertido sus ahorros en una vivienda, tiene que cargar con las consecuencias de una ocupación que no ha consentido?
No parece razonable. Y mucho menos cuando hay quienes se aprovechan de las dificultades del sistema para ocupar viviendas ajenas sin encontrarse en una situación de verdadera necesidad.
La vulnerabilidad no puede convertirse en una patente de corso para vulnerar los derechos de los demás.
Pero hay otra cara del problema que tampoco deberíamos ignorar.
Pensemos, por un momento, en una familia que no puede pagar un alquiler, que ha perdido sus ingresos, que tiene hijos pequeños y que no encuentra ninguna alternativa habitacional. Pensemos en personas que han llegado a una situación límite y que, acertada o equivocadamente, han buscado una salida ocupando una vivienda.
¿Debemos tratarlas exactamente igual que a quienes actúan por conveniencia, conociendo las dificultades que puede tener un propietario para recuperar su inmueble?
La ley debe proteger los derechos de todos, y las circunstancias de cada caso deben valorarse por los cauces legales correspondientes. Pero, como sociedad, también deberíamos ser capaces de distinguir entre quien se aprovecha deliberadamente de los demás y quien se encuentra en una situación de auténtica desesperación.
Ahora bien, reconocer que existe pobreza y exclusión residencial no significa que tengamos que aceptar que un particular se convierta, por obligación o por circunstancias, en el responsable de resolverlas.
La solidaridad es una virtud cuando nace de la voluntad; no puede convertirse en una obligación impuesta al ciudadano a costa de sus propios derechos.
Si una persona ha trabajado durante años para adquirir una vivienda, no podemos exigirle que resuelva con sus propios recursos un problema social que corresponde abordar a las administraciones públicas.
Y aquí es donde creo que debería centrarse una parte fundamental del debate.
Si se agilizan los procedimientos para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente, ¿qué hacemos con las familias vulnerables que realmente no tienen otro lugar al que ir? ¿Las dejamos en la calle con sus hijos y damos el problema por resuelto? ¿Nos conformamos con recuperar una vivienda sin preguntarnos qué sucede al día siguiente con las personas que vivían en ella?
No. Si queremos ser una sociedad justa, la respuesta no puede terminar ahí.
El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias, deben disponer de recursos para atender las situaciones de emergencia habitacional, ofrecer alojamiento temporal cuando sea necesario y facilitar alternativas a quienes realmente no pueden procurarse una vivienda por sus propios medios.
Y quizá haya algo más que deberíamos tener en cuenta: si las administraciones dispusieran de recursos suficientes para ofrecer una respuesta rápida a quienes se quedan sin hogar, muchas situaciones ni siquiera llegarían a producirse. Una familia que pierde su vivienda, que no puede pagar un alquiler o que se encuentra en una situación de auténtica necesidad tendría una primera puerta a la que llamar, en lugar de verse empujada a buscar una solución por su cuenta, incluso ocupando una vivienda ajena. Si acudir a los servicios sociales ofreciera una posibilidad real de encontrar alojamiento y recibir ayuda, ¿cuántas personas optarían por ese camino antes de meterse en un problema legal? Naturalmente, no todas las ocupaciones obedecen a la necesidad, pero precisamente por eso debemos distinguir entre quienes se aprovechan de la situación y quienes necesitan una alternativa que hoy no encuentran.
No se trata de regalar casas ni de premiar a quien incumple la ley. Se trata de evitar que la pobreza se convierta en una condena a vivir en la calle y de impedir, al mismo tiempo, que el coste de esa pobreza recaiga injustamente sobre otros ciudadanos.
También es importante que esas ayudas se concedan con criterios claros, comprobando las circunstancias de cada caso y evitando los abusos. Porque un sistema de protección social solo puede mantener la confianza de la ciudadanía si ayuda a quien lo necesita de verdad y actúa frente a quien pretende aprovecharse de él.
Quizá el problema de fondo sea que llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre quién tiene razón, cuando deberíamos estar exigiendo soluciones a quienes tienen la responsabilidad y los medios para ponerlas en marcha.
Podemos defender el derecho del propietario a recuperar su vivienda y, al mismo tiempo, defender que ninguna familia vulnerable se quede sin una alternativa habitacional. Una cosa no debería excluir a la otra.
Y vuelvo a la lluvia de esta mañana.
Es fácil sentir compasión cuando estamos cómodamente instalados en nuestra casa, escuchando caer el agua al otro lado de la ventana. Pero la compasión, por sí sola, no construye viviendas, no paga alquileres y no organiza servicios sociales. Para eso hacen falta políticas públicas, recursos, planificación y voluntad de asumir responsabilidades.
No podemos pedirle al propietario que sea el Estado del bienestar, ni aceptar que la única solución para una familia vulnerable sea la calle.
Si de verdad queremos abordar el problema de la okupación con justicia, no basta con decidir cuánto tardamos en desalojar una vivienda. También debemos preguntarnos qué alternativas ofrecemos a quien no tiene dónde vivir.
Porque defender la propiedad privada no nos obliga a ser indiferentes ante la pobreza. Y defender a las personas vulnerables tampoco nos obliga a renunciar a los derechos de los propietarios.
Una sociedad verdaderamente justa debería ser capaz de proteger ambas cosas.
Y, sobre todo, debería conseguir que la solución a un problema no consista simplemente en trasladárselo a otro.
«La mejor manera de evitar muchas ocupaciones no es únicamente facilitar los desalojos, sino conseguir que nadie tenga que recurrir a ellas para encontrar un techo».
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