En los últimos días hemos asistido a una escena que, por desgracia, ya empieza a resultarnos demasiado familiar: un debate complejo, con aristas sociales y morales evidentes, reducido a un intercambio de reproches y descalificaciones. El rechazo parlamentario al llamado decreto ómnibus del Gobierno —en el que se incluían tanto la revalorización de las pensiones como la prórroga de la suspensión de los desahucios— ha servido de detonante para una nueva oleada de insultos y simplificaciones, especialmente dirigidas a quienes, desde posiciones de centro‑derecha o derecha, han justificado su voto negativo.
Conviene, sin embargo, hacer un esfuerzo consciente por rebajar el tono y separar los planos. No todo es blanco o negro, ni toda discrepancia es fruto de la insensibilidad o la mala fe. Defender la revalorización de las pensiones y, al mismo tiempo, oponerse a la ocupación ilegal de viviendas no es una contradicción moral, sino una posición política legítima, compartida por muchos ciudadanos que creen en la protección social sin renunciar al respeto al Estado de derecho.
Aquí es donde entra en juego una cuestión clave que apenas se está discutiendo con serenidad: la decisión del Gobierno de mezclar en un mismo paquete medidas que, aunque ambas tengan impacto social, responden a lógicas muy distintas. La revalorización de las pensiones es un asunto de consenso amplio, casi transversal. De hecho, si se hubiera tramitado por separado, difícilmente alguien habría votado en contra. La prórroga de la suspensión de los desahucios, en cambio, es un tema controvertido, con implicaciones jurídicas y económicas profundas, y sobre el que existen posturas muy enfrentadas.
Al unir ambas cuestiones en un único decreto, el Ejecutivo no solo condiciona el debate parlamentario, sino que fuerza un dilema tramposo: o aceptas todo el paquete, o quedas señalado como enemigo de los pensionistas. Esta forma de legislar no busca tanto el acuerdo como la confrontación. Y si el decreto no sale adelante, el resultado no es una reflexión autocrítica, sino la activación inmediata del relato del “ellos contra nosotros”, tan útil para agitar a las bases y tan dañino para la convivencia.
No se trata de negar los problemas reales de acceso a la vivienda ni la existencia de situaciones dramáticas que merecen atención y soluciones. Se trata de preguntarnos si el camino elegido es el adecuado. ¿De verdad es justo cargar sobre pequeños propietarios, muchos de ellos también vulnerables, el peso de políticas públicas mal diseñadas? ¿Es razonable perpetuar medidas excepcionales sin abordar el fondo del problema, como la falta de vivienda social o la lentitud de la justicia?
La política, cuando se ejerce con responsabilidad, debería aspirar a sumar y no a dividir. Separar las medidas, permitir debates honestos y buscar mayorías claras habría sido una muestra de madurez democrática. Optar por el decreto ómnibus, en cambio, parece responder más a una estrategia de tensión permanente: o se mantiene una determinada política, o se incendian las redes sociales y se profundiza la fractura social.
Desde Plaza Mayor Villarreal queremos invitar a la calma y a la reflexión. Discrepar no convierte a nadie en un monstruo, ni votar “no” a una triquiñuela parlamentaria implica desprecio por los más débiles. Quizá ha llegado el momento de exigir menos ruido, menos insulto y más política en el sentido noble del término: la búsqueda sincera de soluciones que no enfrenten a los españoles entre sí.
Porque, al final, cuando la confrontación se convierte en método, los únicos que pierden son los ciudadanos, y en este caso todos somes conscientes de que el Ejecutivo tiene herramientas y formas de aprobar la revalorización deseada, sin llevarnos a dicha confrontación.
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