El mensaje de León XIV sobre la inmigración pertenece claramente al segundo grupo.
La tradición cristiana —que sigue impregnando profundamente a España, aunque cada vez se practique menos— considera un deber moral acoger al necesitado, proteger al débil y ofrecer refugio a quien llega en son de paz. Esa idea forma parte de nuestra cultura mucho antes de que existieran los partidos políticos actuales o las tertulias televisivas.
Probablemente, si la cuestión fuera únicamente moral, la mayoría de los españoles abriría la puerta.
El problema es que las sociedades no se gobiernan sólo con principios. También se gobiernan con presupuestos.
Acoger tiene un coste. Escolarizar tiene un coste. Atender sanitariamente tiene un coste. Construir viviendas tiene un coste. Reforzar servicios sociales tiene un coste. Y esos costes no desaparecen porque los motivos sean nobles.
La solidaridad, por desgracia, no se financia con buenas intenciones. Se financia con impuestos.
Aquí es donde el debate suele romperse. Unos sostienen que cualquier límite a la inmigración constituye una falta de humanidad. Otros consideran que cualquier gasto destinado a la acogida supone un perjuicio para los españoles.
Ambas posiciones simplifican una realidad mucho más compleja.
Porque una sociedad puede ser solidaria y, al mismo tiempo, reconocer que sus recursos son limitados. De hecho, ignorar los límites económicos no suele fortalecer la solidaridad; suele terminar debilitándola.
Ninguna familia puede comprometer gastos indefinidamente sin tener en cuenta sus ingresos. Ninguna empresa puede ampliar plantilla sin calcular antes si podrá pagar los salarios. Y ningún Estado puede incrementar constantemente sus compromisos sociales sin preguntarse de dónde saldrá el dinero.
La cuestión no es si debemos ayudar. La cuestión es cuánto podemos ayudar sin poner en riesgo aquello que pretendemos proteger.
Porque el Estado del bienestar tampoco se sostiene por arte de magia. Las pensiones, la sanidad pública, la educación o la dependencia requieren recursos crecientes en una sociedad cada vez más envejecida.
España ya afronta enormes desafíos financieros derivados de su propia evolución demográfica. Cada vez hay menos trabajadores por pensionista. Cada vez nacen menos niños. Cada vez aumenta la presión sobre los servicios públicos.
En ese contexto, la inmigración puede formar parte de la solución. Pero sólo si consigue integrarse laboralmente, generar actividad económica y contribuir al sostenimiento del sistema.
Lo contrario sería ignorar una evidencia elemental: los números también existen. Y los números no entienden de eslóganes.
Quizá el verdadero debate que España necesita no sea si debemos acoger o no. La mayoría de los españoles probablemente respondería que sí.
La pregunta relevante es otra: ¿cuántas personas podemos integrar adecuadamente? ¿Disponemos de viviendas suficientes? ¿Tenemos capacidad educativa y sanitaria para absorber nuevos incrementos de población? ¿Existe empleo para quienes llegan? ¿Estamos facilitando una integración real o simplemente desplazando los problemas hacia el futuro?
Son preguntas incómodas. Pero las preguntas incómodas suelen ser las más necesarias.
Porque una política migratoria responsable no consiste en cerrar todas las puertas. Tampoco en abrirlas sin límite. Consiste en encontrar un equilibrio entre la obligación moral de ayudar y la obligación política de garantizar que la ayuda sea sostenible.
La tradición cristiana habla mucho de la caridad. Pero también habla de la prudencia. Y quizá el error de nuestro tiempo sea haber convertido ambas virtudes en enemigas cuando, en realidad, siempre deberían caminar juntas.
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