Cada vez que se abre el debate sobre la financiación autonómica aparece el mismo argumento, presentado como si fuera una verdad incontestable: Cataluña aporta más a las arcas del Estado, luego debería recibir más. Y dicho así, sin más contexto, suena incluso razonable. El problema es que la realidad nunca cabe en una frase corta.
Empecemos por reconocer lo evidente, que a algunos les incomoda admitir: sí, Cataluña aporta más. Nadie con un mínimo de rigor lo discute. También Madrid. Y en otros momentos históricos, el País Vasco. Negarlo no solo es falso, es inútil, porque debilita cualquier crítica posterior.
Pero aceptar el dato no implica aceptar la conclusión.
La pregunta clave no es quién aporta más hoy, sino por qué puede aportar más. Porque las comunidades no compiten en un tablero neutral ni han recorrido el mismo camino histórico. No todas partieron del mismo punto ni tuvieron las mismas oportunidades para desarrollarse.
Cataluña no es más rica por una virtud moral superior ni por una especial diligencia colectiva. Lo es, en gran medida, porque estuvo antes y mejor situada: más cerca de Europa, de los flujos comerciales, de los puertos, de la industria, del capital, de las infraestructuras y de las decisiones políticas. Porque recibió antes el ferrocarril, la industrialización, la inversión pública y privada, y una inmigración interior que alimentó su crecimiento económico.
Eso no es un reproche. Es un hecho histórico.
Del mismo modo, otras comunidades quedaron estructuralmente rezagadas. Más alejadas de los grandes ejes económicos europeos, con menos infraestructuras, menos inversión, menos industria y menos atención política durante décadas. Esa distancia —geográfica, económica y política— también genera desigualdad, aunque no aparezca reflejada en un balance fiscal anual.
Por eso, reducir la financiación autonómica a una contabilidad de ingresos y gastos es una trampa intelectual. Un Estado no es una suma de cuentas corrientes regionales, ni una comunidad de vecinos donde cada uno paga solo lo que consume. Un Estado es, o debería ser, un proyecto de cohesión, especialmente en un país con desigualdades territoriales tan marcadas como España.
La solidaridad no consiste en castigar al que más tiene, sino en evitar que la ventaja histórica se convierta en privilegio permanente. Porque cuando quien ya está mejor situado exige además un trato singular, lo que hace no es equilibrar el sistema, sino cargarlo todavía más de peso en el mismo lado.
No se trata de empobrecer a nadie ni de negar el esfuerzo fiscal de unas comunidades frente a otras. Se trata de entender que quien está en mejor posición tiene también una mayor responsabilidad con el conjunto, no un derecho automático a recibir más solo porque aporta más.
Cuando la financiación deja de ser un instrumento para coser el país y se convierte en una competición de agravios, el problema ya no es el reparto. El problema es el modelo de Estado que estamos construyendo. Uno donde cada cual defiende su saca y mira con desdén las monedas del vecino.
Y eso, más pronto que tarde, acaba pasando factura. Porque cuando el suelo común se agrieta, no se hunde solo una parte. Se resiente todo el edificio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario