Pensiones, desahucios y la política del enfrentamiento

En los últimos días hemos asistido a una escena que, por desgracia, ya empieza a resultarnos demasiado familiar: un debate complejo, con aristas sociales y morales evidentes, reducido a un intercambio de reproches y descalificaciones. El rechazo parlamentario al llamado decreto ómnibus del Gobierno —en el que se incluían tanto la revalorización de las pensiones como la prórroga de la suspensión de los desahucios— ha servido de detonante para una nueva oleada de insultos y simplificaciones, especialmente dirigidas a quienes, desde posiciones de centro‑derecha o derecha, han justificado su voto negativo.

Conviene, sin embargo, hacer un esfuerzo consciente por rebajar el tono y separar los planos. No todo es blanco o negro, ni toda discrepancia es fruto de la insensibilidad o la mala fe. Defender la revalorización de las pensiones y, al mismo tiempo, oponerse a la ocupación ilegal de viviendas no es una contradicción moral, sino una posición política legítima, compartida por muchos ciudadanos que creen en la protección social sin renunciar al respeto al Estado de derecho.

Aquí es donde entra en juego una cuestión clave que apenas se está discutiendo con serenidad: la decisión del Gobierno de mezclar en un mismo paquete medidas que, aunque ambas tengan impacto social, responden a lógicas muy distintas. La revalorización de las pensiones es un asunto de consenso amplio, casi transversal. De hecho, si se hubiera tramitado por separado, difícilmente alguien habría votado en contra. La prórroga de la suspensión de los desahucios, en cambio, es un tema controvertido, con implicaciones jurídicas y económicas profundas, y sobre el que existen posturas muy enfrentadas.

Al unir ambas cuestiones en un único decreto, el Ejecutivo no solo condiciona el debate parlamentario, sino que fuerza un dilema tramposo: o aceptas todo el paquete, o quedas señalado como enemigo de los pensionistas. Esta forma de legislar no busca tanto el acuerdo como la confrontación. Y si el decreto no sale adelante, el resultado no es una reflexión autocrítica, sino la activación inmediata del relato del “ellos contra nosotros”, tan útil para agitar a las bases y tan dañino para la convivencia.

No se trata de negar los problemas reales de acceso a la vivienda ni la existencia de situaciones dramáticas que merecen atención y soluciones. Se trata de preguntarnos si el camino elegido es el adecuado. ¿De verdad es justo cargar sobre pequeños propietarios, muchos de ellos también vulnerables, el peso de políticas públicas mal diseñadas? ¿Es razonable perpetuar medidas excepcionales sin abordar el fondo del problema, como la falta de vivienda social o la lentitud de la justicia?

La política, cuando se ejerce con responsabilidad, debería aspirar a sumar y no a dividir. Separar las medidas, permitir debates honestos y buscar mayorías claras habría sido una muestra de madurez democrática. Optar por el decreto ómnibus, en cambio, parece responder más a una estrategia de tensión permanente: o se mantiene una determinada política, o se incendian las redes sociales y se profundiza la fractura social.

Desde Plaza Mayor Villarreal queremos invitar a la calma y a la reflexión. Discrepar no convierte a nadie en un monstruo, ni votar “no” a una triquiñuela parlamentaria implica desprecio por los más débiles. Quizá ha llegado el momento de exigir menos ruido, menos insulto y más política en el sentido noble del término: la búsqueda sincera de soluciones que no enfrenten a los españoles entre sí.

Porque, al final, cuando la confrontación se convierte en método, los únicos que pierden son los ciudadanos, y en este caso todos somes conscientes de que el Ejecutivo tiene herramientas y formas de aprobar la revalorización deseada, sin llevarnos a dicha confrontación.

Del Sáhara a Groenlandia: cuando la anexión depende del tamaño del amigo

Durante décadas nos explicaron que el Sáhara Occidental era un “problema complejo”. Tan complejo que Marruecos entró, se quedó y aquí no pasó nada. Complejo porque había resoluciones de la ONU que nadie pensaba cumplir, un referéndum que nunca llegaría y una Europa muy preocupada… por no incomodar a nadie. Con el tiempo, lo ilegal se volvió costumbre y la costumbre, normalidad. Hasta que Estados Unidos puso el sello final y dejó claro que el asunto estaba zanjado. Cuando habla el que manda, el derecho internacional se convierte en papel reciclable.

Ahora miramos a Groenlandia y fingimos sorpresa. Resulta que a EEUU le interesa una isla enorme, estratégica, llena de minerales y bien colocada frente a Rusia y China. Qué casualidad. Trump lo dijo sin rodeos y muchos se rieron, como si en Washington las cosas se dijeran por decir. Error de principiante. Allí no se bromea con mapas. Se habla claro para que el resto vaya asumiendo lo inevitable.

Aquí no hará falta una Marcha Verde ni fotos multitudinarias. EEUU juega en otra liga. Bases militares, acuerdos de “seguridad”, inversiones que crean dependencia y una presión constante, educada, sonriente. Nada ilegal, todo impecable. El resultado es el mismo que en el Sáhara, solo que sin polvo del desierto y con más hielo. Control sin ocupación, anexión sin palabra prohibida.

¿Y Europa? Europa hace lo que mejor sabe hacer: declaraciones solemnes, algún despliegue militar para tranquilizar conciencias y muchas fotos de familia. Todo muy digno. Todo muy simbólico. Porque nadie se engaña: Europa no entraría en un conflicto bélico con Estados Unidos ni aunque Groenlandia desapareciera del mapa. No puede, no quiere y no sabe cómo. El famoso músculo europeo sirve para ejercicios conjuntos, no para enfrentarse al que paga la factura de la seguridad desde hace décadas.

En el Sáhara, Europa no fue capaz de defender el derecho internacional frente a Marruecos. En Groenlandia, ni siquiera se plantea hacerlo frente a EEUU. La diferencia no es jurídica ni moral, es puramente aritmética. Uno puede desobedecer las normas; el otro las redefine. Y Europa, como siempre, se adapta al nuevo texto.

Luego nos hablan de “autonomía estratégica”, de “valores europeos” y de “orden internacional basado en reglas”. Todo muy bonito, siempre que las reglas las escriban otros y los conflictos los asuman otros. Porque cuando llega la hora de elegir entre principios y conveniencia, Europa ya ha elegido demasiadas veces.

Y así seguimos: indignados de boquilla, armados de cartón piedra y convencidos de que la soberanía es sagrada… mientras no haya que defenderla frente al que realmente manda.

Progresistas de palabra

Eran tres amigos y compañeros de trabajo. Mismo horario, mismo sueldo, misma cafetería a media mañana y las mismas quejas sobre lo mal que estaba todo. Si uno los miraba desde fuera, habría jurado que llevaban vidas prácticamente idénticas. Pero bastaba con escucharles cinco minutos para saber que no pensaban igual.

Julián no ocultaba su inclinación a la derecha. No hacía proselitismo, pero tampoco pedía perdón por pensar como pensaba. Carlos se definía como progresista “sin complejos” y Marcos iba más allá: comunista declarado, de los que creen que el problema del mundo es que aún no se ha aplicado bien la teoría.

Salían del edificio gris a la misma hora de todos los jueves, cuando el día ya había decidido no dar más de sí. Tres hombres, tres credenciales colgadas aún del cuello y un cansancio parecido, aunque cada uno lo explicara de forma distinta. 

Julián caminaba con paso firme. No alzaba la voz, pero tenía la costumbre de terminar las frases como quien pone un punto final definitivo. Carlos iba a su izquierda, siempre dispuesto a teorizar, a matizar, a elevar cualquier conversación al plano de las ideas. Y Marcos cerraba el grupo, con una sonrisa irónica permanente y una pegatina mental que decía “comunista” incluso cuando hablaba del tiempo.

Al doblar la esquina de la avenida, los vieron.

Una pareja joven, sentada en el suelo, con dos niños envueltos en mantas que habían conocido tiempos mejores. Un cartón hacía de pared improvisada y un vaso de plástico, colocado con precisión humilde, pedía sin palabras lo que las miradas gritaban.

—Esto es vergonzoso —dijo Carlos—. Que en un país moderno haya familias así…

—Es el capitalismo —añadió Marcos—. La desigualdad inherente al sistema. Esto no debería existir.

Siguieron caminando. Nadie se detuvo. Nadie sacó una moneda. Nadie miró atrás.

—Curioso —comentó Julián tras unos pasos—. Mucha indignación, pero cero ayuda.

Marcos resopló.

—No empieces. Esto no se arregla con limosnas. Para eso está el Estado.

—Claro —añadió Carlos—. La solidaridad no es individual, es colectiva. Pagamos impuestos para que nadie tenga que vivir así.

Julián se paró. Los otros dos, incómodos, hicieron lo mismo.

—Entonces dejad que lo entienda bien —dijo—. Cuando habláis de ayudar al prójimo, habláis del Estado. Nunca de vosotros.

—Es una cuestión de justicia social —replicó Marcos—, no de caridad.

—De acuerdo —asintió Julián—. Sigamos con la lógica. Si la ayuda la gestiona el Estado, ¿sabéis quién de los tres está ayudando más a ese Estado?

Silencio.

—Yo —continuó—. Porque a mí la declaración de la renta me sale a pagar. A vosotros os sale a devolver. Cobramos lo mismo, trabajamos lo mismo, pero el sistema considera que yo aún debo y que a vosotros os ha cobrado de más.

Carlos intentó decir algo, pero Julián no le dio tiempo.

—Así que, según vuestra propia teoría, el solidario práctico soy yo. No porque sea más generoso, sino porque pongo más dinero real sobre la mesa. Y aun así, al pasar junto a esa familia, ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada.

—Eso es una simplificación —protestó Marcos—. El problema es estructural.

—Y la familia es real —respondió Julián—. Está ahí, ahora, pasando frío. Pero parece que vuestra solidaridad empieza siempre en los presupuestos generales y termina antes de llegar al bolsillo propio.

Bajaron al metro en silencio. Cada uno con su relato interior intacto, pero no todos con la conciencia igual de cómoda.

Porque hay una diferencia fundamental entre predicar la solidaridad y practicarla. Entre exigir justicia social y ejercer la responsabilidad personal. Entre hablar del prójimo y ayudar al que tienes delante.

Y quizá el mayor autoengaño de nuestro tiempo sea ese: creer que delegar la moral en el Estado nos exime de ejercerla como individuos. Ser progresista de discurso es fácil. Ser coherente, bastante menos.

No todo el que aporta más tiene derecho a pesar más

Cada vez que se abre el debate sobre la financiación autonómica aparece el mismo argumento, presentado como si fuera una verdad incontestable: Cataluña aporta más a las arcas del Estado, luego debería recibir más. Y dicho así, sin más contexto, suena incluso razonable. El problema es que la realidad nunca cabe en una frase corta.

Empecemos por reconocer lo evidente, que a algunos les incomoda admitir: sí, Cataluña aporta más. Nadie con un mínimo de rigor lo discute. También Madrid. Y en otros momentos históricos, el País Vasco. Negarlo no solo es falso, es inútil, porque debilita cualquier crítica posterior.

Pero aceptar el dato no implica aceptar la conclusión.

La pregunta clave no es quién aporta más hoy, sino por qué puede aportar más. Porque las comunidades no compiten en un tablero neutral ni han recorrido el mismo camino histórico. No todas partieron del mismo punto ni tuvieron las mismas oportunidades para desarrollarse.

Cataluña no es más rica por una virtud moral superior ni por una especial diligencia colectiva. Lo es, en gran medida, porque estuvo antes y mejor situada: más cerca de Europa, de los flujos comerciales, de los puertos, de la industria, del capital, de las infraestructuras y de las decisiones políticas. Porque recibió antes el ferrocarril, la industrialización, la inversión pública y privada, y una inmigración interior que alimentó su crecimiento económico.

Eso no es un reproche. Es un hecho histórico.

Del mismo modo, otras comunidades quedaron estructuralmente rezagadas. Más alejadas de los grandes ejes económicos europeos, con menos infraestructuras, menos inversión, menos industria y menos atención política durante décadas. Esa distancia —geográfica, económica y política— también genera desigualdad, aunque no aparezca reflejada en un balance fiscal anual.

Por eso, reducir la financiación autonómica a una contabilidad de ingresos y gastos es una trampa intelectual. Un Estado no es una suma de cuentas corrientes regionales, ni una comunidad de vecinos donde cada uno paga solo lo que consume. Un Estado es, o debería ser, un proyecto de cohesión, especialmente en un país con desigualdades territoriales tan marcadas como España.

La solidaridad no consiste en castigar al que más tiene, sino en evitar que la ventaja histórica se convierta en privilegio permanente. Porque cuando quien ya está mejor situado exige además un trato singular, lo que hace no es equilibrar el sistema, sino cargarlo todavía más de peso en el mismo lado.

Y los sistemas, como los suelos, no se rompen por donde están débiles, sino por donde el peso se concentra en exceso.

No se trata de empobrecer a nadie ni de negar el esfuerzo fiscal de unas comunidades frente a otras. Se trata de entender que quien está en mejor posición tiene también una mayor responsabilidad con el conjunto, no un derecho automático a recibir más solo porque aporta más.

Cuando la financiación deja de ser un instrumento para coser el país y se convierte en una competición de agravios, el problema ya no es el reparto. El problema es el modelo de Estado que estamos construyendo. Uno donde cada cual defiende su saca y mira con desdén las monedas del vecino.

Y eso, más pronto que tarde, acaba pasando factura. Porque cuando el suelo común se agrieta, no se hunde solo una parte. Se resiente todo el edificio.

La concordia no gana elecciones

Hay una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta: la concordia no gana elecciones. Gana el conflicto, gana el miedo, gana el “que vienen los otros”. Y mientras ese sea el combustible del sistema, da igual quién gobierne: la sociedad seguirá partida en dos mitades que se turnan para deshacer lo que hizo la anterior.

Se nos vende la polarización como un accidente, como una patología reciente causada por las redes sociales o por líderes especialmente broncos. Es falso. La polarización no es un fallo del sistema democrático, es uno de sus efectos cuando los incentivos están mal diseñados.

Porque siempre habrá una mayoría —propia o prestada— que gobierne. Y siempre habrá una minoría que se sienta excluida. El problema no es ese. El problema es que todo depende de quién manda en cada momento: la educación de tus hijos, la pensión de tus padres, la fiscalidad de tu negocio o el relato de la historia reciente.

El error de origen

Hemos confundido alternancia con demolición. Cada cambio de gobierno no corrige, arrastra la piqueta. No se gobierna sobre lo existente, se gobierna contra lo anterior. Y así, cada ley nace con fecha de caducidad electoral.

Luego nos sorprendemos de vivir en una sociedad crispada.

La concordia no es unanimidad

Conviene aclararlo: no existe un gobierno que contente a todos. Quien lo prometa miente o aspira a algo peor. La concordia no consiste en pensar igual, sino en sacar lo esencial del combate partidista.

Las democracias que funcionan mejor no son más virtuosas ni más educadas. Son más aburridas. Han decidido que ciertas cosas no se tocan cada cuatro años:

• Pensiones

• Educación básica

• Sanidad

• Política exterior

• Infraestructuras estratégicas

No porque haya consenso moral, sino porque hay reglas que lo imponen.

Menos épica, más reglas

La experiencia comparada es tozuda:

• Pactos de Estado blindados por mayorías reforzadas

• Gobiernos minoritarios obligados a negociar ley a ley

• Organismos técnicos realmente independientes

• Parlamentos donde el diputado responde más a su distrito que a su partido

Nada de esto elimina el conflicto, pero lo encauza. Reduce el ruido y eleva el coste del sectarismo.

El verdadero problema: los incentivos

Mientras insultar dé votos, se insultará. Mientras exagerar dé titulares, se exagerará. Mientras dividir movilice más que gestionar, se dividirá.

No es un problema de personas, es de incentivos perversos. Pedimos concordia a políticos que sobreviven electoralmente gracias a la confrontación. Es como pedirle a un pirómano que actúe de bombero.

Una oposición con poder real

Otro mito: que una oposición responsable nace de la buena voluntad. No. Nace de tener poder institucional.

Cuando la oposición controla órganos de fiscalización, accede a la información y preside contrapesos reales, no necesita incendiar la calle ni el Parlamento. Cuando no los tiene, la bronca es su único recurso.

La conclusión que no gusta

La concordia exige renuncias:

• Menos control del relato

• Menos propaganda

• Menos “los míos contra los otros”

• Menos política convertida en espectáculo

Y eso tiene un precio electoral.

Por eso la concordia se invoca mucho y se practica poco.

No porque sea imposible, sino porque no es rentable.

Hasta que no aceptemos que gobernar bien es más importante que ganar el siguiente titular, seguiremos atrapados en esta rueda: mayorías que imponen, minorías que bloquean y ciudadanos cada vez más cansados.

La pregunta no es si queremos concordia.

La pregunta es si estamos dispuestos a votar en consecuencia.

Porque tal vez el problema no sea que los políticos no sepan pactar.

Tal vez el problema sea que una parte nada despreciable de la sociedad prefiere el enfrentamiento: confirma sus prejuicios, da identidad, proporciona culpables y evita la incómoda tarea de pensar.

La concordia exige ciudadanos adultos.

Y eso —como las pensiones, la educación o la responsabilidad fiscal— tampoco se consigue a golpe de eslogan.

Quizá por eso seguimos eligiendo ruido.

Y luego nos quejamos del eco.