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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Mandar no es dirigir

Una reflexión sobre la responsabilidad y el liderazgo, a propósito de la dimisión de Óscar Puente

Durante mi vida profesional tuve la oportunidad de recorrer distintos puestos y departamentos, aprendiendo los oficios y las particularidades de cada uno de ellos. Con el tiempo fui ascendiendo de categoría hasta asumir la responsabilidad de dirigir dos departamentos, sustituyendo a quienes me habían precedido en esos puestos.

Recuerdo que, al principio, mis compañeros se dirigían a mí llamándome «jefe». Sin embargo, pronto comprendí que aquella denominación no reflejaba exactamente cómo entendía yo mi función. No me consideraba su jefe, sino su responsable.

¿Qué diferencia hay entre ambas cosas? Para mí, mucha.

Había conocido a responsables que entendían su cometido como el de dar instrucciones a los operarios y esperar que estos las llevaran a cabo. Pero no siempre conocían suficientemente los trabajos, sus dificultades o los medios necesarios para realizarlos. En ocasiones, quienes recibían las órdenes tenían que ingeniárselas para encontrar la manera de cumplirlas, con el consiguiente riesgo de cometer errores o fracasar en el intento.

Mi manera de entender la responsabilidad era otra.

Un responsable debe conocer el trabajo que tiene entre manos. Debe estudiar previamente cómo hacerlo, qué materiales necesita, con qué personal cuenta y qué recursos pueden faltar. Debe anticiparse a las dificultades, evaluar los riesgos y procurar que los problemas no aparezcan cuando ya es demasiado tarde.

Y, sobre todo, debe estar junto a sus compañeros cuando llega el momento de ejecutar el trabajo. No detrás de una mesa, esperando resultados, sino al frente, siguiendo los progresos, detectando desviaciones y corrigiéndolas cuando todavía hay tiempo.

En definitiva, no se trata de mandar a otros que hagan las cosas, sino de conseguir que puedan hacerlas bien.

Esta experiencia personal me lleva inevitablemente a reflexionar sobre lo ocurrido en el Ministerio de Transportes y, particularmente, sobre la reciente dimisión de Óscar Puente.

No pretendo atribuirle personalmente la causa de los accidentes ferroviarios, algo que corresponde determinar a las investigaciones. Tampoco sería justo responsabilizar de antemano a los trabajadores que, desde sus respectivos puestos, desarrollan su actividad dentro de una organización compleja.

Pero hay una cuestión que considero fundamental: ¿qué significa realmente ser responsable de un departamento como el de Transportes?

Un ministro no tiene por qué saber reparar una vía, manejar un sistema de señalización o dirigir una operación ferroviaria. Para eso existen profesionales cualificados, técnicos y responsables de cada área. Pero sí tiene la obligación de conocer suficientemente el funcionamiento del sistema que dirige, saber qué necesita, exigir que se dispongan los medios humanos y materiales adecuados, establecer mecanismos de control y comprobar que las cosas funcionan como deberían.

No basta con recibir informes, anunciar inversiones, presentar proyectos o confiar en que cada departamento cumpla con su cometido. Hay que saber si los recursos llegan, si las actuaciones se ejecutan, si los problemas se resuelven y, especialmente, si los mecanismos de seguridad funcionan.

Porque un responsable no puede limitarse a preguntar por qué algo ha salido mal cuando ya se ha producido una tragedia. Su obligación es trabajar para que esa tragedia no llegue a producirse.

Los dos gravísimos accidentes ferroviarios de este año, con tantas vidas perdidas, obligan a plantearse preguntas que van mucho más allá de la persona que ocupa el Ministerio. ¿Funcionaban los mecanismos de supervisión? ¿Se conocían las deficiencias? ¿Se habían previsto los riesgos? ¿Se disponía de los medios necesarios? ¿Se habían corregido los problemas detectados?

Son preguntas que deben tener respuestas claras y que no pueden quedar resueltas simplemente con la dimisión de un ministro.

Óscar Puente ha presentado su dimisión, asumiendo una responsabilidad política que considero necesaria ante la magnitud de lo sucedido. Pero dimitir no es lo mismo que esclarecer las causas ni garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.

Mi reflexión es que necesitamos menos jefes y más responsables. Personas que conozcan aquello que tienen a su cargo, que sepan rodearse de profesionales, que les proporcionen los medios necesarios y que no se limiten a exigir resultados, sino que trabajen para hacerlos posibles.

Porque cuando las cosas salen bien, el mérito suele repartirse entre todos. Pero cuando salen mal, quien tiene la responsabilidad de dirigir no puede esconderse detrás de quienes ejecutan el trabajo.

Eso lo aprendí durante mi vida profesional: estar al frente no significa estar por encima de los demás. Significa asumir la responsabilidad de que todos puedan hacer bien su trabajo.

Y esa es, a mi entender, la diferencia entre mandar y dirigir.

lunes, 26 de octubre de 2026

Dinero público: ayudar sí, subvencionar sin control no

En anteriores artículos de Plaza Mayor Villarreal he reflexionado sobre el futuro de las pensiones, el crecimiento de la deuda pública y el coste que nuestras decisiones pueden trasladar a las generaciones futuras.

No quisiera repetir aquellos argumentos. Pero hay una cuestión que merece una reflexión propia: ¿estamos examinando con suficiente rigor a qué destinamos el dinero público y qué obtenemos a cambio?

No se trata de recortar por recortar. Se trata de distinguir entre el gasto necesario, el que produce resultados y aquel cuya utilidad no está suficientemente justificada.

Las subvenciones: ¿quién debe pagar?

En 2024 se publicaron en la Base de Datos Nacional de Subvenciones concesiones por un importe de 41.493 millones de euros. Es una cifra considerable, aunque conviene aclarar que corresponde a las concesiones publicadas y no equivale exactamente al gasto presupuestario ejecutado ni a una bolsa de dinero que pueda eliminarse íntegramente.

¿Significa esto que todas esas subvenciones son innecesarias? Por supuesto que no. Algunas pueden fomentar la investigación, apoyar actividades culturales, impulsar la economía o financiar servicios sociales que la Administración no presta directamente.

Pero también cabe hacerse una pregunta razonable: ¿debería el conjunto de los contribuyentes financiar cualquier actividad privada, asociación o entidad simplemente porque solicita una subvención?

Pensemos en una asociación cuyas actividades benefician principalmente a sus propios socios. Parece razonable que su primera fuente de financiación sean las cuotas de quienes participan en ella. Si necesita dinero público, debería explicar qué beneficio obtiene el conjunto de la sociedad.

Distinto es el caso de una organización que atiende a personas dependientes, familias sin recursos o ciudadanos que necesitan servicios que no pueden pagar. Si realiza una labor de interés general que está debidamente acreditada, la financiación pública puede estar plenamente justificada.

La diferencia no debería depender del nombre de la entidad, de su afinidad con el Gobierno de turno ni de la facilidad con que consigue una ayuda. Debería depender de su utilidad y de los resultados que obtiene.

Ayudas sociales: proteger al necesitado y combatir el fraude

Algo parecido ocurre con las ayudas sociales. Una sociedad responsable debe atender a quienes atraviesan dificultades reales, pero también comprobar que el dinero llega a quienes cumplen los requisitos.

No sería justo retirar una ayuda a quien realmente la necesita por el hecho de que existan personas que abusan del sistema. Tampoco sería justo que el contribuyente tuviera que asumir, sin controles eficaces, el coste de prestaciones obtenidas mediante engaño.

La solución pasa por verificar los requisitos, cruzar datos cuando la ley lo permita, reclamar las cantidades cobradas indebidamente cuando corresponda y sancionar el fraude demostrado. Y todo ello sin convertir un error administrativo en una acusación automática de engaño ni dejar desprotegidas a personas vulnerables.

No basta con conceder el dinero: hay que comprobar los resultados

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lleva años evaluando programas de gasto público. Sus revisiones muestran por qué es importante analizar si las políticas cumplen sus objetivos y si los recursos se utilizan eficazmente.

Deberíamos avanzar hacia un sistema en el que cada subvención relevante tuviera objetivos concretos, cuentas transparentes, controles proporcionados y una evaluación periódica. Si funciona y aporta un beneficio público acreditado, puede justificarse su continuidad. Si no cumple su finalidad, habría que corregirla o retirarla.

Tampoco debería existir un derecho adquirido a recibir una subvención indefinidamente por el mero hecho de haberla recibido durante años.

Cada euro ahorrado debe tener un destino responsable

Si conseguimos eliminar ayudas injustificadas, reducir duplicidades y corregir programas ineficaces, los recursos liberados podrían destinarse a necesidades prioritarias y a reducir el déficit público.

No resolveríamos por completo el problema de la deuda, pero contribuiríamos a evitar que una parte creciente de los recursos públicos tenga que dedicarse a financiar gastos pasados y sus intereses.

Sobre la deuda y el coste financiero ya he escrito en anteriores artículos, a los que remito a quienes quieran profundizar en esta cuestión.

La idea que me gustaría defender aquí es más concreta: proteger las pensiones, atender a quienes realmente necesitan ayuda y mantener los servicios públicos no está reñido con exigir rigor en el uso del dinero de todos.

No todo gasto es despilfarro, como tampoco toda subvención está justificada por el simple hecho de perseguir una finalidad que parece noble.

El dinero público no debería concederse por costumbre, afinidad o presión, sino por una razón justificada, con controles y resultados verificables.

Porque la solidaridad es imprescindible. Pero también lo son la responsabilidad, la transparencia y el respeto al esfuerzo de quienes, mediante sus impuestos, hacen posible esa solidaridad.

lunes, 19 de octubre de 2026

La okupación, el derecho a la vivienda y las conciencias que despiertan cuando llueve

Hoy me he levantado con la conciencia un poco más escrupulosa de lo habitual. Quizá haya sido la lluvia, que invita a quedarse en casa, a mirar por la ventana y a pensar en quienes no tienen un lugar donde refugiarse. Y, casi sin querer, he acabado pensando en las familias que, por circunstancias de la vida, se encuentran sin un techo digno bajo el que vivir.

Es un asunto complicado, especialmente cuando hablamos de la okupación de viviendas. Se acercan las elecciones y vuelve a ocupar espacio en el debate político la posibilidad de endurecer las medidas legales para conseguir que una vivienda okupada pueda recuperarse en un plazo de 48 horas.

Desde el punto de vista del propietario, la cuestión parece bastante clara. ¿Por qué alguien debería soportar durante meses o años un procedimiento judicial para recuperar una vivienda que le pertenece? ¿Por qué una familia que ha trabajado para comprar su casa, o una persona que ha invertido sus ahorros en una vivienda, tiene que cargar con las consecuencias de una ocupación que no ha consentido?

No parece razonable. Y mucho menos cuando hay quienes se aprovechan de las dificultades del sistema para ocupar viviendas ajenas sin encontrarse en una situación de verdadera necesidad.

La vulnerabilidad no puede convertirse en una patente de corso para vulnerar los derechos de los demás.

Pero hay otra cara del problema que tampoco deberíamos ignorar.

Pensemos, por un momento, en una familia que no puede pagar un alquiler, que ha perdido sus ingresos, que tiene hijos pequeños y que no encuentra ninguna alternativa habitacional. Pensemos en personas que han llegado a una situación límite y que, acertada o equivocadamente, han buscado una salida ocupando una vivienda.

¿Debemos tratarlas exactamente igual que a quienes actúan por conveniencia, conociendo las dificultades que puede tener un propietario para recuperar su inmueble?

La ley debe proteger los derechos de todos, y las circunstancias de cada caso deben valorarse por los cauces legales correspondientes. Pero, como sociedad, también deberíamos ser capaces de distinguir entre quien se aprovecha deliberadamente de los demás y quien se encuentra en una situación de auténtica desesperación.

Ahora bien, reconocer que existe pobreza y exclusión residencial no significa que tengamos que aceptar que un particular se convierta, por obligación o por circunstancias, en el responsable de resolverlas.

La solidaridad es una virtud cuando nace de la voluntad; no puede convertirse en una obligación impuesta al ciudadano a costa de sus propios derechos.

Si una persona ha trabajado durante años para adquirir una vivienda, no podemos exigirle que resuelva con sus propios recursos un problema social que corresponde abordar a las administraciones públicas.

Y aquí es donde creo que debería centrarse una parte fundamental del debate.

Si se agilizan los procedimientos para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente, ¿qué hacemos con las familias vulnerables que realmente no tienen otro lugar al que ir? ¿Las dejamos en la calle con sus hijos y damos el problema por resuelto? ¿Nos conformamos con recuperar una vivienda sin preguntarnos qué sucede al día siguiente con las personas que vivían en ella?

No. Si queremos ser una sociedad justa, la respuesta no puede terminar ahí.

El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias, deben disponer de recursos para atender las situaciones de emergencia habitacional, ofrecer alojamiento temporal cuando sea necesario y facilitar alternativas a quienes realmente no pueden procurarse una vivienda por sus propios medios.

Y quizá haya algo más que deberíamos tener en cuenta: si las administraciones dispusieran de recursos suficientes para ofrecer una respuesta rápida a quienes se quedan sin hogar, muchas situaciones ni siquiera llegarían a producirse. Una familia que pierde su vivienda, que no puede pagar un alquiler o que se encuentra en una situación de auténtica necesidad tendría una primera puerta a la que llamar, en lugar de verse empujada a buscar una solución por su cuenta, incluso ocupando una vivienda ajena. Si acudir a los servicios sociales ofreciera una posibilidad real de encontrar alojamiento y recibir ayuda, ¿cuántas personas optarían por ese camino antes de meterse en un problema legal? Naturalmente, no todas las ocupaciones obedecen a la necesidad, pero precisamente por eso debemos distinguir entre quienes se aprovechan de la situación y quienes necesitan una alternativa que hoy no encuentran.

No se trata de regalar casas ni de premiar a quien incumple la ley. Se trata de evitar que la pobreza se convierta en una condena a vivir en la calle y de impedir, al mismo tiempo, que el coste de esa pobreza recaiga injustamente sobre otros ciudadanos.

También es importante que esas ayudas se concedan con criterios claros, comprobando las circunstancias de cada caso y evitando los abusos. Porque un sistema de protección social solo puede mantener la confianza de la ciudadanía si ayuda a quien lo necesita de verdad y actúa frente a quien pretende aprovecharse de él.

Quizá el problema de fondo sea que llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre quién tiene razón, cuando deberíamos estar exigiendo soluciones a quienes tienen la responsabilidad y los medios para ponerlas en marcha.

Podemos defender el derecho del propietario a recuperar su vivienda y, al mismo tiempo, defender que ninguna familia vulnerable se quede sin una alternativa habitacional. Una cosa no debería excluir a la otra.

Y vuelvo a la lluvia de esta mañana.

Es fácil sentir compasión cuando estamos cómodamente instalados en nuestra casa, escuchando caer el agua al otro lado de la ventana. Pero la compasión, por sí sola, no construye viviendas, no paga alquileres y no organiza servicios sociales. Para eso hacen falta políticas públicas, recursos, planificación y voluntad de asumir responsabilidades.

No podemos pedirle al propietario que sea el Estado del bienestar, ni aceptar que la única solución para una familia vulnerable sea la calle.

Si de verdad queremos abordar el problema de la okupación con justicia, no basta con decidir cuánto tardamos en desalojar una vivienda. También debemos preguntarnos qué alternativas ofrecemos a quien no tiene dónde vivir.

Porque defender la propiedad privada no nos obliga a ser indiferentes ante la pobreza. Y defender a las personas vulnerables tampoco nos obliga a renunciar a los derechos de los propietarios.

Una sociedad verdaderamente justa debería ser capaz de proteger ambas cosas.

Y, sobre todo, debería conseguir que la solución a un problema no consista simplemente en trasladárselo a otro.

«La mejor manera de evitar muchas ocupaciones no es únicamente facilitar los desalojos, sino conseguir que nadie tenga que recurrir a ellas para encontrar un techo».

domingo, 18 de octubre de 2026

La escuela pública no se vende, se defiende. Pero ¿quién la defiende?

Hay frases que, por su fuerza y sencillez, terminan convirtiéndose en lemas. «La escuela pública no se vende, se defiende» es una de ellas. Y, sin duda, la escuela pública merece ser defendida. Es uno de los pilares de nuestra sociedad, una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y un instrumento imprescindible para formar ciudadanos con conocimientos, criterio propio y capacidad para desenvolverse en el mundo.

Pero convendría hacerse una pregunta: ¿quién debe ser el primero en defender la escuela pública?

La respuesta parece evidente: el Estado, las administraciones educativas y quienes tienen la responsabilidad de organizar, financiar y garantizar su funcionamiento. Porque defender la escuela pública no consiste únicamente en acudir a una manifestación, exhibir una pancarta o pronunciar un discurso. Defenderla significa dotarla de los recursos humanos y materiales necesarios para que pueda cumplir su cometido.

Y es precisamente ahí donde empiezan los problemas.

Las aulas soportan ratios de alumnos que dificultan una atención verdaderamente individualizada. En una misma clase conviven niños con distintos ritmos de aprendizaje, circunstancias personales y necesidades educativas. La diversidad es una realidad que debe atenderse con sensibilidad y profesionalidad, pero no basta con proclamar que la inclusión es un derecho. Para que la inclusión sea efectiva hacen falta más profesionales, más medios y tiempo suficiente para atender a cada alumno. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir un principio noble en una declaración de intenciones que ni los alumnos ni los docentes pueden ver plenamente satisfecha.

A esta situación se añade una burocracia que parece crecer sin descanso. Informes, formularios, plataformas, reuniones y tareas administrativas consumen una parte importante de la jornada de los profesores. ¿No sería más razonable liberarles de una carga burocrática innecesaria para que pudieran dedicar ese tiempo a preparar sus clases, evaluar el progreso de sus alumnos y atender las dificultades que surgen en el aula?

Un profesor debería dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a enseñar, no a cumplimentar documentos que, en demasiadas ocasiones, aportan poco a la calidad real de la enseñanza.

Y, por supuesto, está la cuestión de las condiciones laborales y salariales. La vocación es un elemento valioso en cualquier profesión, pero no puede convertirse en una excusa para exigir sacrificios permanentes. Muchos docentes llegan a las aulas con ilusión, convencidos de que su trabajo contribuirá a mejorar la sociedad. Sin embargo, cuando la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y las dificultades para ejercer su profesión se prolongan en el tiempo, esa ilusión puede transformarse en frustración y desencanto.

No podemos permitirnos que quienes tienen la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones terminen preguntándose si merece la pena continuar.

La vocación no sustituye a los recursos, del mismo modo que el compromiso no sustituye a unas condiciones de trabajo dignas.

Pero hay otro asunto del que quizá hablamos menos de lo necesario: la autoridad del docente y la responsabilidad de las familias.

A la escuela se va, ante todo, a aprender. Se va a adquirir conocimientos, a desarrollar habilidades, a comprender el mundo y a formar el pensamiento crítico. La educación, entendida como la adquisición de hábitos de convivencia, respeto, responsabilidad y consideración hacia los demás, comienza en casa y continúa en la escuela. Ambas son necesarias y complementarias, pero no debemos confundir sus respectivas responsabilidades.

Los padres son los primeros responsables de educar a sus hijos. A ellos les corresponde enseñarles que no todo está permitido, que las normas existen por una razón, que el esfuerzo tiene valor y que convivir implica respetar a los demás. La escuela puede reforzar estos principios, pero difícilmente podrá compensar por sí sola su ausencia en el ámbito familiar.

Y entre esos principios hay uno fundamental: al maestro se le respeta.

Se le respeta cuando el niño entiende que el profesor está allí para enseñarle, no para satisfacer todos sus deseos. Se le respeta cuando los padres, ante un conflicto, escuchan las explicaciones del docente antes de desautorizarlo delante de sus hijos. Se le respeta cuando las discrepancias se plantean con educación y los problemas se resuelven mediante el diálogo, no mediante la descalificación o la intimidación.

Respetar al profesor no significa que sea infalible ni que no pueda equivocarse. Significa reconocer su función, su preparación y su responsabilidad. Significa comprender que cuestionar una actuación concreta no es lo mismo que menoscabar sistemáticamente su autoridad.

Porque un docente sin autoridad para mantener el orden, establecer límites y exigir un mínimo de esfuerzo difícilmente podrá garantizar un entorno adecuado para aprender. Y quienes más salen perjudicados cuando se deteriora la convivencia en el aula son, precisamente, los alumnos que acuden dispuestos a estudiar y que necesitan un ambiente tranquilo para hacerlo.

No se trata de añorar una escuela autoritaria ni de regresar a modelos educativos del pasado. Se trata de recuperar algo mucho más elemental: la autoridad legítima del profesor, el respeto mutuo y la convicción de que los derechos llevan aparejadas responsabilidades.

Por eso, cuando escuchamos que «la escuela pública no se vende, se defiende», deberíamos añadir que la primera obligación de defenderla corresponde a quienes tienen los instrumentos para hacerlo.

La Administración debe reducir las ratios cuando sea necesario, reforzar la atención a los alumnos con necesidades especiales, simplificar la burocracia, mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes y establecer mecanismos eficaces para proteger su autoridad frente a las conductas que dificultan su trabajo.

Las familias, por su parte, deben asumir su responsabilidad educativa y colaborar con los centros, en lugar de delegar en los profesores obligaciones que les corresponden en primer término.

Y la sociedad debe reconocer que la educación no es un gasto del que conviene prescindir cuando llegan las dificultades presupuestarias, sino una inversión decisiva en nuestro futuro colectivo.

No podemos exigir resultados excelentes si no proporcionamos los medios necesarios para conseguirlos. Tampoco podemos reclamar una educación inclusiva y personalizada mientras mantenemos unas condiciones que dificultan atender adecuadamente a cada alumno. Y mucho menos podemos pedir a los docentes que mantengan intacta su vocación mientras acumulamos sobre sus hombros responsabilidades, obstáculos y exigencias que no siempre van acompañados del apoyo necesario.

La escuela pública no necesita solamente que la defendamos de quienes puedan poner en peligro su financiación o su existencia. Necesita que la defendamos también de la falta de recursos, de la burocracia excesiva, del deterioro de la convivencia y de la pérdida de respeto hacia quienes tienen la difícil tarea de enseñar.

Porque una escuela pública fuerte no se construye únicamente con buenas intenciones ni con consignas. Se construye con presupuestos, profesionales, autoridad, responsabilidad familiar y respeto por el conocimiento.

La escuela pública no se vende, se defiende. De acuerdo. Pero defenderla de verdad significa que el Estado cumpla con su obligación, que las familias cumplan con la suya y que los docentes puedan volver a hacer aquello para lo que se prepararon: enseñar.

Y quizá entonces recuperemos algo que nunca debimos perder: la ilusión de los profesores por enseñar y la de los alumnos por aprender.

Las pensiones: Prometer es fácil, pagar la factura es otra cosa

Una reflexión ciudadana sobre el futuro de las pensiones en España

Cada vez que escuchamos hablar a los partidos políticos sobre las pensiones, parece que todos están de acuerdo en lo fundamental: nadie las va a tocar. Sin embargo, todos ponen en duda que sus adversarios vayan a cumplir esa promesa.

Y yo me pregunto: si todos aseguran que las pensiones están garantizadas, ¿por qué existe tanta preocupación sobre su futuro? ¿Estamos ante una discusión política más o ante un problema económico que estamos aplazando?

No soy economista, pero creo que no hace falta serlo para entender que no se puede gastar indefinidamente más de lo que se ingresa sin que aparezcan consecuencias.

El reto del baby boom

España tiene por delante un desafío demográfico importante. La generación del baby boom está llegando a la jubilación. Durante muchos años, una parte importante de sus cotizaciones ha contribuido a pagar las pensiones de generaciones anteriores. Ahora le toca cobrar a ella.

El problema es que las generaciones posteriores son menos numerosas y que vivimos más años. Eso significa que tendremos que financiar más pensiones y durante más tiempo, aunque la evolución del empleo y de la productividad podrían aliviar parte de esa presión.

Nuestro sistema público funciona principalmente mediante el reparto: las cotizaciones actuales financian buena parte de las pensiones actuales. No consiste en que cada trabajador tenga guardado en una cuenta el dinero que recibirá cuando se jubile.

Por tanto, su equilibrio depende de cuántas personas trabajan, cuánto cotizan, cuánto producen y cuánto se paga a quienes están jubilados.

¿De dónde saldrá el dinero?

Cuando los ingresos por cotizaciones no son suficientes, el Estado puede aportar dinero procedente de los impuestos o recurrir al endeudamiento para financiar el conjunto de sus obligaciones.

Pero los impuestos también tienen que pagar la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras, los intereses de la deuda y otros servicios públicos.

No se trata de enfrentar a los jubilados con los jóvenes. Los pensionistas tienen derecho a la protección que les corresponde y muchos dependen de su pensión para vivir dignamente. Se trata de preguntarnos cómo mantener esa protección sin trasladar una carga excesiva a quienes todavía están trabajando y a las generaciones futuras.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido de que, aunque se cumplan determinados límites legales de gasto en pensiones, eso no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Sus proyecciones de 2026 muestran que el envejecimiento seguirá ejerciendo una presión importante sobre el presupuesto.

¿Qué puede ocurrir si no hacemos lo que debemos?

No creo que sea serio anunciar que España quebrará inevitablemente, ni tampoco afirmar que no existe ningún problema.

Lo razonable es contemplar varios escenarios. Si aumentan el empleo, los salarios reales y la productividad, los ingresos públicos pueden crecer y ayudar a financiar las pensiones. Si ese crecimiento resulta insuficiente, será necesario aportar más recursos mediante cotizaciones o impuestos, revisar determinadas reglas o combinar varias soluciones.

En el peor de los casos, aplazar las decisiones puede obligarnos a tomar medidas más bruscas en el futuro, cuando haya menos margen para elegir.

Además, si la deuda pública aumenta de forma persistente, una parte creciente de los recursos tendrá que destinarse a pagar intereses, reduciendo el dinero disponible para otras necesidades.

¿Qué medidas deberíamos estudiar?

No hay una solución mágica, pero sí varias medidas que merecen un debate serio:

1. Fomentar el empleo estable. Cuantas más personas trabajen y coticen, mayores serán los ingresos del sistema. Es fundamental reducir el desempleo, especialmente el juvenil, y facilitar que quienes desean trabajar puedan hacerlo.

2. Aumentar la productividad y los salarios reales. Una economía que produce más valor puede generar mejores salarios y mayores ingresos por cotizaciones, sin depender exclusivamente de subir los tipos de cotización.

3. Facilitar la jubilación voluntaria más allá de la edad ordinaria. Quienes estén en condiciones de continuar trabajando deberían contar con incentivos razonables, sin obligar a prolongar su vida laboral a quienes desempeñan trabajos duros o tienen problemas de salud.

4. Revisar periódicamente las cuentas. Necesitamos previsiones independientes, transparentes y comprensibles que indiquen cuánto se espera gastar, cuánto se ingresará y qué consecuencias tendrá cada medida. Si aparece una desviación importante, hay que actuar con tiempo.

5. Proteger las pensiones más bajas y debatir las reglas del sistema. Cualquier reforma debe prestar especial atención a quienes no disponen de otros ingresos. También debe examinar cómo se calculan las prestaciones, cómo se distribuyen las cargas y cómo se garantiza un equilibrio razonable entre generaciones.

6. Utilizar la inmigración como parte de la solución, no como una promesa automática. Los trabajadores que llegan y encuentran empleo legal contribuyen mediante sus cotizaciones e impuestos. Pero el efecto sobre las cuentas públicas depende de su empleo, sus salarios, su edad y otros factores. La inmigración, por sí sola, no garantiza el equilibrio del sistema.

7. Planificar con varias décadas de antelación. Las pensiones no deberían depender de las promesas de una campaña electoral. Sería deseable un acuerdo político amplio que estableciera objetivos, revisiones periódicas y mecanismos de corrección, protegiendo a quienes ya están jubilados y dando certidumbre a los trabajadores.

La responsabilidad de los partidos

Lo que más preocupa es que el debate se reduzca a acusarse mutuamente de querer congelar las pensiones o recortarlas, mientras cada partido presenta sus propias medidas como suficientes.

Mantener el poder adquisitivo de las pensiones, como establece la legislación vigente para las contributivas, es un objetivo importante. Pero una promesa sobre las prestaciones no sustituye a un plan financiero que explique cómo se van a pagar.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocer las cuentas, las hipótesis y las consecuencias de las decisiones. Y tenemos derecho a que nos expliquen no solamente lo que se promete hoy, sino también quién asumirá los costes mañana.

Una última reflexión

El problema de las pensiones no es de los jubilados frente a los jóvenes, ni de un partido frente a otro. Es un reto colectivo que exige responsabilidad y transparencia.

Quienes hoy cobran una pensión merecen seguridad y dignidad. Quienes trabajan merecen saber qué pueden esperar cuando llegue su jubilación. Y nuestros hijos y nietos merecen recibir un país con capacidad para cumplir sus compromisos.

Por eso, en lugar de preguntarnos únicamente quién promete que no tocará las pensiones, deberíamos exigir a todos los partidos una respuesta mucho más concreta:

¿Qué plan tienen para garantizar unas pensiones dignas y sostenibles, cuánto costará y quién pagará la factura?

Porque prometer es fácil. Lo difícil es hacer las cuentas, explicar las decisiones y actuar a tiempo.

miércoles, 7 de octubre de 2026

La deuda pública: el precio de vivir por encima de nuestros ingresos

Hay una cuestión que, a mi juicio, debería preocuparnos mucho más cuando hablamos del futuro de España: la deuda pública.

No porque endeudarse sea siempre malo. Una familia puede pedir una hipoteca para comprar una vivienda y una empresa puede endeudarse para realizar una inversión. El problema aparece cuando la deuda se convierte en una forma permanente de financiar gastos y, además de devolver el dinero prestado, tenemos que dedicar cada vez más recursos a pagar sus intereses.

Y España lleva muchos años acumulando deuda.

¿Cuánta deuda tenemos?

Según los últimos datos disponibles del Banco de España, en julio de 2026 la deuda de las Administraciones Públicas alcanzaba 1,744 billones de euros, aproximadamente el 99,9 % del PIB. Es decir, una cantidad prácticamente equivalente a todo lo que produce la economía española en un año. Banco de España

Es verdad que la situación ha mejorado respecto al máximo alcanzado después de la pandemia. La ratio de deuda sobre PIB llegó a superar el 120 % y posteriormente ha descendido. La propia AIReF señala que desde el máximo posterior a la pandemia se ha producido una reducción de 22,6 puntos de PIB. Airef

Pero hay un matiz importante:

que baje la deuda en porcentaje del PIB no significa necesariamente que debamos menos euros.

En julio de 2026 teníamos aproximadamente 1,744 billones de euros de deuda, y esa cantidad seguía creciendo un 3,8 % interanual. Banco de España

Esto merece que nos detengamos a pensarlo.


El problema no es solamente la deuda. Es lo que cuesta mantenerla.

Toda esa deuda tiene un precio: los intereses.

La AIReF prevé que el gasto por intereses alcance aproximadamente el 2,5 % del PIB en 2026 y también en 2027. Además, advierte de que el endurecimiento de las condiciones de financiación hará que el coste aumente progresivamente. Airef

Y aquí tenemos que hablar de dinero real.

En los ocho primeros meses de 2026, el Estado ya había pagado 25.955 millones de euros en intereses, un 11,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. Ministerio de Hacienda

Si la previsión de AIReF para todo el conjunto de las Administraciones Públicas se cumple, estaremos hablando de del orden de 47.000-48.000 millones de euros anuales destinados a pagar intereses.

No estamos hablando de devolver la deuda.

Estamos hablando solamente de pagar el precio de haberla contraído.


¿Qué significa esto para un ciudadano?

Si dividimos aproximadamente 47.500 millones entre unos 49 millones de habitantes, obtenemos alrededor de:

970 euros por habitante y año.

No quiere decir que cada español reciba una factura de 970 euros. Es simplemente una manera de comprender la dimensión del problema.

Es como decir:

Cada año destinamos una cantidad equivalente a unos 970 euros por habitante solamente a pagar los intereses de la deuda pública.

Y esos intereses no construyen una carretera.

No pagan una pensión.

No financian una escuela.

No construyen un hospital.

No son una inversión nueva.

Son el coste financiero de decisiones de gasto y endeudamiento tomadas en el pasado.


Y aquí aparece el verdadero problema

Imaginemos que España consigue reducir poco a poco su déficit y deja de aumentar la deuda.

Sería una buena noticia.

Pero todavía tendríamos que seguir pagando los intereses de los aproximadamente 1,7 billones de euros acumulados.

Y si los tipos de interés permanecen elevados, ese coste puede aumentar.

La AIReF explica que el efecto de los tipos de interés no se traslada inmediatamente a toda la deuda porque España tiene una cartera con una vida media elevada. Por eso una subida de tipos se transmite progresivamente conforme se refinancia la deuda que vence. Airef

Esto es importante porque evita una exageración muy habitual:

una subida de un punto de los tipos no significa que mañana España vaya a pagar 17.000 millones más.

Pero nos permite comprender la magnitud del riesgo.

Si, hipotéticamente, un incremento de un punto porcentual acabara trasladándose al conjunto de una deuda de unos 1,74 billones:

1,74 billones × 1 % ≈ 17.400 millones de euros.

Es una simple referencia matemática, no una previsión.

Pero sirve para comprender algo:

Cuanto mayor es la deuda, mayor es nuestra sensibilidad a los tipos de interés.


¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La evolución histórica ayuda a entenderlo.

Según el Banco de España, la deuda pública española estaba alrededor del 39 % del PIB en 2007.

Después llegó la crisis financiera:

  • 2007: 39 %
  • 2010: 53 %
  • 2012: 70 %
  • 2014: 100 %
  • 2015: 104 %
  • 2019: 98 %
  • 2020: 118 %
  • 2024: 102 %
  • 2025: 100,7 %
  • julio de 2026: 99,9 %. Banco de España

La pandemia provocó otro enorme salto.

Y aquí conviene ser justos: no todo el incremento de deuda tiene la misma explicación ni puede atribuirse a un único Gobierno. Crisis financieras, pandemia, caída de ingresos, medidas extraordinarias y déficits acumulados han tenido un papel importante.

Pero precisamente por eso debemos mirar hacia adelante.


¿Tenemos que eliminar la deuda?

No.

Y sería poco realista plantearlo así.

Una economía moderna puede convivir con deuda pública.

La cuestión importante es otra:

¿Podemos permitirnos que la deuda siga creciendo indefinidamente?

Ahí está el debate.

Porque mientras tengamos una deuda elevada tendremos que dedicar una parte importante de nuestros impuestos a pagar intereses.

Y ese dinero no puede utilizarse simultáneamente para otra cosa.

Es lo que los economistas llaman el coste de oportunidad.


El objetivo debería ser reducir progresivamente la deuda

No estoy hablando de hacerlo de golpe.

Tampoco de dejar de invertir.

Ni de eliminar servicios públicos esenciales.

Y mucho menos de defender que cualquier reducción del gasto sea buena por definición.

Estoy hablando de algo mucho más sencillo:

España debería intentar gastar, de forma estructural, menos de lo que ingresa.

Cuando la economía crezca, una parte de ese crecimiento debería utilizarse para reducir la deuda.

Cuando haya años buenos, deberíamos aprovecharlos para crear margen para los años malos.

Y cuando sea necesario endeudarse para realizar una inversión importante, deberíamos preguntarnos si esa inversión permitirá aumentar la capacidad productiva y el bienestar futuro, en lugar de utilizar deuda simplemente para financiar gasto corriente.


Porque la deuda de hoy es el presupuesto de mañana

Esta es, probablemente, la idea que más me interesa transmitir.

Cuando un Estado se endeuda, no desaparece el coste.

Lo desplaza hacia el futuro.

Nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que pagar los intereses y, llegado el momento, devolver el principal o refinanciarlo.

Y cuanto mayor sea la deuda, menor será el margen que tendrán los futuros gobiernos para enfrentarse a una crisis, una recesión, una guerra, una pandemia o cualquier otra emergencia.

Por eso reducir la deuda no debería ser una cuestión de izquierdas o de derechas.

Debería ser una cuestión de responsabilidad intergeneracional.


Una frase para recordar

Podríamos resumir todo este asunto en una sola frase:

"No se trata de dejar de gastar. Se trata de no convertir el endeudamiento permanente en una forma de vida."

Porque si cada año necesitamos endeudarnos para pagar parte de nuestros gastos y, además, necesitamos pagar decenas de miles de millones en intereses por la deuda acumulada, llegará un momento en que una parte creciente de nuestro esfuerzo económico estará dedicada simplemente a mantener las obligaciones del pasado.

Y entonces sí podremos decir que estamos trabajando cada vez más para pagar los intereses de lo que ya nos hemos gastado, en lugar de utilizar nuestros recursos para construir el futuro.

La deuda puede ser una herramienta. Pero no debería convertirse en nuestra forma habitual de financiar el presente.

martes, 6 de octubre de 2026

¿Quién pagará mañana el Estado del bienestar?

Una reflexión ante las elecciones del 29 de noviembre

Se acercan las elecciones y, como suele ocurrir en estas fechas, comenzaremos a escuchar muchas promesas.

Subir las pensiones.
Mejorar la sanidad.
Reducir impuestos.
Aumentar las ayudas.
Construir viviendas.
Mejorar la educación.
Crear empleo.
Proteger a los más vulnerables.

Todas ellas son propuestas que, individualmente, pueden resultar atractivas. El problema aparece cuando intentamos ponerlas juntas sobre una misma mesa y hacemos una pregunta que pocas veces ocupa el centro del debate:

¿Cuánto cuesta todo esto y cómo pensamos pagarlo?

Porque España no parte de una situación en la que las cuentas públicas estén saneadas y dispongamos de un enorme margen para elegir.

La deuda pública española se situó al finalizar 2025 en torno a 1,7 billones de euros, aproximadamente el 100,7 % del PIB, según los datos del Banco de España.

Dicho de una manera más sencilla: debemos una cantidad aproximadamente equivalente a todo lo que produce España durante un año entero.

Esto no significa que España esté en quiebra ni que haya que salir corriendo a recortar pensiones, sanidad o educación.

Pero sí significa algo que deberíamos tener presente cuando escuchemos las promesas electorales: el dinero público no es infinito.


¿Significa esto que hay que recortar el Estado del bienestar?

No necesariamente.

Y aquí es donde creo que el debate suele equivocarse.

Cuando se habla de controlar el gasto público, inmediatamente aparece la acusación de que alguien quiere "recortar el Estado del bienestar".

Pero controlar el gasto no significa necesariamente eliminar servicios públicos.

También puede significar preguntarnos si todo el dinero que gastamos está consiguiendo el resultado que debería conseguir.

¿Hay gastos que podrían eliminarse sin perjudicar a los ciudadanos?

¿Hay organismos o estructuras que podrían funcionar con menos coste?

¿Existen subvenciones que ya no tienen sentido?

¿Se podrían gestionar determinados servicios de manera más eficiente?

¿Estamos obteniendo por cada euro público el resultado que deberíamos?

Y, sobre todo:

¿qué gastos serán imprescindibles dentro de diez, veinte o treinta años?

Porque ahí aparece un problema que no podemos solucionar mirando solamente al próximo presupuesto.


El problema que viene: cada vez habrá más personas mayores

España está envejeciendo.

Y esto tiene consecuencias enormes para las cuentas públicas.

Habrá que pagar pensiones durante más años.

Habrá más necesidades sanitarias.

Habrá más demanda de servicios de dependencia y cuidados.

Y, al mismo tiempo, tendremos que conseguir suficientes trabajadores y suficientes cotizaciones para financiar todo ello.

La AIReF ha advertido precisamente sobre esta presión demográfica y proyecta un aumento significativo del peso del gasto en pensiones en las próximas décadas.

Esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas.

Es una cuestión matemática.

Y las matemáticas tienen la desagradable costumbre de no cambiar porque nos guste más o menos el resultado.


Entonces, ¿qué hacemos?

Aquí es donde me gustaría que comenzara el verdadero debate electoral.

Porque existen varias posibilidades.

Podemos intentar aumentar los ingresos.

Podemos intentar hacer crecer más la economía.

Podemos intentar aumentar el empleo y la productividad.

Podemos revisar gastos y eliminar aquellos que aporten poco.

Podemos reformar determinados servicios para hacerlos más eficientes.

Podemos modificar impuestos.

Podemos modificar prestaciones.

Podemos combinar varias de estas medidas.

Pero cada una tiene consecuencias.

Y eso es precisamente lo que deberíamos exigir a nuestros políticos:

No solamente que nos digan qué van a hacer, sino cuánto costará, cómo lo financiarán y qué consecuencias tendrá.


Porque también existe otra forma de recortar

Hay algo que a veces olvidamos.

Cuando hablamos de "recortar pensiones", normalmente pensamos en anunciar una reducción de las pensiones.

Pero existe otra manera mucho menos visible de reducir el poder adquisitivo:

hacer que las prestaciones crezcan durante años menos que el coste de la vida.

Lo mismo ocurre con los salarios, las ayudas o cualquier ingreso fijo.

Por eso, cuando un partido prometa mantener o aumentar una determinada prestación, sería interesante conocer algo más que el porcentaje de subida.

Deberíamos preguntar:

¿cómo evolucionará respecto a la inflación?

Porque cobrar un 2 % más no significa necesariamente tener más capacidad de compra si los precios han aumentado un 4 %.


Y aquí llegamos a una cuestión incómoda

Supongamos que un nuevo Gobierno llega a La Moncloa y descubre que necesita reducir el déficit.

Tiene dos caminos muy sencillos de explicar.

Puede aumentar los ingresos.

O puede reducir los gastos.

O puede hacer ambas cosas.

Pero ninguna de las tres opciones es políticamente gratis.

Si sube impuestos, alguien pagará más.

Si reduce gastos, alguien perderá una prestación, una subvención, un servicio o una parte de la financiación.

Y si decide no hacer ninguna de las dos cosas y continúa aumentando la deuda, también habrá un coste: habrá que pagar esa deuda y sus intereses en el futuro.

La cuestión, por tanto, no es si existe una solución sin coste.

La cuestión es:

¿Quién asumirá el coste y cuándo?


Quizá deberíamos cambiar la manera de votar

No me refiero a cambiar la papeleta.

Me refiero a cambiar las preguntas que hacemos antes de introducirla en la urna.

Durante una campaña electoral es relativamente sencillo decir:

"Vamos a mejorar las pensiones".

Mucho más interesante sería preguntar:

¿Cuánto costará?

"Vamos a mejorar la sanidad".

¿Con qué presupuesto?

"Vamos a construir vivienda".

¿Cuántas viviendas, en cuánto tiempo y con qué financiación?

"Vamos a bajar impuestos".

¿Cuánto dejará de ingresar el Estado y qué gasto se reducirá para compensarlo?

"Vamos a aumentar las ayudas".

¿Cuánto costarán anualmente cuando estén plenamente implantadas?

Y hay una pregunta que considero especialmente importante:

¿Qué ocurrirá con esas medidas si sus previsiones económicas no se cumplen?

Porque hacer un programa suponiendo que la economía crecerá mucho, que aumentará el empleo y que los ingresos fiscales crecerán rápidamente es relativamente sencillo.

Lo difícil es explicar qué ocurrirá si no sucede.


Ideología o ideas

Durante las próximas semanas veremos probablemente algo que ocurre en prácticamente todas las elecciones.

Personas que votarán a un partido porque se sienten identificadas con él.

Personas que votarán contra otro partido.

Personas que defenderán sus siglas antes incluso de conocer las propuestas.

Y otras que intentarán comparar.

Todas esas actitudes forman parte de la democracia.

Pero quizá deberíamos intentar hacer un pequeño esfuerzo adicional.

No confundir nuestras ideas con las siglas que las representan.

Un partido puede defender una propuesta que nos guste y otra que nos parezca equivocada.

Otro partido puede defender una medida que inicialmente rechazamos y, sin embargo, presentar argumentos que nos hagan cambiar de opinión.

Y eso no debería ser una derrota.

Cambiar de opinión después de conocer mejor los datos no es falta de convicción. Es precisamente una de las consecuencias de pensar.


La pregunta que debería acompañar a estas elecciones

No sé todavía qué propuestas concretas presentará cada partido para las elecciones del 29 de noviembre, ni si todos tendrán sus programas definitivos publicados.

Pero sí sé qué me gustaría encontrar cuando los publiquen.

No solamente una lista de buenas intenciones.

Me gustaría encontrar números.

¿Cuánto costará cada medida?

¿Cuánto se espera recaudar?

¿Cuánto se pretende ahorrar?

¿Qué crecimiento económico se presupone?

¿Qué ocurrirá con la deuda?

¿Cómo evolucionará el gasto en pensiones?

¿Qué pasará si las previsiones no se cumplen?

Y, sobre todo:

¿Cómo piensa cada candidato mantener el Estado del bienestar dentro de veinte años?

Porque probablemente esta sea una de las preguntas más importantes de estas elecciones.

No se trata de elegir entre Estado del bienestar y austeridad.

Se trata de conseguir que el Estado del bienestar sea sostenible.

Y para conseguirlo quizá tengamos que aceptar una idea que no suele gustar demasiado en campaña electoral:

**Prometer es fácil. Pagarlo es lo difícil.**

Y quizá esta vez, antes de decidir nuestro voto, deberíamos dedicar menos tiempo a escuchar lo que queremos oír y un poco más a preguntar:

"¿Me puede explicar cómo piensa hacerlo?"

lunes, 5 de octubre de 2026

¿Y QUÉ SE ENCONTRARÁ EL PRÓXIMO GOBIERNO?

El 29 de noviembre iremos a votar.

Unos estarán contentos.
Otros estarán decepcionados.
Y algunos pensarán que, por fin, las cosas pueden cambiar.

Pero hay algo que conviene tener muy presente:

El día después de las elecciones, los problemas de España seguirán estando ahí.

Cambiará el Gobierno.
No cambiará la realidad de un día para otro.

La vivienda seguirá siendo cara

Si hoy una persona no puede pagar un alquiler de 1.000 euros, no podrá pagar 600 simplemente porque haya cambiado el Gobierno.

Construir viviendas lleva años.

Y mientras tanto habrá que decidir:

¿Se construye más?
¿Se limita el precio?
¿Se ayuda al inquilino?
¿Se protege al propietario?
¿Quién paga esas ayudas?

Cualquier decisión tendrá beneficiados y perjudicados.

La inmigración tampoco tiene una solución sencilla

Habrá que controlar las fronteras.

Pero también habrá que decidir qué hacemos con las personas que ya están aquí.

Habrá que hablar de trabajo, vivienda, integración, servicios públicos y también de inmigración ilegal.

Y cualquier decisión provocará opiniones enfrentadas.

Y está el dinero

Aquí llegará probablemente uno de los problemas más difíciles.

Los ciudadanos queremos:

mejores pensiones, mejor sanidad, mejor educación, más vivienda, más seguridad y menos impuestos.

Pero el Gobierno tiene que pagar todo eso.

Y el dinero público no es infinito.

Por eso, tarde o temprano, cualquier Gobierno tendrá que responder a una pregunta muy sencilla:

¿De dónde sale el dinero?

Y aquí puede aparecer el verdadero problema

Supongamos que cambia el Gobierno.

Una parte de la población pensará:

"Ahora sí, las cosas van a cambiar."

Pero pasan seis meses.

La vivienda sigue cara.

Los impuestos siguen ahí.

La sanidad sigue teniendo problemas.

La inmigración sigue siendo un asunto polémico.

Los salarios no han subido lo suficiente.

Y la economía sigue teniendo sus dificultades.

Entonces alguien puede pensar:

"¿Para qué hemos cambiado de Gobierno si todo sigue igual?"

Y esa pregunta es mucho más peligrosa de lo que parece.

Porque la frustración puede crecer.

Primero llegan las quejas.

Después las manifestaciones.

Después las huelgas.

Y, si el Gobierno intenta solucionar un problema perjudicando los intereses de otro grupo, también aparecerán protestas de ese grupo.

Por eso el próximo Gobierno tendrá una tarea enorme

Y esto es importante:

No dependerá solamente de quién gobierne.

El problema será que muchas de las soluciones necesarias necesitan tiempo.

Y los ciudadanos queremos resultados ahora.

Ese puede ser el gran choque de la próxima legislatura:

problemas que necesitan años para solucionarse y una sociedad que quiere soluciones inmediatas.

Por eso, quizá deberíamos empezar a prepararnos para algo que pocas veces se explica durante una campaña electoral:

el próximo Gobierno no va a recibir un país con los problemas solucionados.

Va a recibir un país con problemas.

Y tendrá que tomar decisiones.

Algunas gustarán.

Otras no.

Algunas funcionarán rápidamente.

Otras tardarán años.

Y otras pueden incluso empeorar temporalmente una situación antes de mejorarla.

Y entonces tendremos que decidir nosotros también qué queremos

Porque una democracia no consiste solamente en votar cada cuatro años.

También consiste en aceptar que las soluciones tienen un precio, que no todos podemos ganar al mismo tiempo y que muchas veces tendremos que elegir entre varias opciones imperfectas.

Y quizá la pregunta más importante que deberíamos hacernos antes del 29 de noviembre no sea:

"¿Quién me promete solucionar mis problemas?"

Sino:

"¿Qué problemas tenemos realmente, qué solución propone cada uno y cuánto nos va a costar?"

Porque cambiar al Gobierno puede ser relativamente sencillo.

Cambiar la realidad de un país es bastante más difícil.

Y eso, gane quien gane, es lo que empezará el 30 de noviembre.

sábado, 3 de octubre de 2026

Vivienda: ¿de verdad tenemos que elegir entre el propietario y quien necesita una casa?

Una vez más, uno de los grandes problemas de España parece obligarnos a situarnos en uno de los dos extremos habituales: o estás con quienes necesitan una vivienda, o estás con los propietarios que las ponen en alquiler.

Y quizá ese sea precisamente el primer error.El problema de la vivienda no debería plantearse como una guerra entre propietarios e inquilinos. Unos necesitan una vivienda que puedan pagar y otros necesitan tener garantías de que alquilar la suya no se va a convertir en un problema. Ambas cosas son perfectamente legítimas.

La dificultad aparece cuando la demanda de vivienda crece mucho más deprisa que la oferta disponible. Cuando hay muchas personas buscando vivienda y pocas viviendas disponibles, los precios suben. Y llega un momento en que una parte importante de la población sencillamente no puede acceder a ellas.

¿Qué debería hacer un Gobierno ante esta situación?

En mi opinión, debería intentar hacer que aumente la oferta de vivienda y conseguir que el propietario tenga motivos para poner su vivienda en alquiler, al mismo tiempo que protege al inquilino frente a situaciones abusivas.

Eso significa buscar un equilibrio: precios razonables, incentivos fiscales para quien alquila, más vivienda pública y, sobre todo, seguridad jurídica.

Pero aumentar la oferta de vivienda tampoco es tan sencillo como decir «hay que construir más». Los ayuntamientos tienen una capacidad limitada y, en muchos casos, se enfrentan a procedimientos largos y complejos para modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana, recalificar terrenos o desarrollar nuevo suelo urbanizable. Entre planeamiento, informes sectoriales, alegaciones y distintas autorizaciones administrativas, pueden pasar años antes de que un terreno que podría acoger viviendas llegue realmente a estar disponible para construir.

Y mientras tanto, la demanda continúa. Si queremos solucionar de verdad el problema de la vivienda, también habría que preguntarse si estamos facilitando suficientemente a los municipios la posibilidad de generar nuevo suelo residencial allí donde sea necesario y exista capacidad para hacerlo. Porque difícilmente podremos aumentar de forma significativa el número de viviendas si no aumentamos también, cuando sea razonable y sostenible, el suelo sobre el que puedan construirse.

Porque también hay una pregunta que pocas veces se plantea:
¿qué propietario va a poner su vivienda en alquiler si tiene miedo de no poder recuperarla cuando la necesite, o si percibe que las consecuencias de un impago pueden recaer durante mucho tiempo sobre él?

Y aquí aparece otro asunto especialmente delicado: la ocupación y las dificultades para recuperar una vivienda.

Proteger a una persona vulnerable que no puede pagar un alquiler puede ser necesario. Pero proteger a una persona vulnerable no debería significar convertir al propietario en responsable de solucionar por sí solo un problema social que corresponde afrontar a las Administraciones.

Si el Estado considera que una familia necesita permanecer temporalmente en una vivienda porque no dispone de otra alternativa, quizá debería ser el propio Estado quien garantizase esa solución, y no trasladar automáticamente el coste y el riesgo al propietario.

Porque al final podemos encontrarnos con una paradoja:

queremos que haya más viviendas en alquiler, pero hacemos que algunos propietarios tengan cada vez más motivos para no alquilarlas.

Y mientras tanto, seguimos enfrentando a quienes buscan una vivienda con quienes ya tienen una.

Quizá deberíamos dejar de preguntarnos «¿propietarios o inquilinos?» y empezar a preguntarnos:

¿Qué podemos hacer para que haya más viviendas, a precios razonables, y con garantías para las dos partes?

Porque una sociedad madura debería ser capaz de defender el derecho a una vivienda digna sin convertir en enemigo a quien posee una vivienda.

¿Vosotros cómo lo veis? ¿El problema está en los propietarios, en las leyes, en la falta de vivienda… o en una combinación de todo ello?

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