Cada vez que las imágenes de Ceuta, Canarias o el Mediterráneo ocupan los informativos, el debate vuelve a repetirse. Unos hablan de fronteras, otros de derechos humanos; unos reclaman más control, otros más solidaridad.
Pero tengo la sensación de que casi nadie se detiene a formular una pregunta previa, quizá la más importante de todas:
¿Puede un ciudadano africano venir legalmente a España?
La respuesta, contra lo que muchos creen, es sí.
España dispone de procedimientos para estudiar, trabajar, reagruparse con la familia o participar en programas de contratación en origen. Incluso existen mecanismos específicos para cubrir determinados puestos de trabajo cuando no se encuentran trabajadores en nuestro país.
Entonces surge la segunda pregunta.
Si la puerta legal existe, ¿por qué tantos intentan entrar por la ilegal?
Las respuestas probablemente sean varias.
Porque conseguir un contrato desde el país de origen resulta extraordinariamente difícil para quien no posee una cualificación muy demandada. Porque los trámites pueden prolongarse durante meses. Porque muchos no reúnen los requisitos para obtener un visado de trabajo. Porque las mafias venden la falsa esperanza de que llegar primero a Europa abre puertas que permanecen cerradas desde el país de origen.
Y también porque la presión económica y social que sufren muchas personas hace que esperar un año o dos no sea una opción.
Todo ello no significa que cualquier persona deba poder instalarse libremente en España. Ningún Estado puede gestionar sus fronteras de esa manera. Tampoco significa que toda inmigración irregular tenga una solución sencilla.
Pero sí invita a plantear una reflexión.
Si España necesita trabajadores en determinados sectores; si existen programas de contratación en origen; si las empresas denuncian dificultades para cubrir algunos puestos; y si miles de personas están dispuestas a venir a trabajar...
¿No debería ser prioritario que el camino legal fuera más accesible, más rápido y más eficaz que el ilegal?
Porque, si el procedimiento legal es lento, incierto o prácticamente inalcanzable para la mayoría, las mafias siempre tendrán un negocio, combatirlas únicamente con más vigilancia fronteriza parece insuficiente, pero pensar que basta con abrir las fronteras tampoco resuelve el problema.
Quizá la verdadera cuestión no sea elegir entre una frontera abierta o una frontera cerrada.
Quizá la pregunta correcta sea otra:
¿Estamos haciendo todo lo posible para que quien pueda venir legalmente no tenga ningún incentivo para jugarse la vida intentando hacerlo ilegalmente?
Si la respuesta es no, tal vez ahí encontremos uno de los pocos puntos en los que pueden coincidir personas de ideologías muy distintas: una inmigración ordenada, regulada y segura protege al país de destino, ofrece más garantías al inmigrante y, sobre todo, deja sin clientes a quienes hacen negocio con la desesperación humana.

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