Nos quieren convencer de que la culpa de que no haya pisos asequibles es del inmigrante que comparte habitación o del fondo buitre que compra edificios. Pero ni uno ni otro son los verdaderos responsables. El problema está en un sistema político que lleva años creando escasez, premiando la especulación y castigando al ciudadano de a pie.
Cada cierto tiempo vuelve el debate de la vivienda como si fuera un partido de fútbol: unos culpan a la inmigración ilegal; otros, a los fondos buitre y a los “malvados especuladores”. Y mientras discutimos en la grada, los precios siguen subiendo y los jóvenes siguen sin poder alquilar ni un trastero.
La realidad, por desgracia, no cabe en un tuit. Decir que “la culpa no es de la inmigración, sino del especulador” suena progresista y moralmente superior, pero es igual de simplista que lo contrario. El problema de la vivienda no tiene un villano único, sino un sistema entero que funciona mal.
Un cóctel de causas
Primero, la oferta. En España se construye muy poco y muy tarde. Los ayuntamientos bloquean suelo, las licencias se eternizan y cualquier promoción se topa con una montaña de normas, tasas y papeleo. Resultado: el que quiere edificar se lo piensa dos veces.
Segundo, la demanda. Crece más rápido que la oferta. Hay más población —en parte por inmigración, regular o irregular—, los hogares son más pequeños y se ha disparado el alquiler turístico. Todo suma.
Tercero, el dinero barato. Una década de tipos de interés al 0 % empujó a fondos, bancos y particulares a invertir en ladrillo. No lo hicieron por maldad, sino porque el sistema financiero lo empujó a eso. Si el Banco Central Europeo regala dinero, los capitales buscan refugio en lo tangible.
Y cuarto, la política. Llevamos años combinando mensajes contradictorios: se habla del “derecho a la vivienda” mientras se suben impuestos al promotor y se encarecen los materiales con nuevas exigencias. Se promete más alquiler asequible, pero se penaliza fiscalmente al pequeño propietario. Se fomenta la inmigración laboral sin prever vivienda pública ni transporte.
El especulador no es tonto
Claro que hay especuladores. Siempre los hay. Pero actúan porque el terreno está abonado para ello. Cuando el suelo escasea, las licencias tardan años y el Estado no construye vivienda social, es normal que el capital entre a comprar y encarecer. Si el sistema permitiera construir con agilidad y seguridad jurídica, los fondos tendrían mucho menos poder.
La inmigración tampoco es el diablo
Tampoco se puede negar que la inmigración irregular aumenta la presión sobre el alquiler barato. Pero no es “culpable”: el problema es que no hay suficientes pisos asequibles ni políticas de integración bien pensadas. Si la oferta de vivienda pública fuera razonable, el aumento de población no sería una amenaza.
El auténtico responsable
En resumen: la vivienda no es cara porque venga gente de fuera ni porque cuatro ricos compren pisos. Es cara porque nuestros dirigentes han creado un sistema donde todo está pensado para que la vivienda sea un privilegio, no un derecho. Y mientras sigamos buscando culpables cómodos, ellos seguirán haciendo lo mismo: nada.


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